Tras dos meses de juicio con unos 25 testigos en el Tribunal Oral Federal de Paraná, se realizaron los alegatos de la Fiscalía y de la querella quienes pidieron altas penas de cárcel para los hombres acusados de conformar una banda que se dedicaba a cometer delitos fiscales, por los cuales perjudicaron a la AFIP. Además, solicitaron el decomiso de bienes inmuebles y vehículos adquiridos en el período en el cual habrían operado y amasado fortunas.
Las cuatro personas que llegaron a juicio fueron Alicia Ibáñez, que trabajaba en la AFIP de Paraná, su hijo Roberto Izaguirre Ibáñez, Luis Salvador Morelli y Sergio De Araquistain.
Tal como informó UNO tras la primera jornada del juicio, de las extensas requisitorias de las partes acusadoras se desprende que las cuatro personas llegaron al debate acusadas de fraguar certificados de libre disponibilidad falsos o mellizos para la simulación de pagos. La AFIP retiene montos de dinero excedentes luego de los pagos a cuenta que un contribuyente puede disponer luego para el pago de impuestos. Los acusados habrían accedido a dos tipos de información: por un lado, de quienes contaban con esos montos a favor; por otro, de aquellos que estaban con deudas. Entonces, falsificaban o duplicaban los certificados de los primeros, que luego vendían a los segundos. Aseguran que la maniobra fue ejecutada entre 2010 y 2015, cuando se sucedieron los allanamientos.
Un acuerdo criminal
El martes pasado fueron los alegatos del Ministerio Público Fiscal, donde a lo largo de cuatro horas y media el fiscal general José Ignacio Candioti, quien actuó junto al adjunto Juan Podhainy, realizó una descripción de toda la prueba recibida, tanto documental como testimonial, a lo largo de dos meses de audiencias.
Los acusadores públicos concluyeron que se demostró que Morelli, Izguirre y De Araquistain conformaron un verdadera asociación ilícita, en la cual tenían un acuerdo criminal entre ellos destinado a cometer delitos fiscales. Y afirmaron que el mismo era permanente, continuo y que lo mantuvieron a través de varios años, desde 2010 hasta 2015.
Consideraron que De Araquistain tenía el rol de organizador porque había creado la estructura funcional y trajo el negocio ilícito de Buenos Aires. Es decir, llegó a Paraná con la idea delictiva que otros desarrollaban allí, se la presentó a Morelli, que la adaptó a la realidad local, y quien hizo entrar en la banda a Izaguirre. Estos últimos dos imputados, sostuvo la Fiscalía, formaban parte de la Asociación ilícita, con otras funciones.
A su vez, Candioti y Podhainy aseguraron que de ninguna manera se podía aceptar que el accionar de los acusados hubiese sido negligente o culposo, descartando la versión que habían dado al declarar. Afirmaron que se trató de un accionar consciente y voluntario tendiente a enriquecerse dolosamente a través de las actividades ilícitas que la asociación realizaba.
Para De Araquistain la Fiscalía pidió la pena de seis años de prisión efectiva, en tanto que para Morelli e Izaguirre, cinco años. Respecto a Alicia Ibáñez, no formularon acusación porque, a diferencia de los otros tres imputados, a su respecto las pruebas no eran suficientes para pedir una condena.
Por otra parte, los fiscales pidieron el decomiso de propiedades de De Araquistain: tres vehículos de alta gama y tres campos, uno de ellos de 1.200 hectáreas y otro es un viñedo que compró en la provincia de Mendoza. En caso de que se haga lugar a esta solicitud, pasarían a manos del Estado nacional bienes que en su conjunto tienen un valor millonario.
La Fiscalía afirmó que estaba acreditado que esas propiedades fueron producto del delito, es decir adquiridas desde 2012 en adelante, con las ganancias ilícitas, cuando la asociación ya estaba funcionando.
Por último Candioti solicitó al Tribunal que, en caso de condenar a los acusados, les dicten la prisión preventiva para los tres hombres, porque consideraron que existe el riesgo procesal, entre otras cuestiones porque cuentan con recursos para fugarse. Para ello, se basaron en el precedente del juicio de la quiebra fraudulenta de la familia Waigel, condenados el año pasado, a quienes tras el veredicto les impusieron dicha medida cautelar de cumplimiento domiciliario.
En tanto, la semana pasada fueron los alegatos de la querella de la AFIP-DGI, a cargo de Diana Marina Núñez y María Florencia Sieber, quienes consideraron que el delito imputado a los cuatro acusados e el juicio se demostraron, A diferencia de la Fiscalía, también pidieron condenar a la exempleada del organismo recaudador, y entendieron que los tres hombres tenían el rol de organizadores de la empresa delictiva.
Por ello, las abogadas pidieron siete años y seis meses de prisión para De Araquistain, y seis y medio para Ibáñez e Izaguirre. En tanto, a Ibáñez la catalogaron como partícipe secundaria del delito de asociación ilícita fiscal, y para ella pidieron tres años de prisión condicional.
La otra semana comenzarán los alegatos de los abogados defensores Miguel Cullen, José Velázquez, Sergio Avero y Damián Petenatti. Se espera que duren un par de días, por lo cual podría haber un veredicto del Tribunal presidido por Noemí Berros a fines de abril o inicios de mayo.
Fuente y foto: diario Uno
