S. M.
Con una ordenanza ya aprobada que prevé la erradicación de locales nocturnos donde se ejerce la explotación sexual, días pasados se encendió la polémica a partir de que un jefe policial denunció que los lugares donde se realizaban operativos contra la trata de personas seguían habilitados por el municipio. En declaraciones a El Diario, tras el allanamiento de ocho prostíbulos a fines de junio, el segundo jefe de la División de Trata de Personas, comisario Pablo Monzón, sostuvo que la Municipalidad debía resolver cómo actuaba ante los casos intervenidos, ya que la clausura no dependía de la Policía. “Informamos que siguen abiertos, siguen funcionando como prostíbulos, siguen abiertos al público como si fueran un local común y corriente. En virtud de la ordenanza municipal les damos pleno conocimiento de que siguen abiertos”, disparó el uniformado, a lo que agregó: “Pusimos en conocimiento mediante nota al Defensor del Pueblo de Paraná para que tome cartas en el asunto también”.
El operativo fue ordenando por el juez de Instrucción Nº 5, Ricardo Bonazzola, en el marco de la ordenanza Nº 8.955, que en el ejido municipal prohíbe la habilitación de cabarets, whiskerías y toda casa o local en que se ejerza la explotación sexual. La Policía, detalló Monzón, secuestró registros sobre mujeres que ejercían la prostitución, “libros de pases”, así como otros elementos de uso de las alternadoras. El jefe policial se detuvo en estos detalles, ya que los negocios son habilitados bajo una denominación comercial, aunque alberguen otras actividades. “No se trata de un bar común y corriente, que es un prostíbulo, hay habitaciones. No son bares como ellos dicen, y cuya habilitación caducó”, sostuvo y agregó que al intendente José Carlos Halle se le realizó “un informe completo de que siguen funcionando, que se secuestraron elementos, que se identificaron alternadoras, que se identificaron clientes. Al defensor del Pueblo también se informó. Todo está informado, les pedimos que tomen intervención en el tema”, afirmó Monzón.
En tanto, como voz oficial, el secretario Legal y Técnico de la Municipalidad, Alejandro Cánepa, atinó a comentar que no participaron de los allanamientos como lo habían hecho en otros similares y que esperaban el informe del juez para evaluar la situación.
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