Una crisis sin precedentes golpea a la República Oriental del Uruguay. El 60 por ciento de la población padece por falta de agua potable ante la merma en su principal reserva, la Represa de Paso Severino. Las últimas lluvias han traído un alivio efímero, ya que el problema de fondo persiste. La reducción del vital elemento para consumo humano no sólo se explica por la persistencia de un período seco. Se trata de una problemática multicausal, aseguran a ANÁLISIS, en donde también tallan la explotación forestal intensiva para la producción de pasta de celulosa, la falta de políticas públicas y la amenaza latente por privatizar el servicio que tiene al Proyecto Neptuno como mascarón de proa, sostienen desde la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, una organización que lucha contra la privatización del recurso.
Por Silvio Méndez
Hace poco más de tres meses que una amplia región de Montevideo y alrededores no cuenta con el normal suministro de agua potable. Se trata de un recurso estratégico, declarado “esencial para la vida”, cuyo acceso para el consumo y saneamiento “constituyen derechos humanos fundamentales”, dice el artículo 47º de la constitución uruguaya de 2004. Pero el calentamiento global nada sabe de leyes, ni tampoco de cómo se ensayan forma de enfrentar una problemática que signa el presente y el futuro inmediato de la humanidad. La alteración de la temperatura del planeta y la ruptura de los equilibrios eco sistémicos ya dieron cuenta de los daños que pueden ocasionar en su impacto. Los incendios en el Delta del Paraná y las cuantiosas pérdidas en la producción agropecuaria en la Argentina dan cuenta de ello. Ahora, la falta de agua apta en el vecino país es noticia a nivel mundial y enciende alarmas impensadas. Aunque el cambio climático no explica todo este aprieto. La gestión hídrica adolece de falta de ciertas intervenciones del Estado y el rumbo dado a la promoción de bosques cultivados para la industria del papel y granos transgénicos pesan entre los antecedentes de la cuestión. “Esta no es ‘una’ sequía; hemos conocido sequías mucho más importantes. Esta catástrofe es multicausal y se debe al sistema de producción destinado a exportar materias primas”, sostiene en diálogo con ANÁLISIS la activista Silvia Martínez del Río.
Entre los primeros indicios de este actual escenario, la asambleísta ciudadana narró que la emergencia se hizo evidente a “mediados del mes de abril”, cuando “las y los montevideanos comenzamos asentir un saber extraño al agua potable. Fue en esos días que el Gobierno, a través de Obras Sanitarias del Estado (OSE) y la Presidencia comenzaron a avisar a la población, a través de declaraciones a los grandes medios de comunicación, que había ‘probabilidades’ de que se redujera la presión de agua para la población o se necesitara hacer cortes del suministro durante algunas horas. Se anunciaba que la ‘falta de lluvias’, la ‘larga sequía’ podrían poner en riesgo la disponibilidad de agua dulce de la Represa de Paso Severino”.
Para dar una dimensión del problema se explicó que la baja del caudal impactaba en la reserva que se abastece a la capital, Montevideo, y su amplia región metropolitana que incluye a varias localidades del vecino departamento de Canelones. “El gobierno, presidencia y el directorio de OSE apostaban, públicamente, a que lloviera y no se llegara a un punto crítico”, señaló. Pero las reservas de Paso Severino continuaron a la baja. Es así que desde el Gobierno oriental se lanzó una “campaña mediática insistiendo en que la solución a un ‘eventual’ problema de desabastecimiento era la rápida puesta en marcha de construcción del Proyecto Neptuno”, observó Martínez del Río.
–Pero ¿qué es el proyecto Neptuno y por qué tanta desconfianza acapara?
–El Neptuno es un proyecto de toma de aguas del Río de la Plata, en costas del departamento San José, en el balneario Arazatí. Es un proyecto presentado por consorcios privados, con un costo de 200 millones de dólares que por los intereses se transforman en 800 millones de dólares a pagar en 20 años. El proyecto es denunciado por colectivos sociales, la Federación de Funcionarios de OSE y varios académicos y constitucionalistas, por ser considerado privatizador. En Uruguay constitucionalmente la administración, producción y gestión del agua y el saneamiento debe estar 100% en manos del Estado y sus organismos según lo estableció la reforma constitucional del 2004, reforma aprobada con el 65,7 por ciento de votos. Esta reforma consagra, además, el derecho al agua potable como un “derecho humano fundamental”, prohibiendo su mercantilización.
(Más información en la edición 1142 de la revista ANALISIS del jueves 20 de julio de 2023)
