El organismo actualizó de esta forma el informe trimestral que realiza para evaluar el trámite de las causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado, en base a los datos remitidos por todos los fiscales del país que intervienen en esos procesos.
El informe señala que, "desde el retorno del Estado de derecho en 1983 hasta la actualidad, se registran 443 condenados por esos crímenes, cifra a la que se llegó tras la última condena dictada en Catamarca a tres militares por el asesinato de catorce miembros del ERP" en la Masacre de Capilla del Rosario, perpetrada en 1974.
Según el informe, "otras 45 personas -algo más del diez por ciento de los condenados- fueron absueltas en el mismo período".
Desde que comenzó a funcionar la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado, convertida en Procuraduría por la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, en junio pasado, "la cantidad de condenados creció más de diez veces, desde los 41 con que había cerrado el año 2007".
La Procuraduría informó asimismo que en lo que va de 2013 fueron condenadas 76 personas en 16 juicios orales celebrados en Mar del Plata, San Martín, Mendoza, la Capital Federal, Jujuy, Resistencia, La Plata, Comodoro Rivadavia, San Juan, Córdoba, Corrientes, Santa Fe, Rosario y Catamarca.
"En los próximos meses serán juzgadas al menos otras 44 personas más por los casos de 257 víctimas, que son aquellas imputadas en las seis causas que ya tienen fecha de juicio programada", agrega el informe.
Actualmente se encuentran en curso quince juicios, de los cuales trece son orales y públicos y otros dos se tramitan por escrito, en el marco del antiguo Código Procesal Penal.
La Procuraduría también reseña que de los 1.083 procesados, 854 se encuentran detenidos y que esa cantidad creció en 225 desde julio de 2012.
De los 854 detenidos, el 59,6 por ciento se encuentra en unidades penitenciarias, mientras que el 38,2 por ciento permanece en detención domiciliaria, otro 1,5 por ciento cumple prisión preventiva en dependencias de fuerzas de seguridad y un 0,6 por ciento está alojado en hospitales, publicó Télam.
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