Judiciales

La justicia detectó en el celular de Martín Migueles conversaciones para agilizar importaciones a través de las SIRA para obtener dólar oficial a cambio de pagar sobornos. Una de las personas involucradas trabaja actualmente en la Casa de Gobierno.

La admisión de la CIDH a la petición de las víctimas del excura Justo José Ilarraz sigue una línea jurisprudencial sobre prescripción, debida diligencia y control de convencionalidad en abusos sexuales contra menores. Los precedentes regionales, los plazos reales del sistema interamericano y el horizonte que se abre para la causa entrerriana.

La jueza federal Macarena Marra Giménez falló a favor del Gobierno y desactivó el recurso que había presentado la central obrera y que frenaba la mayoría de los retrocesos que incluye la ley libertaria.

La Corte Suprema rechazó un recurso del exsenador Mario Yedro, condenado en 2005 por enriquecimiento ilícito, y dejó firme el decomiso de un extenso campo en Guardamonte, departamento Tala. Hoy, esa tierra es una colonia productiva.

Abrieron sobres para la construcción de un inmueble del Poder Judicial en Paraná. Para la obra se fijó un presupuesto oficial de 437,2 millones de pesos.

El máximo tribunal lo calificó de “inadmisible”; el recurso es inoficioso porque no hay instancia que saltar, pues el caso ya está en las cámaras del Trabajo y Contencioso Administrativo Federal.

El exfuncionario durante las gestiones urribarristas, Pedro Báez, hoy bajo arresto domiciliario por la condena recibida en el megajuicio, comenzó a mirar de reojo lo que sucede en otra investigación que tiene en su contra por enriquecimiento ilícito.Este miércoles, Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) adelantó que un nuevo avance procesal en la

El fiscal federal Ramiro González impulsó la investigación al ex presidente de la empresa estatal y a quienes hayan sido titulares de plásticos corporativos por gastos como servicios de playa, bares, peluquerías y adelantos de efectivo en el exterior

La investigación, liderada por los fiscales Daniela Montangie y Tomás Tscherning, sostiene que, desde enero de 2024, Silvina Murúa habría utilizado su cargo en la Secretaría de Gestión Social para orquestar un sistema de direccionamiento de compras.

Autorizaron la incorporación del abogado Juan Pedro González Elías como representante legal de María Alejandra Camisassa, esposa del imputado Jorge de Breuil.