
Tras la decisión del juez federal Carlos Skidelsky de ordenar la detención de todos los militares involucrados en la causa que investiga la denominada “Masacre de Margarita Belén”, ocurrida el 13 de diciembre de 1976, el abogado querellante Mario Bosch, resaltó que la medida es “un gran avance que obliga a redoblar los esfuerzos hacia el efectivo juicio y castigo a todos los responsables”, pese a que estos “10 ejecutores son la punta del iceberg y falta mucho por investigar”. A su vez, indicó que el militar retirado, Norberto Raúl Tozzo, quien es propietario de un canal de televisión por cable en María Grande y tiene participación accionaria en otros medios de la provincia, “tuvo un rol activo en la masacre y concretamente fue un ejecutor”. Al respecto, comentó que “era el tercer o cuarto oficial en la cadena de mando, que junto a otros oficiales y bajo el mando de Athos Gustavo Renes, retiraron a los detenidos de la alcaidía policial de Resistencia en la madrugada del 13 de diciembre y los fusilaron maniatados a la vera de la ruta en un plan previamente argüido”.
En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda emitido por Radio Del Plata Paraná Bosch comentó que los militares a quienes se ordenó la detención “son los mismos que ya habían sido detenidos en el 2003 y que fueron ilegalmente liberados por la Cámara Federal de Resistencia, y que al confirmarse la competencia de Skidelsky no hay otra alternativa de proceder a su detención”. En ese sentido, comentó que también “se está reclamando la detención de muchos más que participaron de modo directo de la masacre como miembros de la Policía de Chaco, auxiliares de los Servicios de Inteligencia y algunos para-policiales, además de quienes formaron la gran cadena de encubrimientos que se montó tanto desde algunos civiles y políticos de la dictadura militar como desde la Justicia Federal de Chaco”.
“Concretamente, me refiero a los actuales fiscales federales en ejercicio, Flores Leyes y Mazzoni, el ex juez federal de Resistencia y su prosecretario, quienes en los momentos inmediatos luego de la masacre se constituyeron en el lugar e intentaron falsear actas para simular un enfrentamiento. Este fue el real motivo de la liberación de los militares: una maniobra para tratar de que la investigación no avanzara hacia fiscales federales que aún hoy continúan en ejercicio”, detalló el abogado.
En relación con la decisión de Skidelsky afirmó que se trata de “un gran avance que obliga a redoblar los esfuerzos hacia el efectivo juicio y castigo a todos los responsables” pese a que “estos 10 ejecutores son la punta del iceberg y falta mucho por investigar y hay mucho por delante”. En tanto, sostuvo que “no hay confirmación” del cumplimiento de los traslados y “hay una situación extraña porque la orden de detención se impartió el sábado y recién hoy hubo confirmación oficial de algunas detenciones, e incluso hay dos o tres militares que aún no están detenidos, entre ellos el ex teniente coronel Alcides Larrateguy”.
Además, comentó que Tozzo “fue un importante oficial que formó parte de la escuadra de militares que retiraron a los detenidos de la alcaidía policial de Resistencia en la madrugada del 13 de diciembre”. “Era el tercer o cuarto oficial en la cadena de mando, que junto a otros oficiales y bajo el mando de Athos Gustavo Renes, los fusilaron maniatados a la vera de la ruta en un plan previamente argüido, ya que se pudo constatar que en días anteriores al hecho habían visitado y elegido el lugar. Tuvo un rol activo en la masacre y concretamente fue un ejecutor”, apuntó.
A su vez, precisó que “hay otros tres militares que aún hoy están en actividad: Ricardo Guillermo Reyes, Germán Emilio Riquelme, quien está a cargo de la sección Inteligencia del Segundo Cuerpo del Ejército con asiento en Rosario, y Horacio Losito”, de quien aseveró que “su caso fue paradigmático y una vergüenza absoluta” ya que “estaba como agregado militar en la Embajada de Italia, que fue extraditado a la Argentina y tras recuperar su libertad quedó imputado de homicidio agravado y desaparición forzada de personas, y pese a ello volvió a la Embajada”. Al respecto, contó que “el hecho provocó la reacción de diversos organismos de Derechos Humanos y por una carta que envió la viuda de uno de los fusilados al Presidente de la Nación, Néstor Kirchner, se lo destituyó de ese cargo diplomático pero continúa como militar”.
Por último, destacó “el importante trabajo que realizaron los ex detenidos políticos y sus familiares”, entre los que mencionó a la artista plástica entrerriana Amanda Mayor, “que realizaron un importante trabajo de reconstrucción histórica, y pese a que faltan muchos elementos y datos, en algún momento a alguien de ellos le tendrá que pesar la conciencia”.
Cabe recordar que la nómina de los militares que deben volver a prisión está compuesta por Norberto Raúl Tozzo; Alcides Larrateguy; Athos Gustavo Renes; Rafael Carnero Sabor; Aldo Héctor Martínez Segon; Luis Alberto Pateta; Ernesto Jorge Simoni; Ricardo Guillermo Reyes; Germán Emilio Riquelme y Horacio Losito. Todos están imputados por los delitos “de homicidio agravado por alevosía y por haber sido cometidos por el concurso premeditado de dos o más y desaparición forzada de personas”.