El Poder Judicial reprogramó una audiencia de apelación en la que se discutirá si se confirma o revoca el sobreseimiento al exgobernador y exembajador argenitno en Isarel y Chipre, Sergio Urribarri, de una causa en la que fue investigado por la presunta recepción de coimas por parte de la firma proveedora de software Relevamientos Catastrales, del empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros.
El sobreseimiento fue dictado el 3 de mayo por el juez de Garantías Mauricio Marcelo Mayer, de acuerdo a los artículos 395, 397 inciso 5º del Código Procesal Penal en simetría con el fallo "Cozzi" emitido en diciembre de 2021 por la Sala Penal del Superior Tribunal de Entre Ríos.
Se trata del fallo que benefició a Juan Alfonso Blasón Lorenzatto en una causa por presuntos contratos truchos en la que estaba denunciado el exdiputado radical Ricardo Troncoso. En dicho fallo se declaró vencida la facultad de la Fiscalía para investigar por no haber solicitado prórroga para ello. Recienemente también consiguió ser sobreseído por la misma razón el exlegislador y exintendente de Macía, publicó Entre Ríos Ahora.
El fiscal Gonzalo Badano apeló la decisión del juez Mayer y en una primera instancia se fijó la audiencia para el 3 de junio, a las 9, ante el vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, Elvio Osir Garzón. Sin embargo, a fines de la semana pasada la audiencia se reprogramó para el 10 de junio.
El juez Garzón integró, junto a José María Chemez y María Carolina Castagno, el tribunal que el 7 de abril último condenó a Urribarri a la pena de 8 años de cárcel en el marco del megajuicio.
También trascendió que el acusador público apeló la negación de la probation que se había alcanzado con dos integrantes de la firma Relevameintos Catastrales, Alfonso José Campitelli y Jorge Adrián Zanabone. El 24 de mayo, el juez Mayer rechazó el acuerdo de probation que contemplaba una reparación al Estado provincial de 13 millones de pesos, sumando reparación de daños y multa. El magistrado señaló que si homologaba el acuerdo incurría en una contradicción con lo resuelto en el caso de Urribarri y sus funcionarios.
"Estando en la misma situación procesal, habría resoluciones disímiles. Con esto no estoy omitiendo que la suspensión de juicio a prueba no implica reconocimiento de los hechos por parte de los beneficiarios. En el sobreseimiento concluí la insubsitencia para seguir infvestigando por parte de la FIscalía, lo que en esta etapa del proceso implica la caducidad de la acción penal", dijo entonces.
Antes, la Fiscalía pidió la elevación a juicio de la causa, y por ello batalla para que se revoquen los sobreseimientos. Además de Urribarri, los funcionarios envueltos, según la Fiscalía, en estas maniobras de sobornos eran Carlos Haidar, Director de Informática de la Provincia; Miguel Angel Ulrich, Director General de Ajustes y Liquidaciones; José Gervasio Laporte, Secretario Legal y Técnico de la Provincia; Luis Alfonso Erbes, Subsecretario de Presupuesto y Finanzas de la Provincia; Humberto Flores, Secretario de Hacienda de la Provincia; y Guillermo Smaldone, exministro de Trabajo.
La imputación dice que en 2007, Urribarri "se interesó en favorecer" a la firma de Cardona Herreros y que para ello intruyó a funcionarios "para que aportaran información anticipada y gestionaran dichas contrataciones a favor de Cardona y su empresa, que se vio económicamente favorecida, pagando la Provincia sobreprecios en cada contratación, que fueron utilizados para realizar pagos a los funcionarios intervinientes, en contraprestación por la realización por gestiones pertinentes y actos relativos a sus funciones". En el extenso escrito de remisión a juicio se detallan los presuntos pagos de sobornos realizados en diferentes períodos.
