N.B. de ANÁLISIS

Los defensores Ignacio Díaz, Leopoldo Cappa, Javier Baños, Fernando Burlando y Miguel Cullen se presentaron este jueves en la audiencia para discutir las prisiones preventivas de Sergio Urribarri y Juan Pablo Aguilera, además de la modalidad de ejecución penal para Pedro Báez.

Los abogados contestaron al requerimiento de los fiscales Patricia Yedro, Gonzalo Badano, Juan Francisco Ramírez Montrull e Ignacio Aramberry. Los representantes de la acusación pública vienen pidiendo, desde el 18 de abril pasado (un día después de que la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia rechace los recursos y confirme las condenas derivadas del megajuicio por corrupción), que comiencen a ejecutarse las penas. En el caso de Urribarri y Aguilera, solicitaron que cumplan prisión preventiva hasta que la sentencia adquiera firmeza y en el caso de Pedro Báez, los fiscales reclamaron que lo trasladen a la Unidad Penal porque consideran firme la condena en su contra.

Los defensores rechazaron todos los pedidos fiscales. Descartaron cualquier posibilidad de fuga en el caso de Urribarri y Aguilera, consideraron que si la sentencia no está firme, las preventivas no son legales; y puntualmente sobre Báez, aseguraron que el recurso a la Corte Suprema está presentado, por lo tanto su situación sería la misma que Urribarri y Aguilera, aunque si los jueces deciden mandarlo a prisión, que sea domiciliaria o se posponga su traslado durante 60 días.

Sergio Urribarri: “Creo, bajo todo punto de vista, que soy inocente”

“A mi defendido lo embargaron y es jubilado”

El abogado Leopoldo Cappa, codefensor de Urribarri junto al dúo porteño que conforman Javier Baños y Fernando Burlando, reclamó al tribunal que descarten el riesgo de fuga advertido por los fiscales.

“Mi defendido nunca evadió la justicia. Cuando lo condenaron estaba del otro lado del planeta. El mismo día renunció al cargo y comenzó a organizar su vuelta al país. Ustedes tratan a diario estas cosas, saben que no hay ni hubo riesgos de evadir la justicia. La teoría fiscal se derrumba como castillo de naipes. Del mismo escrito se desprende que la sentencia no está firme porque está pendiente en recurso extraordinario federal”, dijo Cappa. “A mi defendido lo embargaron y es jubilado, tiene su jubilación embargada”, alertó en defensa de Urribarri.

Fernando Burlando estuvo presente durante toda la audiencia pero no habló. Sí lo hizo su socio, Javier Baños. “No hay riesgo procesal ni de fuga, no hay peligro de entorpecimiento porque esa instancia ya se superó. Voy a hacer observaciones desde el punto de vista práctico y dogmático. Los abogados sabemos que el único título valido para mandar a alguien a prisión es la sentencia condenatoria firme y hasta que no media eso, no es legítimo. Realmente pensé que no iba a ser necesario detenerme en estos aspectos. Pensé que todos sabíamos que la libertad estaba garantizada, que ningún fallo puede oponerse a estos principios. Una prisión preventiva no es legítima, es arbitraria e inconstitucional si no tiene sentencia firme. Urribarri es jurídicamente inocente y hasta que no esté firme la sentencia no hay discusión”.

Después, el abogado porteño se corrió de los argumentos jurídicos y ahondó sobre las teorías conspirativas que viene denunciando la defensa del exgobernador. Habló de juzgamiento por “comisión especial”, dijo que Urribarri y su familia son “víctima de ataques”, aunque el exmandatario “siempre estuvo a derecho, jamás desobedeció una orden judicial”.

“Los fiscales dicen que la instancia judicial se está por terminar, que hay peligro de fuga, que le van a imponer una pena como resultado de un proceso, que el exgobernador tiene medios para profugarse y la magnitud de la condena es un dato para sostener el peligro de fuga”, enumeró. “Todas las circunstancias que mencionaron los fiscales no tiene que ver con el proceso judicial, son discriminatorias, no tiene que ver con los riesgos, no fueron demostradas en los expedientes”, agregó.

