Abogados ambientalistas revelaron “una minuciosa investigación que precisa el entramado ilegal del poder político y el extractivismo forestal en Chaco que incluye corrupción, permisos truchos y canje de votos en el Senado nacional”. “Lo que durante años fue sospecha y denuncia social, hoy se confirma con expedientes, mapas, nombres propios y cifras oficiales”, anunciaron.
El Equipo Interdisciplinario de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas - Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial, presentó “un riguroso análisis de las pruebas judiciales recabadas en la causa federal conocida como la Mafia del Desmonte en Chaco”.
El análisis de la prueba fue presentado este jueves en la causa que tramita ante la Justicia Federal de Chaco. Se solicitaron nuevas medidas y la ampliación del requerimiento de Instrucción contra el diputado imputado Juan José Bergia y las autoridades nacionales de Bosques.
“La evidencia procesada es abrumadora. Cruces de expedientes, permisos, nombres y empresas revelan con precisión quirúrgica cómo funciona desde hace décadas una maquinaria público-privada diseñada para desmontar, saquear y ocultar. No se trata de denuncias aisladas. Ponemos nombre y apellido a cada punto del sistema: funcionarios que habilitaban lo prohibido, técnicos que gestionaban el desmonte a escalas industriales, y empresas nacionales y extranjeras que se montaban”, manifestaron.
Y alertaron: “El entramado supera el ámbito provincial. La acreditación nacional del nuevo Ordenamiento Territorial, pese a que estaba judicializado y plagado de irregularidades técnicas, fue la moneda de cambio de un canje de favores con la Casa Rosada. Víctor Zimmermann, ex ministro chaqueño y autoridad ambiental de la provincia, volvió al Senado Nacional para garantizar al oficialismo nacional su voto para el acuerdo con el FMI, entre otras leyes. A cambio, el gobierno de Milei legalizó el ecocidio en Chaco. Lo que se vendió como un intercambio técnico es un pacto político que habilita el saqueo de nuestra naturaleza, de uno de los ecosistemas más biodiversos de Sudamérica”.
A su vez, “la investigación revela que el diputado chaqueño Juan José Bergia no es solo un engranaje más, sino uno de los arquitectos políticos del sistema de legalización del saqueo forestal. En 2012 impulsó el artículo 53 de la Ley 2079-R, que permite a los infractores ‘usufructuar’ la madera talada ilegalmente tras pagar una multa simbólica. Y en 2025, redobló la apuesta: diseñó y logró la aprobación del proyecto 1861, que otorga aún más beneficios a los responsables de desmontes ilegales, incluyendo descuentos para el ‘aprovechamiento de productos abatidos’”.
Vía libre al desmonte
Los abogados sostienen que “entre 2011 y 2021, la Dirección de Bosques del Chaco otorgó 1.335 permisos de cambio de uso del suelo. Casi el 20% de toda la superficie desmontada en ese período fue concentrada por apenas 15 propietarios. La mayoría son sociedades anónimas que operaron como verdaderos sociedades anónimas de desmonte. El caso más extremo es el de Cuenca del Salado S.A., que recibió autorización para desmontar más de 7.300 hectáreas, el 94% de ellas en zonas donde el desmonte está expresamente prohibido:
El zorro en el gallinero
El ex ministro Hernan Halavacs “gestionó permisos de cambio de uso del suelo para desmontar casi 38.000 hectáreas en total, con una influencia y participación creciente en los últimos 10 años”.
“Los propietarios a quienes Halavacs gestionó permisos para desmontar las mayores superficies son Juan Antonio Aloi (propietario de la Finca Monterrey vecina al Parque Nacional Copo donde se habilitaron para desmontar por recategorización predial 2.000 hectáreas en 2016), Alejandro Hayes Coni (1.600 hectáreas), Los Tordos S.A. (1450 hectáreas), Las Guindas S.A. (empresa de la Aceitera General Deheza, 1.331 hectáreas) y varios predios de la familia Vicentín”.
“De un total de 1.335 permisos de cambio de uso del suelo otorgados por la Dirección de Bosques entre 2011 y 2021, se evidencian dos períodos con alta cantidad de permisos y superficie habilitada para desmontes: en 2013 bajo la gestión de Miguel Ángel López y en 2016 bajo la gestión de Emanuel Carrocino. Por ejemplo, en un año, el 2013, la Dirección de Bosques a cargo de Miguel Ángel López entregó más de 300 permisos de cambio de uso del suelo que significaron la habilitación de casi 35.000 hectáreas de desmonte. Solo en 2016, la Dirección de Bosques a cargo de Emanuel Carrocino entregó casi 200 permisos de cambio de uso del suelo que significaron la habilitación de casi 30.000 hectáreas de desmonte”, puntualizaron.
Permisos truchos y recategorizaciones
En el comunicado, los abogados mencionaron que “se habilitaron desmontes donde estaban prohibidos, y eso se hizo bajo la figura de recategorización predial. Así, 31.000 hectáreas de bosque nativo fueron bajadas de categoría para legalizar su destrucción, incluso dentro del Corredor Biológico del Chaco Seco y zonas lindantes al Parque Nacional Copo. Cuenca del Salado S.A. fue beneficiada con más de 6900 hectáreas. Esta forma de habilitar el desmonte se usó para 53 predios recategorizados. De ellos hay 12 casos que rondan o superan las 1.000 hectáreas desmontadas. Entre los beneficiados están Marcos Andrés Maggi (anterior dueño de la Estancia La Fabiana, vendida a CIGRA S.A.), Melisa y Héctor Giongo, Los Tordos S.A., TRIAD S.A.), Juan Antonio Aloi (2000 hectáreas recategorizadas en la Estancia Monterrey), Alberto Vicentin, La Nueva Pirámide S.A. (tierras fiscales entregadas a Ana Victoria Hupaluk y usufructuadas por INDUNOR S.A.) y el gigante pool de siembra MSU S.A”.
