Natalia Buiatti
(de ANÁLISIS)

Sergio Varisco se levanta de su silla y camina con cuidado entre el montón de imputados. En su rostro lleva un gesto condescendiente y una actitud atenta para con el resto de las personas. Un metro y medio más adelante está el banco y el micrófono donde deberá sentarse frente al tribunal.

–Dice acá, en profesión u oficio, que usted es el intendente –pronunció la presidenta del TOF, Lilia Carnero.

Una risa suave se amplificó por el sistema de audio. Es el primer sonido vocal que emite Varisco antes de hablarle a los tres jueces en el debate.

–Fui empleado del Poder Judicial provincial, empleado municipal en cómputos ­–agregó sobre sus antecedentes laborales.

El hecho es histórico. El intendente de Paraná, la capital de Entre Ríos, tuvo que sentarse a las 10.45 de este lunes frente a tres jueces federales para identificarse como imputado en una causa que investiga el financiamiento con recursos municipales a una banda de narcotraficantes.

Varisco tiene 59 años y según contó hoy, cobra en mano 70.000 pesos. Acotó otros detalles personales y pocos minutos después, a las 10.46, terminó con ese acto procesal. Como tenía permiso para retirarse, así lo hizo. Afuera de la sala de audiencias lo esperaba su pareja, la concejal Claudia Acevedo y su hija, Lucía Varisco.

El intendente fue el séptimo imputado en dar sus datos personales en el marco de la causa Narcomunicipio. Antes había pasado Griselda Bordeira, Luciana Ernestina Lemos, Eduardo Humberto Celis, Nahuel Jonathan Eduardo Celis, Wilber Figueroa Lagos y Jonathan Jesús Heintz.

Después de Varisco siguió el concejal Pablo Hernández, que se emocionó cuando le preguntaron por su padre. Es que el padre de Hernández falleció el mes pasado.

Completaron la ronda los imputados Alan Nicolás Viola y Juan Manuel Gómez.

“Por orden del intendente”

Quine sobresalió del resto por lo que dijo fue Luciana Lemos. El único apodo que reconoció fue “Luz” y negó que la llamaran “Lupita”. La mujer de 30 años contó que tiene cuatro hijos y ningún padre le ayuda económicamente con la crianza.

“Era empleada municipal. Lo fui menos de un año pero no trabajé en ninguna repartición porque no me lo permitían, por orden del señor intendente”, dijo cuando le preguntaron por su actividad. Agregó que hizo el trámite para que la emplearan con un contrato de servicios en el segundo piso del Palacio Municipal y que por eso cobraba 12.000 pesos.

“Pedía que me asignen un lugar para trabajar y me mandaban de un lugar a otro pero no me daban nada, por orden del señor intendente”, repitió antes de concluir su intervención frente a los jueces.

Imputación general

Poco antes de las 11 la presidenta del Tribunal comenzó la lectura de la imputación general. Leyó qué rol y responsabilidad que se le achaca a cada uno de los imputados en el marco de las dos causas, la Narcoavioneta y la Narcomunicipio. Sindicó como actores principales de la organización para el comercio de estupefacientes a Daniel “Tavi” Celis y Miguel Ángel “Titi” Celis.

Y cargó sobre Varisco, Hernández y Bordeira la responsabilidad del supuesto financiamiento  a la banda de narcotraficantes. “Son autores prima facie del financiamiento de actividades de narcotráfico”, especificó.

Ninguno de los imputados quiso declarar algo después de que se les leyera la imputación. La jueza Carnero pidió que quienes quisieran decir algo levanten la mano, pero en la sala se hizo un silencio generalizado y, hasta ahora, nadie tomó esa oportunidad.

Esa instancia sumada a un cuarto intermedio consumió otra hora de audiencia, por lo cual, el primer testigo (comisario Víctor Chanenko, ex jefe de la Delegación local de la Policía Federal), abrió su testimonial al mediodía.

Notas         

• En plena audiencia, el abogado defensor Leopoldo Cappa, que representa los intereses de Daniel “Tavi” Celis, pidió permiso a la jueza Lilia Carnero para que su defendido sea entrevistado por dos medios en la Unidad Penal. La presidenta del tribunal lo concedió.
• En el juicio que empezó el jueves pasado y ya tuvo tres jornadas, se sobrepone un ambiente de cierta consonancia, de afinación entre la mayoría de los imputados. No ocurre lo mismo con Luciana Lemos, que no interactúa con nadie. La mujer amplió dos veces su indagatoria e hizo intentos de acogerse al programa de Protección de Testigos. En la sala tiene un lugar asignado para ocupar. Se sienta en la primera hilera de sillas, inmediatamente después del portal por el que ingresa. Otros imputados han ido rotando de lugar. De hecho, quienes tienen el apellido Celis (en total cinco personas) se ubican repartidos por toda la sala.
• Griselda Bordeira tomó apuntes y mantuvo un contacto fluido con su abogado, Boris Cohen, y otros imputados.