El abogado Marcelo Baridón, querellante en diversas causas de lesa humanidad, habló de las deudas que quedan para conseguir verdad y justicia sobre lo ocurrido en la última dictadura militar, pero también destacó los logros y el enorme trabajo colectivo en esta materia.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Baridón sostuvo que “hay que poner en balanza todo lo que se logró y el enorme trabajo de los organismos de derechos humanos, de la Secretaría de Derechos Humanos, organismos como Agrupacion HIJOS, La Solapa, los denunciantes individuales, un trabajo de construcción de justicia colectiva enorme, que se enfrentó en Entre Ríos a una circunstancia muy particular especialmente por las dimensiones de la provincia y su importancia estratégica dentro de la República”.

“En Entre Ríos los organismos de inteligencia del Estado durante la dictadura operaron bien entrada la democracia y esa actuación en contra de todo el esfuerzo de los organismos de derechos humanos produjo efectos retardatarios, de ocultación de información, que impidió a los organismos y a quienes buscaron justicia poder concretar y encontrar aun mas responsables. De hecho, los hay y todavía están a la vista, como el mellizo de Gullino que se acreditó su nacimiento en el Hospital Militar y sin embargo no se ha logrado hasta la fecha poder reencontrarnos con este joven. Y en Entre Ríos lo que no se ha logrado todavía ha sido responsabilidad de la penetración de los organismos de inteligencia en las investigaciones”, refirió.

En ese sentido, apuntó: “No me olvido de un personaje que llegó a ser diputada provincial como Mónica Torres, que fue subsecretaria de Derechos Humanos en el gobierno de Jorge Busti y sin embargo estaba vinculada estrictamente a los servicios de inteligencia. Los partidos tradicionales de izquierda, y tanto el Partido Justicialista como la Unión Cívica Radical de Entre Ríos, han tenido personal de inteligencia metidos dentro de sus estructuras que operaban perfectamente. Gente que nos enteramos con posterioridad quiénes son, y cuáles fueron sus roles, y lamentablemente eso no se ha logrado investigar como si se investigó en otras jurisdicciones”.

“Ese es un punto de gran trascendencia que irradiaría efectos sobre toda una serie de saldos investigativos que hoy por hoy aparecen como déficit, pero en un marco de un enorme y titánico trabajo no solo de la Justicia Federal sino básicamente del Ministerio Público Fiscal Federal, que en estos casos ha tenido una posición unívoca, y de los organismos”, refirió.

El abogado agregó que “otro déficit importante, más doméstico, es el rol de la Policía de la provincia de Entre Ríos que, no sólo quemó archivos, sino que no inició ningún sumario administrativo ni posibilidad de reconstrucción”. “En la administración muchas veces se pierde documentación por infinidad de razones, pero ante la pérdida de esta documentación de importancia histórica lo que corresponde es hacer una reconstrucción. Decisiones que la democracia no tomó, y en eso creo que las responsabilidades son más nuestras, de los hombres y mujeres de la democracia que no hemos sabido tomar este tipo de decisiones”, afirmó.   

Sobre la postura del gobierno de Javier Milei de negar lo que pasó, Baridón aclaró: “Para el régimen jurídico de Occidente, el terrorismo de Estado constituye delitos de lesa humanidad, razón por la cual su persecución carece de límites territoriales, de límites temporales, y demás. Sobre cómo saldó jurídicamente la República los eventuales crímenes cometidos en el marco de detenciones sociales, los saldos me dan indultos, jurídicamente esto está resuelto. Las connotaciones de otro orden, políticas, morales o revisiones históricas formarán parte del debate público, pero desde la perspectiva jurídica es un tema cerrado. Y eso no sólo ocurre en Argentina y en Entre Ríos, ocurre toda vez que el derecho describe y encierra determinados fenómenos dentro del concepto de terrorismo de Estado, y en ese marco se producen ilícitos y tensiones que algunos quedan comprendidos y otros fueron indultados. Las intenciones de reabrir el debate formarán parte de intenciones de orden histórico, pero jurídicamente no creo que haya debate posible”.

“Las discusiones sobre el rol histórico que le cupo a cada uno dentro de las tensiones de una comunidad, no hay sentencia judicial que las pueda cerrar, forma parte de la vida misma de la democracia, pero el debate jurídico está cerrado desde que se reabrieron las causas, desde que algunos de los indultos se declararon nulos y se retomaron las investigaciones a raíz de los juicios por la verdad. Esa fue la respuesta del sistema jurídico, el resto de los debates formarán parte de la comunidad, sumamente doloroso por supuesto, pero el derecho ya se expresó”, concluyó.