En los tribunales anticipan un triunfo opositor y replantean algunas decisiones vinculadas con excarcelaciones y la aplicación de la prisión preventiva

Por Hugo Alconada Mon

Los tribunales federales de Comodoro Py anticipan el eventual triunfo del candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, y comenzaron a acomodarse. No habrá excarcelaciones masivas de detenidos kirchneristas, pero sí “ordenamientos” de los expedientes, como lo definió uno de los funcionarios judiciales consultados. O un “reperfilamiento”, como lo calificó, cargado de ironía, otro veterano del Poder Judicial que vivió las transiciones presidenciales de 1999 y 2015.

“Si lo que quiere saber es si estamos viviendo otro 1973 y se abrirán las puertas de las cárceles, la respuesta es no. Pero si me pregunta si se dispondrán algunas excarcelaciones y hasta sobreseimientos, claro que sí. Algunos no siguieron todos los procedimientos [legales], así que ahora están en la etapa de 'ordenamientos'”, graficó el funcionario judicial, uno de los cinco consultados por La Nación en el fuero criminal y correccional federal de primera y segunda instancia, la Casación Penal y la Corte Suprema.

¿Qué podría implicar ese "reperfilamiento" de los tribunales federales de Comodoro Py? Que algunos detenidos saldrían en libertad en las próximas semanas, tras el fallo de los camaristas federales Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi que excarceló al exfuncionario Oscar Thomas. Entre ellos, Gerardo Ferreyra, uno de los dueños de Electroingeniería. Otros, como Cristóbal López y su socio, Fabián de Sousa, ya cosecharon una primera orden de excarcelación, aunque ahora también dependen de la Cámara Federal luego de que el juez federal Claudio Bonadío les rechazó sus pedidos para liberarlos en la causa de los cuadernos.

Pero más complicado, sin embargo, será para algunos exfuncionarios, como el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime. O como el exvicepresidente Amado Boudou, que ya afronta dos condenas -una de ellas confirmada por la Casación- y ahora intenta revertir su suerte en la Corte mediante un recurso "de queja". Es decir, en un último y agónico intento.

“Los dos motivos por los que se puede ordenar la prisión preventiva de un acusado es por riesgo de fuga y por obstrucción de Justicia”, sintetizó una fuente judicial. “Si ahora un juez dispusiera la excarcelación de Boudou, con su sentencia firme, o casi, el riesgo de fuga es más elevado y si algo sale mal, sin duda le costaría la carrera a ese juez”, argumentó.

Otro exfuncionario que se acerca a la calle es el exministro de Planificación Federal Julio de Vido, quien cumplirá 70 años el 26 de diciembre próximo. Detenido bajo el régimen de prisión preventiva, Lilita Carrió pidió por su libertad por sus problemas de salud, "aunque sea el mayor delincuente de la Argentina", afirmó.

Las declaraciones de Carrió cayeron como "un bombazo" en la Corte, según indicaron a La Nación desde uno de los despachos neurálgicos del máximo tribunal del país, donde afirman que no prevén tomar decisiones "sensibles" en causas sobre la corrupción kirchnerista durante las próximas semanas, "más allá de que nos pidan 'señales' desde Comodoro Py".

Esas "señales" que reclaman desde los Juzgados Federales de primera instancia son dos. La primera es explicitar cuál es la posición de la Corte ante las prisiones preventivas para los detenidos por presunta corrupción que son mayores de 70 años, aunque una decisión en ese campo también podría impactar en los acusados de crímenes de lesa humanidad, según cómo se formule. Y la segunda, en términos más amplios, es que defina si valida la mal llamada "doctrina Irurzun".

Apodada así por el apellido del camarista federal Martín Irurzun, esa construcción jurisprudencial justifica las detenciones preventivas de aquellos exfuncionarios que por sus relaciones, contactos o lazos generados mientras estuvieron en la gestión pública podrían entorpecer una investigación judicial, incluso años después de abandonar el cargo, a través de esos contactos.

"El problema con esa doctrina, que no inventó Irurzun, es que se aplica con total subjetividad", indicó otro camarista. "Eso lleva a que un juez decida o no, según su parecer, si un exfuncionario puede seguir entorpeciendo una pesquisa. Eso lo convierte en un instrumento peligroso", razonó.

Más crítico y al mismo tiempo con una mirada que va más allá de las excarcelaciones, una fuente judicial de primera instancia trazó un paralelo entre el kirchnerismo y el menemismo. "Muchos van a empezar a rever las decisiones. Va a ser como con las causas de Menem [por el expresidente]. Van a seguir por años y años", aventuró.

En los tribunales de Comodoro Py marcan que algunos jueces federales -como Rodolfo Canicoba Corral o Ariel Lijo- figurarían entre los más aliviados por una eventual renovación en la Casa Rosada, mientras que otros -como Irurzun, Bonadio o Julián Ercolini, entre ellos- afrontarían "turbulencias". Más aún después de que, en plena campaña, Alberto Fernández definió como "escandaloso lo que hicieron". Lo mismo ocurriría con ciertos fiscales, con Carlos Stornelli en primera fila.

“Defección estratégica”

Pero si las elecciones pueden derivar en excarcelaciones, todos los funcionarios judiciales consultados por La Nación coincidieron en que si Cambiemos pierde el 27 de octubre, los problemas comenzarán a agudizarse para varios de sus rostros más icónicos. Con el presidente Mauricio Macri y los ministros Guillermo Dietrich y Oscar Aguad, más algunos secretarios de Estado, así como también ciertos empresarios.

El eventual giro de Comodoro Py reafirmaría lo que la profesora de la Universidad de Rochester Gretchen Helmke define como "la lógica de la defección estratégica". Es decir, que los jueces y fiscales aumentan sus decisiones contrarias al gobierno saliente, basados "en lo que evalúan que será importante para el futuro gobierno", como sintetizó la periodista Irina Hauser en su último libro, Rebelión en la Corte.

Más brutal, un camarista federal evitó los academicismos. "La van a pasar muy mal los amarillos", anticipó, lo que fue compartido por los funcionarios consultados por La Nación tanto en la Cámara de Casación Penal como en la primera instancia, donde dos de ellos recordaron el mismo episodio por separado: la detención de Boudou, fotografiado descalzo y en pijama.

"Ahí se cruzó una línea y más de uno se la va a querer cobrar", estimó el más veterano de los dos tribunalicios. El otro volvió a la "doctrina Irurzun": "Yo no sé si van a tumbarla o la van a dejar viva para usarla contra los de ahora", aventuró, en alusión a los funcionarios de Cambiemos.