Antonio Tardelli
Si en tanto proceso político contradictorio el kirchnerismo manifiesta continuidades y rupturas respecto de lo que lo precedió, su manera de concebir el vínculo entre el poder central y las provincias acaso sea lo que más lo emparenta con el régimen político que caracterizó a los años 90.
Los términos en que por estos días el Poder Ejecutivo fundamenta su postura frente al reclamo de Córdoba, que exige ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por los fondos que el poder central le retacea, son impropios de un espacio que pretende haber dejado atrás el perfil neoconservador del menemismo.
Es más: su razonamiento luce más perverso que el que por entonces se inspiraba en los mandamientos de la Fundación Mediterránea. Antes nadie presumía de lo que no era. Las provincias debían subordinarse y ceñirse a los criterios de ajuste estructural que emanaban de la Casa Rosada. La tesitura se manifestaba abiertamente en los discursos públicos y también en los tecnicismos de documentos oficiales como el Informe Domenicone, que por entonces sugería recortes y despidos a mansalva.
Políticas hijas de matrices parecidas se aplican hoy, en cambio, con cierta dosis de cinismo. Se induce al ajuste desde una lógica que asegura defender a grupos subalternos supuestamente perjudicados por privilegios ajenos. Pero el kirchnerismo, por lo menos en el problema previsional de las provincias, llama privilegio a lo que es derecho. Puesto a administrar se topa con la realidad y desefunda argumentos que, cual monos vestidos de seda, alientan la retrógada intención de igualar hacia abajo.
El jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, descontextualizando, perdiendo de vista la secuencia, se termina comprometiendo con los objetivos del diseño menemista de reestructuración estatal. En la disputa que la administración nacional mantiene con Córdoba –que con intención o sin ella acaba representando los intereses de todas las jurisdicciones que no transfirieron su caja de jubilaciones, incluida Entre Ríos–, el funcionario cristaliza las metas que en su momento se propuso el ajuste neoliberal. Dicho de otro modo: 20 años después, el funcionario kirchnerista legitima la extorsión de Menem.
Recurre Abal Medina a una figura que era apropiada, sí, para caracterizar las políticas de los 90: habla del Estado Hood Robin, o sea, Robin Hood al revés. Se trata del Estado que les quita a los pobres para beneficiar a los ricos. El funcionario polítólogo afirma que ésa es la intención de De la Sota. El gobernador de Córdoba, alega, pretende manotear recursos nacionales para financiar un sistema jubilatorio cuyos beneficios son sensiblemente superiores que los nacionales. Carece de solidaridad, sugiere Abal Medina, sabedor del sofisma que encierra su enunciado.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS del 13 de septiembre de 2012)
