El miércoles 18 de agosto de 2010 un grupo de trabajadores denominados «autoconvocados» del Hospital San Martín, de Paraná, llevaron al extremo sus medidas de protesta en reclamo de mejoras; bloquearon la puerta principal de acceso por calle Presidente Perón al 400. Nadie pudo entrar, nadie pudo salir.

La medida de fuerza, que fue el corolario de una serie de reclamos que venían de arrastre, motivó la queja de los jefes de servicio, el reclamo de las autoridades, la presentación de una denuncia penal y una medida disciplinaria desacostumbrada: se disolvió el grupo y se los asignó a distintos centros asistenciales de la ciudad.

La medida, “amén de su manifiesta ilegitimidad, resintió gravemente el servicio hospitalario, afectando el derecho a la salud de los pacientes hospitalarios que concurren al nosocomio”. Y que ocasionó “y ocasiona gravísimos trastornos en el normal funcionamiento de algunos servicios críticos del hospital, los que se han visto seriamente resentidos con motivo de las asambleas permanentes que viene realizando este sector de agentes y que paraliza -con su negativa a prestar servicios- el normal funcionamiento del hospital”.

Incluso, algunos jefes de servicio del Hospital San Martín hicieron conocer su malestar, como Lino Sapetti, jefe del Servicio de Traumatología, o Juan Ferrarotti, jefe del Servicio de Cirugía. Más todavía, Ferrarotti y Marcelo Cittadino indicaron que el día del cierre de la puerta del Hospital San Marín, 18 de agosto de 2010, “estaban programadas 14 cirugías a realizar a pacientes hospitalarios, muchas de las cuales no pudieron realizarse a pesar de configurar patologías gravísimas, en virtud de las medidas de fuerza adoptada por este grupo de agentes autoconvocados”.

A través del decreto Nº 2.845, del 28 de agosto de 2010, el entonces ministro de Salud, Ángel Giano, en base a un informe de quien en ese año ejercía como director del Hospital San Martín, Benito Bernabé, decidió iniciar un sumario administrativo a seis de los trabajadores autoconvocados que, además, fueron redistribuidos en otros centros asistenciales de la ciudad y desafectados de su lugar habitual de cumplimiento de tareas. Esa medida, al final, quedó sin efecto.

Trece años después, ese decreto y ese sumario quedaron en nada. Ninguno de los trabajadores que llevaron adelante el reclamo en el Hospital San Martín resultaron sancionados.

«Déjase sin efecto el decreto N° 2.845 MS. de fecha 26 de Agosto del 2010, en virtud de lo expuesto en los considerandos precedentes», dice ahora el texto del decreto Nº 447 del Ministerio de Salud.

¿Qué pasó?

El sumario se había dispuesto “por incumplimiento de las obligaciones emergentes del estatuto del Empleo Público”. Pero ocurrió un imponderable: el expediente con todas las actuaciones que relataban lo ocurrido se extravió, “surgiendo en fecha 27/08/10 como último movimiento, que fue girado al citado hospital, asimismo han resultado improductivos los medios arbitrados para su localización”.

Es decir que el decreto que ordenó el sumario se emitió el 26 de agosto de 2010, y un día después, el 27 de agosto de ese año el expediente tuvo el último movimiento, y después no se supo nunca más nada.

Ante esa situación, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud entendió “que resulta inoficiosa la reconstrucción del mismo, sumado a que la instrucción del sumario administrativo de los agentes que se desempeñaran en el nombrado hospital, al día de la fecha ha cesado la potestad disciplinaria de la Administración Pública”.

Esa decisión se apoyó en convencimiento de que “en todo procedimiento administrativo debe primar en su tramitación y hasta su culminación principios propios de la Administración Pública; esto es, de economía procesal. que el mismo tenga una rápida, eficaz resolución y celeridad en el trámite que hace a la  eficacia de la actividad administrativa, cuestión que no se daría ante la posible reconstrucción de un expediente donde las medidas sancionatorias potenciales a aplicar estarían a la fecha, prescriptas”.

Por eso se recomendó dejar sin efecto aquella norma de 2010 que había ordenado un sumario a trabajadores del Hospital San Martín. 

Fuente. Entreríosahora