“Juan Pablo Aguilera no fue oído”

El abogado Miguel Cullen representó este jueves a Juan Pablo Aguilera porque su histórico defensor, el abogado Marcos Rodríguez Allende, no está en la ciudad. Consideró que el pedido de preventivas es la solicitud de una “medida cautelar”. “La condena no está firme. No hay posibilidad de otorgar preventivas la hasta que la CSJN no rechace el recurso. Esto es invariable, y lo ha ratificado la Corte”.

En el mismo sentido argumentó: “Mientras haya posibilidad que la sentencia mute, no hay firmeza. ¿Es posible que mute la sentencia? Sí. Entonces no volvamos sobre problemas que no están en conflicto”, dijo. Ciertamente, ninguno de los fiscales planteó la firmeza de la sentencia. “A lo que apunta una medida cautelar es a preservar el proceso, no adelantar una pena, sino preservar el proceso. Eso debe traernos quien solicita la cautelar para que el tribunal evalúe si es necesario aplicar la medida que garantice que los sujetos van a cumplir con proceso, no es tan complejo”, aseguró. 

Después se quejó porque “Juan Pablo Aguilera no fue oído, sólo en Casación pudimos plantear los recursos” y criticó: “La mayoría de las alocuciones de los fiscales fueron para Urribarri y no para Aguilera”. Cuestionó que la Fiscalía haya citado como antecedente la prisión preventiva del femicida Jorge Martínez, una causa que no puede compararse con delitos de corrupción.  

“Las preventivas se piden cuando hay posibilidad de entorpecimiento. Ese riesgo ya pasó. Lo que queda como resabio para habilitar el encierro es el peligro de fuga. Pero Aguilera siempre estuvo a disposición del proceso, es imposible que vaya a fugarse. Y no pueden basarse en la alarma social o vagas hipótesis genéricas”, sostuvo y por último hizo una acotación: “Todos los remedios que presentó Cappa son legítimos y fueron para generar dilación”.

“La condena de Báez no está firme y hay riesgo de salud”

“El pedido respecto a mi defendido considera que la sentencia en su caso está firme. Debo disentir absolutamente”, alegó Ignacio Díaz. Dijo que el recurso presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación también fue suscripto por Báez y que sólo hubo un olvido en la carátula que no lo menciona, aunque sí el documento cuenta con su firma al final como defensor y con su correo electrónico entre las vías de contacto con los defensores apelantes.

“Deducimos el recurso ante la Corte junto con los demás imputados y está pendiente de resolución. Entre Ríos no es un estado aislado, forma parte de un sistema mixto por delegaciones. Debemos considerar obligatoriamente los fallos de la Corte que ha dicho que la vía procesal se agota en la Corte y no en las provincias”, afirmó. “Estamos convencidos que se cometió una injusticia procesal. Eso afecta el desarrollo del proceso, la salud y la vida de Báez. Recordemos que la prisión no es para matar ni torturar a nadie, ni agravarle la salud si no tiene la debida atención”, añadió.

Díaz pidió que el exministro sea beneficiado con la no firmeza de la sentencia. Dijo que el doble conforme no es aplicable. “Estamos convencidos que la sentencia respecto de mi defendido no está firme”, reiteró y sostuvo que es “imposible acreditar riesgo de fuga en el caso de Báez”. “Es el imputado que más presente estuvo en las audiencias”, apuntó.

En caso de que los jueces consideren mandarlo a prisión, Díaz reiteró que sea domiciliaria. “En caso de que consideren firme la sentencia de Báez, voy a pedir que otorguen una prórroga razonable para evaluar la enfermedad de Báez y estimar la posibilidad cierta de que en la Unidad Penal se pueda establecerse la atención adecuada, una prórroga de 60 días”.  

Por último, consideró que no es necesario ir al Juzgado de ejecución para que resuelva esta cuestión sino que puede hacerlo el tribunal que preside Castagno.