El senador entrerriano integra, además, la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que deberá dictaminar sobre lo relacionado a la utilización racional de los recursos y al ordenamiento territorial, como así también al desarrollo urbano y rural. También forma parte de Asuntos Constitucionales, que trata los proyectos atinentes a la interpretación y aplicación de la Constitución Nacional.
Enojado por la exclusión de su interbloque de la negociación, el peronista disidente Adolfo Rodríguez Saá denunció ante el vicepresidente Amado Boudou la “violación del artículo 91”, que establece el principio de proporcionalidad en la integración de las comisiones, según reprodujo Página 12.
“Muchas veces, el armado de comisiones implica situaciones que a lo mejor no son muy gratas y no todo el mundo queda conforme. Pero hemos intentado mantener un diálogo político que refleje, fundamentalmente, el resultado electoral del 23 de octubre, que establezca una proporcionalidad en los porcentajes”, arrancó el presidente de la bancada oficialista, Miguel Pichetto, para pedir la aprobación del acta-acuerdo confeccionada por la mañana.
En Labor Parlamentaria, los presidentes de los distintos bloques lograron un consenso que representaba a unos 65 senadores. Se trataba de los líderes del FpV, la UCR, el FAP, el peronismo de La Pampa, la bancada de Nuevo Encuentro Fueguino y otros bloques provinciales como el de la santafesina Roxana Latorre, la correntina Josefina Meabe, el catamarqueño Oscar Castillo y el ex presidente Carlos Menem.
Con esta medida se revirtió la situación del período legislativo 2010-2011, cuando con la firma de Carlos Menem la oposición se quedó con mayoría en todas las comisiones y la presidencia de otras tantas. Aquel acuerdo original, que alcanzó la mayoría de 37 votos, casi nunca pudo reproducirse luego en las sesiones.
Ahora, el FpV recuperó la titularidad de siete comisiones: la de Justicia, para Guastavino; Medios y Libertad de expresión, para Liliana Fellner; Trabajo, para Ana María Corradi; Agricultura, para Graciela de la Rosa; Legislación General, para Ada Iturrez de Capellini; y para los aliados María Rosa Díaz y Horacio Lores, Educación y Minería, respectivamente.
“La situación irregular que se ha producido no sólo constituye la transgresión a la normativa reglamentaria, sino fundamentalmente una flagrante afectación al sistema federal y a los derechos de las provincias, representadas por los senadores que integramos el interbloque”, manifestó Rodríguez Saá en una carta dirigida a Boudou. Se prevén algunas vacantes para integrar a los peronistas disidentes, aunque fueron relegados de las todas las presidencias que ostentaban.
Durante la sesión, el jefe del bloque radical, Luis Petcoff Naidenoff, salió a respaldar la negociación: “Desde la bancada de la UCR acompañamos el acuerdo político y celebramos que la palabra ‘acuerdo’ no sea mala palabra en la Argentina”, señaló. Los radicales se quedaron con Asuntos Municipales, para Alfredo Martínez; Ciencia y Técnología, para Pablo Verani; Derechos y Garantías, para Eugenio “Nito” Artaza; Economía Nacional, para Laura Montero; Industria y Comercio, para Arturo Vera; y Salud, para José Cano.
En el reparto, el interbloque del FAP con cuatro miembros salió favorecido con dos presidencias para el socialista Rubén Giustiniani (Ambiente y Desarrollo Sustentable) y Luis Juez (Población y Desarrollo Humano). El peronista pampeano Carlos Verna se quedó con Coparticipación Federal y el radical disidente José Roldán, con Turismo.
En este esquema, el senador Aníbal Fernández quedó al frente de Presupuesto y Hacienda; Marcelo Fuentes, de Asuntos Constitucionales, y Marcelo Guinle, de Acuerdos.
Nacido en Buenos Aires, el 18 de enero de1878, se asomó de niño a la maravilla de los campos bajos en La Conchera de Flores, establecimiento de su padre que se erige orgulloso en el sur de la provincia de Entre Ríos, lugar donde observó gestos y actitudes de pobladores isleños que luego reflejaría en su dramaturgia.
Entre las medidas se encuentran incorporar al Repro II a los sectores críticos de las Industrias Culturales; un programa de asistencia al empleo con un presupuesto de 355 millones de pesos, destinado al sostenimiento de la actividad del teatro y la música en vivo; la extensión de los créditos destinados a las pymes Culturales hasta el 31 de marzo, entre otros.
“Hablar con la oposición no es un signo de debilidad sino muy por el contrario representa madurez política y un acto de responsabilidad frente a los problemas que van a dejar a las futuras gestiones por culpa de sus desaciertos en el manejo de las finanzas públicas”, consideraron desde Convergencia.