Federico Malvasio
Han pasado 14 años de un homicidio. Nunca se supo bien qué pasó, ni por qué. El hecho tuvo la narrativa de un policial negro basado en Manhattan, pero sucedió en Entre Ríos. Hipótesis que se daban por seguras nunca fueron probadas en la Justicia. Testigos llamados a declarar en forma tardía complacieron a los arquitectos de la impunidad. Una investigación a manos del abanderado en garantizar corrupción. A un año de la prescripción, un breve repaso de sufrimientos, desazones, angustias y conmoción.
Pasó el 7 de octubre, o bien en las primeras horas del 8. Fue en 1993. Al dolor, la desazón y la angustia, llegó la conmoción. Años de muertes violentas en la sorda democracia que conducía Carlos Menem en la Nación. Jorge Busti y Mario Moine hacían lo propio en Entre Ríos. La provincia tuvo sus víctimas. Un escribano encontrado muerto en el río y el autor material fugado se recordaba sin ir demasiado para atrás.
Corría el menemato y en Entre Ríos las recetas eran calcadas de la Nación. El gobernador Mario Moine había promulgado la Ley 8.706, más conocida como la ley de despidos. La provincia era un hervidero, no había margen para mucho escándalo más. Pero el escándalo llegó. Un abogado fue encontrado muerto en su estudio. Duelo familiar, de amigos y las primeras noticias. El vicepresidente del Colegio de Abogados falleció de un infarto. Estaba en su oficina, a una cuadra de Tribunales. Fueron las primeras noticias.
Una hipótesis que no debió trascender
El letrado, que patrocinaba a muchos de los despedidos por el empresario menemista que había echado a miles de empleados, había estado horas antes de su deceso en lo que hoy es el Plaza Bar. Militante activo de la UCR y que nunca obtuvo cargo público. No se le conocía enemistades públicas y su vinculación con la política era hereditaria. Alrededor de las 8 de la mañana de ese 8 de octubre se lo encontró muerto en su estudio jurídico. Llegaron la familia y la Policía. Todo empezó con la hipótesis del infarto. Lo anunciaron los familiares y lo compraron los agentes policiales hasta que tras un par de horas el médico personal de la familia se negó a firmar la defunción que indicaba que la muerte había sido natural. En el medio, los primeros pasos de la investigación a cargo del titular del Juzgado de Instrucción Número 6, Héctor Toloy. La víctima llegó a la morgue del Hospital San Martín, en donde la autopsia reveló la perforación del intestino. El abogado había muerto empalado.
Julio Rodríguez Signes, abogado de la viuda del profesional, recuerda aquellos momentos de conmoción en Paraná y en la provincia. El resultado del estudio realizado en el nosocomio contrastaba con el que se pensó en un primer momento. El querellante justificó la primera impresión de muerte natural lanzada por la familia. Lo que no se explica es que esa versión sea el punto inicial de la investigación del juez Toloy. “La versión que había sido por causa natural se mantuvo bastante tiempo. Incluso se había producido el velatorio y el entierro y se seguía hablando de esa hipótesis”, expresó Rodríguez Signes a ANALISIS, a 14 años del hecho.
“De todos modos, nunca quedó claro el porqué de esa hipótesis por parte de la Justicia y de la Policía. Siempre se habló de un hecho no querido pese a que no se haya podido demostrar lo contrario a lo largo de toda la investigación. Esta hipótesis fue divulgada por el gobierno provincial”, recuerda Rodríguez Signes, que rememora que en un momento la Policía llegó a pensar que había sido un accidente del propio abogado, lo que calificó de “absolutamente imposible”. Lo rumores corrían y a las conjeturas judiciales y policiales se le sumaban las periodísticas y las sociales. Se sabe que en tiempos de conmoción se necesitan datos y por más que no se los tenga, algo hay que decir. Todos comieron del caso.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
