De los 26 condenados de las causas Narcoavioneta y Narcomunicipio solo quedan dos alojados en la cárcel: el sindicado como jefe de la banda, Daniel “Tavi” Celis, y el peruano Wilber Figueroa Lagos, emisario del proveedor de cocaína. Celis ha pedido recientemente el beneficio de la salida socio familiar, al haber cumplido la mitad de la pena que fue de 15 años de prisión (unificada la de narcotráfico con la de un asalto previo) pero logró reducirle 11 meses por los cursos que realizó. La Fiscalía se opuso tajantemente debido a la gravedad de los delitos cometidos, así como por el informe negativo del equipo técnico del Servicio Penitenciario. Ahora deberá resolver el Tribunal Oral Federal de Paraná.
Respecto al pedido formulado por el condenado, su abogado defensor Augusto Lafferriere dijo: “Daniel se encuentra detenido actualmente en la Unidad Penal 1. Tránsito un tiempo de su ejecución de pena en la Unidad Penal 8 de Federal. Actualmente ya se encuentra según los plazos normativos con la posibilidad de acceder al beneficio de las salidas socio familiares y salidas laborales, ha transcurrido más del 50% de la pena. Además, ha obtenido diversos descuentos por estímulo educativo. Todo está establecido en la Ley, no es un caso especial para Daniel Celis, sino que se encuentra estipulado para todas las personas, que cumpliendo ciertos parámetros pueden acceder tanto al descuento por estímulo educativo que implica poder dejar en la Unidad Penal antes de tiempo”.
“También tenemos otro estímulo que es el de las salidas sociofamiliares y sociolaborales que permiten que la persona privada de la libertad pueda acceder antes a la vida extramuros, no solamente trabajar o realizar tareas dentro de la unidad penal, sino que lo puede hacer fuera de la misma, por ejemplo, teniendo un trabajo estable de 8 horas diarias o saliendo los fines de semana, para reforzar los vínculos familiares. Esos son los beneficios que establece la ley y que entendemos desde la defensa que en el caso del señor Celis se cumplimentan y debería el Tribunal hacer lugar”, agregó.
Cabe recordar que Celis fue el que recibió la mayor pena de los 26 condenados en el juicio a fines de 2019, de 13 años de prisión. Él ya estaba cumpliendo desde 2016 la condena por un asalto en Las Cuevas (Departamento Diamante) de siete años de cárcel. Luego le unificaron ambas penas en 15 años. A esta altura lleva siete años en el encierro, pero logró que le descuenten 11 meses a partir de distintos cursos realizados, como el de Auxiliar en Gestión de PyMEs, por el que cumplió 250 horas reloj, a cargo del CGE, y el de Peluquero, por 210 horas reloj, ambos certificados emitidos el 1° de diciembre.
“La detención fue en agosto de 2016 y la mitad de pena se cumpliría en mayo de 2024. Pero como tiene un descuento ya aprobado de 11 meses, en junio de 2023 ya tuvo la posibilidad a partir de esa fecha de acceder a los beneficios de salidas. Aun así, ha continuado realizando cursos. La libertad condicional que estaba proyectada para enero de 2026. Con estos nuevos cursos se adelantaría para 2025”, detalló Lafferriere.
“Nosotros entendemos que hay razonabilidad en el planteo que hacemos, porque no hay fundamento suficiente para denegar el pedido. Tenemos que destacar también que es el único de las causas narcoavioneta y narcomunicipio que no ha obtenido hasta el día de la fecha beneficios. No está teniendo un trato igualitario frente a la Ley respecto de los demás penados. Hay muchas personas en la causa que se han recuperado de la libertad, que han obtenido beneficios de salidas, otros tienen libertad condicional. Miguel Celis, el hermano, también siendo condenado por organizador de la banda de tóxicos, actualmente se encuentra libertad. En el caso de Daniel, ni siquiera hasta la fecha le han otorgado la posibilidad de salidas socio familiares”, subrayó el abogado.
El fiscal general José Ignacio Candioti dictaminó en contra de otorgarle el beneficio a Celis, por varias razones. En su escrito de varias páginas argumentó que se trata de un hombre que toda su vida vivió infringiendo las normas y que no se debe pasar por alto el delito grave por el cual está preso, que es la organización del narcotráfico, más aún en una causa donde demostró vinculaciones políticas.
Además, Candioti citó el informe Técnico Criminológico que sostiene: Celis “ingresa al sistema penitenciario provincial en el mes de septiembre del año 2016, habiendo presentado dificultades para introyectar y adaptarse a las normas institucionales, razón por la cual ha recibido sanciones disciplinarias (…) se torna muy aventurado al momento, considerar que el sujeto pueda sostener en el tiempo este tipo de compromiso (…) nos encontramos ante un sujeto en el cual domina un estilo comportamental caracterizado por el pasaje al acto (…). Asimismo, se observa una tendencia a minimizar sus conductas transgresoras”.
En este sentido, el fiscal general refirió que “el interno ha sido sancionado en ocho oportunidades durante su tránsito institucional, cuatro de ellas, corresponden a infracciones ocurridas en el año 2022”.
“A su vez -agrega Candioti-, el Informe Pronóstico del Consejo Correccional concluyó de manera similar al criterio expuesto precedentemente, sosteniendo que debía desestimarse el pedido incoado por Celis, fundando el rechazo en la identificación en el legajo personal del interno de ‘reiteradas novedades que dan cuenta de las dificultades que registra en la adaptación a las normas y reglas que rigen el sistema penal y en la convivencia con los otros, lo cual genera constante inestabilidad en su proceso’”.
El fiscal general no niega que Celis cumplió con el requisito temporal para obtener el beneficio, pero sostiene que no es este el único aspecto a valorar para otorgarlo. Además, sostuvo, se debe tener en cuenta la historia criminal del interno, el tipo de delito por el cual le impusieron la condena, y no es menor el riesgo de fuga. No es lo mismo otorgarle las salidas a una persona que le resta cumplir un año de prisión que a otra que le quedan siete por delante, lo cual puede llevarlo a evadirse.
Ahora resta esperar la resolución del Tribunal respecto de estas posiciones antagónicas sobre uno de los internos de más alto perfil entre los alojados en el Servicio Penitenciario de Entre Ríos.
Foto: Uno Entre Ríos
