En agosto de 1999 un grupo de policías de la comisaría 17° fue enviado al coqueto edificio de la Avenida Alvear 1845, en el barrio de Recoleta, para intervenir en un episodio peculiar: en el dúplex del segundo piso (de unos 180 metros cuadrados, para más detalles) se había atrincherado un ciudadano italiano a quien dos hombres de origen mexicano estaban tratando de desalojar a las patadas.

El italiano, Elio Stecca, era un testaferro de los narcos mexicanos del Cartel de Juárez y cobraba un sueldo mensual por comprar propiedades para ellos. La muerte del líder de la organización, Amado Carrillo Fuentes (alias “El Señor de los Cielos”), ocurrida dos años antes durante una cirugía estética para cambiar su aspecto, le había dado esperanzas a Stecca de quedarse con el lujoso piso. Se equivocó. Tuvo que mudarse y nunca reclamó la propiedad cuando fue secuestrada por la Justicia.

La cosa no pasó a mayores, y habría sido recordada sólo por el portero del edificio, sino se tratara de una de las tantas historias que dejó tras de sí el primer gran narcoescándalo registrado en Argentina: el lavado de unos 18 millones de dólares provenientes del narcotráfico internacional. El dinero fue girado entre mayo de 1997 y diciembre de 1999 a la banca nacional desde cuentas de bancos de Estados Unidos. A través de sociedad truchas y testaferros, con esa plata se compraron desde estancias y campos hasta departamentos, un hotel completo en Mar del Plata y una flota de autos de lujo.

El escándalo –denunciado por las autoridades mexicanas– derivó en una causa en el fuero federal que se inició a fines de 1999 y recién se cerró el lunes pasado, luego de 17 años. El 29 de agosto, según confirmó Clarín en exclusiva, los jueces Julio Luis Panelo, María del Carmen Roqueta y José Valentín Martínez Sobrino –del Tribunal Oral Federal N° 6– convalidaron un juicio abreviado, firmado a principios de año entre el fiscal Diego Velasco y las defensas.

En la sentencia, a la que tuvo acceso Clarín, las condenas son lo de menos. Los siete acusados que siguen vivos (los dos más importantes murieron, otro fue sobreseído y un cuarto desapareció de la faz de la tierra) lograron una pena baja: sólo tres años y medio en suspenso por el delito de “asociación ilícita y lavado de dinero proveniente del narcotráfico”.

Ninguno ira a la cárcel, a menos que incumplan con las tareas comunitarias que se les fijarán, a razón de ocho horas mensuales. Las multas que se les impuso son el máximo establecido por la ley, pero parecen ridículas: no llegan ni a los 15 mil dólares, en total.

El fuerte del fallo es otro. Entre propiedades, autos y objetos varios, la sentencia del TOF 6 implica el decomiso de entre 20 y 25 millones de dólares provenientes del narcotráfico que pasarán definitivamente a manos del Estado. Los bienes estarán a cargo de la Comisión Mixta de Registro Administración y Disposición –integrada por la Corte Suprema de Justicia y la Sedronar–, un ente que pocos saben cómo funciona y que no lleva ningún registro de acceso público, por lo que ya recibió duras críticas.

La cifra del decomiso al Cartel de Juárez es récord, al punto que desde la aparición de la figura penal de “lavado” (en el año 1989) solo se habían podido decomisar activos por unos 20 millones de pesos. Parte de los millones de dólares son propiedades, como la Estancia El Arbolito, unas 2.000 hectáreas ubicadas en Mar Chiquita, valuadas en aproximadamente 15 millones de dólares. También hay objetos; entre los más curiosos: un león embalsamado, media docena de monturas labradas y un Cristo de tamaño natural que envidiaría cualquier iglesia. Gran parte de estas cosas pertenecieron al “Señor de los Cielos”, que vivió unos meses entre 1996 y 1997 en nuestro país.

Si estaba en Capital, Carrillo Fuentes usaba el departamento de la Avenida Alvear (cuya decoración costó 75.000 dólares, que pagó cash). Pero también le gustaba la Costa Atlántica. Llegó a tener una casa en el exclusivo barrio marplatense de Los Troncos y adquirió campos en localidades cercanas, todos con las mismas características: una sola vía de acceso para controlar la llegada de extraños y una vía de escape para esfumarse.

Con testaferros y sociedades fantasma adquirió la Estancia Rincón Grande, que le compró a José Bordeu por casi dos millones y medio de dólares. El lugar, de unas mil hectáreas, contaba con un casco principal, casa para el jardinero, casa para el capataz, casa de huéspedes, una gran pileta y hasta una capilla.

El decomiso récord de la sentencia del TOF 6 también incluirá dinero en efectivo, ya que al menos 10.000.000 de pesos están invertidos en plazos fijos. Se trata del producido de los diferentes arrendamientos de los campos y el alquiler de dos departamentos, uno el de la Avenida Alvear y otro ubicado en el centro de la ciudad de Bahía Blanca.

A lo largo de la causa, la administración de estos bienes generó, además de muchísimo papeleo, algunas polémicas. Una de ellas le costó el apartamiento de la causa al juez original del caso, Rodolfo Canicoba Corral, luego de que se denunciara que en uno de los campos embargados –y administrados por la Justicia– en lugar de papas, como aparecía en los registros, se había sembrado soja, un cultivo mucho mas rentable.

La denuncia contra Canicoba –que luego fue sobreseído– había sido presentada por los hijos de uno de lo principales imputados de la causa, el empresario Angel Salvia. Cerebro del armado societario usado para el narcolavado, Salvia fue denunciado por los propios mexicanos por intentar quedarse con los bienes adquiridos con su dinero. No terminó bien: en 2007 fue asesinado a balazos por un sargento de la Bonaerense a cuya esposa frecuentaba. Eso, al menos, es lo que cuenta la historia ofici