Los planetas se alinearon contra la fiscal anticorrupción: Cecilia Goyeneche fue destituida con el argumento de que afectó su deber de objetividad el vínculo que la unía con uno de los imputados en la escandalosa causa en que se investigan los contratos truchos de la Legislatura de Entre Ríos. Pero ninguno de quienes votaron en su contra pudo consignar qué comportamiento específico de la fiscal favoreció al contador que emprolijaba la situación tributaria de los prestanombres. El fastidio del poder político y la conocida tensión existente entre el Ministerio Público y la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia se conjugaron para acabar con Goyeneche. Es imposible no interpretar el fallo como un intento de disciplinar a quienes investigan a la clase dirigente. La imagen del Superior se deteriora sin remedio: la mayoría de sus integrantes parecen actuar como reaseguros de la indecencia administrativa. El magistrado Smaldone, que tiene un hijo imputado en una causa en que se investiga el pago de sobornos, no se excusó en el proceso que debía resolver si la fiscal anticorrupción tenía o no que excusarse en otra investigación. Bordet se defiende subrayando que ninguna investigación lo alcanza. Es cierto. Pero un estrecho colaborador suyo, Orabona, está seriamente comprometido en el desfalco de las cámaras legislativas. Las instituciones de Entre Ríos caminan a paso de cangrejo.
Antonio Tardelli
Una sola palabra del gobernador Gustavo Bordet hubiese bastado para desactivar el proceso que acaba de eyectar de su cargo a la procuradora adjunta y fiscal anticorrupción de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche. Denunciada por tres abogados históricamente enfrentados con el Ministerio Público Fiscal, la funcionaria perdió su trabajo a manos de un sistema institucional que mayoritariamente le dio la espalda cuando los poderosos entendieron que había llegado su hora. El titular del Poder Ejecutivo pretende desentenderse del operativo: afirmó que todo el tiempo había guardado “un prudente silencio” para no entorpecer la labor del Jurado de Enjuiciamiento. Que no había hecho nada para destituir a Goyeneche.
–¿Cómo que no hizo nada? En este contexto, no hacer nada es hacer algo –le salió al cruce el periodista Ernesto Tenembaum, uno de los más respetados de la Argentina, al entrevistarlo el miércoles en Radio Con Vos.
A lo largo de un procedimiento que como el jury es a todas luces de naturaleza política y no penal, pudo Bordet decir algo distinto. Pudo decir, por ejemplo, que no le sería grato gobernar una provincia donde los fiscales que investigan deben resignarse a perder su empleo. Pudo decir también que no advertía una falta grave en el comportamiento de Goyeneche. Pudo decirles a los legisladores de su partido, Armando Gay y Gustavo Zavallo, integrantes del Jurado de Enjuiciamiento, que desaconsejaba una sanción. Pudo decirle lo mismo a otro miembro del jury que políticamente está bajo su esfera de influencia, el director de Asuntos Jurídicos del Senado (y ex subsecretario de la Juventud durante la gestión de Sergio Urribarri), Gonzalo García Garro. Pudo decir que le disgustaría ser equiparado a los gobernadores de provincia que administran regímenes patrimonialistas.
Pero no hizo nada de eso. Se mantuvo en silencio y presentó su silencio como prueba de neutralidad. Hoy esa neutralidad no puede ser vista sino como sinónimo de complicidad.
(La nota completa en la edición gráfica número 1130 de la revista ANALISIS del viernes 27 de mayo de 2022)
