Por Emiliano Gomez Tutau *
El RENAF es un instrumento que surgió en el contexto de la emergencia de un nuevo actor, uno invisibilizado durante décadas, uno que demostró que “El Campo” no es uno, es múltiple. El sujeto agrario que emergió con fuerzas hace siete años, hoy tiene una Ley que lo ampara. La Ley de Reparación Histórica a la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, -sancionada a fines de 2014, año en que la FAO declaró como Año Internacional de la Agricultura Familiar- significa que el Estado, y también la sociedad comienza a entender que la producción de alimentos no pasa por `El campo’, sino por ese ‘otro campo’.
La resolución 125 buscaba la redistribución de ganancias extraordinarias producto de elevadísimos precios internacionales, principalmente del cultivo de la soja. La Federación Agraria Argentina no sólo no participó de este nuevo lockout, sino que lo argumentó de manera contundente con un claro mensaje hacia las otras tres patronales. “Los pequeños y medianos productores no hacen paro por que necesitan vender para cubrir sus erogaciones y tampoco especular, por las mismas razones”, expresó en una entrevista a Página 12 el presidente de la FAA, Omar Principe.
Escuchando las bases, se dio una estrategia de diálogo con el gobierno para defender los verdaderos derechos e intereses de los pequeños y medianos productores, como lo son las diferenciación de las políticas públicas y segmentación (progresividad) de las retenciones que han propuesto a los Ministros de Agricultura, Casamiquela y al de Economía, Kicillof. “En el pasado, hemos perdido posibilidades por ser funcionales a propuestas reivindicativas de las otras entidades que no nos favorecían”, reflexionó Principe.
En el diálogo con el Gobierno, se pudo concretar créditos del Banco Nación, el aumento de 0.30 (centavos) por litro de leche a pequeños productores que sumarían el 85% de los mismos. Sin embargo, es preocupante que la Delegación Entre Ríos de la FAA, no haga propias las nuevas definiciones de la dirigencia Nacional, electas democráticamente por la mayoría de sus productores asociados y continuando con una visión que no favoreció a los pequeños productores, funcionales a otros intereses, sectoriales y políticos, con claros objetivos de subvertir el estado democrático; se adhieren al paro comercial de las corporaciones rurales, las cuales concentran la mayor proporción de la tierra en Argentina. Esta medida responde más a proyectos políticos individuales con claro cejo opositor que propone un modelo liberal que casi toda América Latina ha dejado atrás, modelo que produjo las mayores diferencias sociales en el país y Latinoamérica, diferencias que aún hoy faltan transformar.
En conclusión, creemos necesario reflexionar sobre la representatividad de los distintos sujetos que comprenden el agro argentino, para entender que hoy como hace siete años, la mayoría de los trabajadores del campo como la agricultura familiar, los pequeños y medianos productores, campesinos e indígenas no forman parte de los intereses de quienes realizan el lockout.
*Coordinador de la Delegación Entre Ríos de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación.