Federico Malvasio (Especial para ANALISIS)

Diez de abril de 2002. Aquel día comenzó una operación desopilante que pone en tela de juicio el accionar de una de las firmas más importantes de producción de herbicidas: Monsanto. Un secuestro de persona, seguido de robo, se terminó convirtiendo en una estafa millonaria en la que quedaron involucradas firmas locales que operan en la zona de la Región Centro. La historia llegó a puntos inesperados para los empresarios de herbicidas cuando productores agropecuarios, víctimas de operaciones corruptas, decidieron avanzar en una embestida judicial. La Justicia entrerriana, por un lado, desbarató un entramado mafioso que bien puede haberse propalado por otras pampas; por el otro, dejó prescribir la causa. No obstante, la novela aún se sigue escribiendo en los Tribunales.

Enrique Raúl Fernández es el primer personaje que aparece en la historia. El muchacho, de por entonces 26 años, fue secuestrado unos minutos pasados de las 23 de ese 10 de abril. Estaba en un galpón de la firma SET Logística y Transporte SRL, ubicada en calle Juan B. Justo y División Los Andes, en Paraná. El joven era sereno del lugar en donde se depositaban – en ese momento - productos agroquímicos marca Round Up full. En aquella oportunidad se almacenaban 360 pallets con 48 bidones de 20 litros de producto cada uno. Toda esa mercadería tiene hoy un valor superior a los 10 millones de pesos.

“Quedate quieto, esto es un asalto. La cosa no es con vos”. Así fue interceptado Fernández - según declaró ante la Policía - cuando tres personas querían entrar al galpón en el que también vivía. Un hombre encapuchado le puso un arma en la cabeza, le ató las manos, le sacó el teléfono y lo metió en un baúl de un auto. Luego lo paseó varias horas hasta que en un momento determinado se detuvo. A Fernández lo bajaron y los secuestradores le pidieron que cuente hasta cien, que no mire para ningún lado porque si lo hacía lo harían “boleta”. “La cosa no es con vos” le volvieron a aclarar. Paso seguido –según contó- le sacaron la capucha y lo ubicaron mirando el monte.

Fernández quedó en San Gustavo, cerca de la ciudad de La Paz, donde finalmente radicó la denuncia, en las primeras horas del día 11. No pudo reconocer a los raptores, ni al auto. No le sacaron dinero, ni documentación. Ante la Policía paceña contó a qué se dedicaba y sólo se encargó de aclarar que el galpón que cuidaba había quedado abierto luego del secuestro. Horas después, la fuerza lo mandó a esta capital en un colectivo. Al llegar, cerca de las 16, se encontró con que le faltaban 261 pallets de productos. No dudó en denunciar el faltante.

En esa declaración, ya en Paraná, el joven agregó un dato no menor: días antes al secuestro, un hombre, al que desconoció, lo había increpado en la puerta del depósito pidiéndole que le diga qué había en el mismo. Al negarle la información fue amenazado él y su familia. No hizo la denuncia en ese momento. Suena raro que no haya recordado ese suceso en La Paz, ya que era reciente y estaba vinculado a su trabajo. Días después el propio Fernández se iba a encargar de alimentar sospechas.

Otro personaje

Raúl Moya es el segundo personaje. Domiciliado en Córdoba era el gerente de la firma SET Logística y Transporte SRL. El sereno es al primero que llamó para contarle lo ocurrido. Lo hizo ese mismo día que llegó de La Paz. La mercadería robada, proveniente de Monsanto SA de Zárate-Campana (Buenos Aires), pertenecería a las firmas Ciagro Santa Fe SRL, Nuevo Agro SA de Paraná; a Walter y Federico Albrecht; José Ré y Néstor Clocker; y José María Raude, entre otros, según consta en el expediente.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)