La Comisión de Derecho Penal del Colegio de Abogados de Entre Ríos viene insistiendo con la idea de que la Legislatura trate las iniciativas. “Hay dos proyectos que queremos que se pongan en debate”, dijo a El Diario el abogado penalista Guillermo Vartorelli.
“Esto fue uno de los temas centrales en Concordia y lo dijo uno de los principales expositores que tuvo la jornada, como fue Héctor Fernández (Presidente de la Asociación Argentina de Juicios por Jurados). En ese ámbito es que se reclamó el inmediato tratamiento parlamentario del Juicio por Jurado. Es lo que se viene y no podemos quedar atrás”, sentenció.
Ante ese reclamo se solicitó, además, que se dé intervención en las comisiones de estudio al Colegio de Abogados de Entre Ríos y a la Asociación de Magistrados de Entre Ríos.
En el Congreso de Derecho también expuso el doctor Juan Carlos Gemignani, vocal de la Cámara de Casación Penal de la Nación.
El sistema de Juicio por Jurados populares está previsto en la Carta Magna nacional desde 1853. En la provincia, la Constitución también lo prevé en su artículo 122, inciso 23. Sin embargo nunca se ha concretado tal mandato en nuestra provincia, como si lo han hecho las provincias de Córdoba, Neuquén, Buenos Aires, entre otras.
Los intento en Entre Ríos
El instituto del Juicio por Jurado sería, en términos de definiciones políticas, un insoslayable ejemplo de participación popular en el marco de un proceso para “democratizar la Justicia”, como anunció en su momento la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En Entre Ríos hubo intentos de instaurar este sistema de juzgamiento. En 1996 el Poder Ejecutivo a cargo de Jorge Busti dictó el decreto N° 1.152 por el cual creó una comisión para analizar el tema.
El comité asesor estuvo integrado entre otros por los vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Carlos Chiara Díaz y Daniel Carubia. El primero, un ferviente defensor del instituto. También hubo docentes de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).
Pasaron los años y finalmente no se avanzó en la aplicación del sistema en el que “el pueblo” juzgue. Ocho años después, durante el tercer gobierno de Busti, ingresó en la Cámara de Diputados un proyecto sobre el Juicio por Jurados.
No fue debatido y el 15 de octubre de 2008 fue archivado luego de perder estado parlamentario. Así figura en el sitio oficial del cuerpo legislativo bajo el expediente número 13.829.
En la Convención Constituyente, en 2008, el Juicio por Jurados no fue un tema preponderante. Sólo se presentó un proyecto. La iniciativa perteneció al bloque Viva Entre Ríos y llevó las firmas de Flavia Pascualini y Augusto Alasino.
El texto era de un solo artículo en el que mandaba la Legislatura a dictar una ley creando el Juicio por Jurados “ad-hoc en todas las causas sobre delitos contra el honor, y la honestidad”. Los autores - en sus fundamentos - señalaron que se asegura “la imparcialidad del jurado y un procedimiento que preserve el sistema acusatorio y garantista para el imputado.
El mecanismo de selección de los jurados resguardará, el recato, la privacidad, la seguridad, y la participación directa de los ciudadanos. El jurado popular decidirá solo si el hecho existió o no y si el autor material es o no el imputado. El jurado técnico colegiado sobre la prueba y la cuantía de la pena”.
Qué es
El Juicio por Jurados consiste en constituir un tribunal por ciudadanos comunes para el juzgamiento de delitos penales graves en audiencias orales y públicas. En Córdoba se aplica este sistema desde 2005, pero en un esquema mixto, llamado escabinado, constituido por jurados letrados y algunos de extracción popular.