“El cambio de uso del suelo solo puede ser realizado si esta se encuentra debidamente autorizada. Pero además de los 1335 permisos de cambio de uso del suelo, la Dirección de Bosques de la Provincia de Chaco entregó 15.064 permisos entre 2009 y 2024, siendo nuevamente el año con mayor cantidad de permisos otorgados 2013 bajo la gestión de Miguel Ángel López con más de 1.500 permisos otorgados ese año. Más del 50% fueron de ‘aprovechamiento forestal’, disfrazando la extracción intensiva de ‘manejo sostenible’. Las asociaciones comunitarias Meguesoxochi y Misión Nueva Pompeya recibieron cientos de estos permisos, bajo control de operadores políticos denunciados”, aclararon.
“Autorizaciones Especiales”
Señalaron además “uno de los tipos de permisos más controversiales entregados por la Dirección de Bosques en los últimos 15 años: las ‘autorizaciones especiales’. Este tema es central en la investigación penal federal dado que refleja el entramado político empresarial que en su creciente impunidad llegaron a diseñar un sistema de incentivo perverso bajo el ropaje de ‘legalidad’, pero que en realidad es el mecanismo que permite ingresar la madera obtenida de desmontes ilegales al mercado formal de la economía”.
“Esta figura creada irregularmente por la Dirección de Bosques permitió que los desmontes ilegales fueran ‘regularizados’ a posteriori. Las llamadas ‘autorizaciones especiales’ se dispararon en los últimos años: 403 autorizaciones, 94 se dieron sólo el año pasado en 2024, 110 de ellas fueron gestionadas por Halavacs. Las empresas beneficiadas son Carbotec S.A, Argecosol SRL, Forestales del Chaco y ‘Katona SRL’ (empresa forestal de Los Frentones que es la principal proveedora de madera de Ana Victoria y Adolfo Eduardo Hupaluk), entre otras”.
La asignación del Fondo Nacional de Bosques
El Fondo de Bosques “es un instrumento de la Ley 26.331 diseñado para que tiene como objetivo compensar a los titulares de tierras que decidan conservar y hacer un manejo sostenible de sus bosques. La Ley Nacional, el COFEMA y la propia reglamentación chaqueña establecen que para asignar fondos tienen prioridad comunidades indígenas y campesinas respecto a empresas, bosques de alto valor respecto a bosques degradados y planes de conservación respecto a planes de manejo”.
“La provincia de Chaco hizo exactamente lo contrario a lo que establece la Ley por 12 años. El 98% de los fondos que debían destinarse a comunidades indígenas y campesinas fueron a parar a empresas, sociedades anónimas o funcionarios con negocios forestales. La Asociación Comunitaria Meguesoxochi, manejada por el diputado Bergia, recibió casi 100 millones mientras promovía desmontes en tierras indígenas. De los fondos recibidos por la provincia entre 2013 y 2018, el 30% de los mismos tuvo como beneficiario al Estado provincial (está permitido por Ley), el 69,1% se entregó a empresas y sólo el 0,9% fue destinado a comunidades indígenas y campesinas, pese a que las mismas que deberían haber sido priorizadas según la Ley”.
Permisos de transporte
La Asociación de Abogados sostuvo que “los permisos que el gobierno provincial entrega a los productores forestales van asociados a la entrega de una cantidad de ‘guías’. La cantidad de guías debe ser proporcional al volumen de productos forestales que el permiso habilita extraer del bosque nativo. Se entregaron cantidades desproporcionadas de estas guías de transporte forestal (permisos de transporte) respecto al volumen autorizado. Un caso es el de Ramón Jalil Abraham, con 1.374 guías para apenas 50 hectáreas. Otro caso fue el de Alejandro Ibáñez, con 485 guías para 45 hectáreas, derivadas en su mayoría a las tanineras. Las guías se usan como moneda para legalizar desmontes ilegales. Todos los datos demuestran la existencia de un mecanismo por el cual la Dirección de Bosques de la Provincia vende cupo d 1 e extracción a los productores forestales, mediante la expedición de guías sobregiradas, para que éstos puedan transportar legalmente los productos forestales extraídos de manera ilegal”.
Por último, manifestaron que “en tiempos de desconfianza en las instituciones y en los representantes de nuestra sociedad, la voluntad política y judicial para actuar es más necesaria que nunca. Las evidencias son contundentes e innegables, sin desarmar estas tramas de corrupción no habrá regeneración posible, tanto de nuestras sociedades como de nuestros ecosistemas”.
“Es imposible retomar la confianza en la justicia si se protegen intereses mafiosos. Avanzar hacia una transición ecosocial en nuestro país requiere, como primer paso, desbaratar estas redes que operan con impunidad desde hace décadas. Recuperar los ecosistemas del Gran Chaco y defender los territorios campesinos e indígenas empieza por decir lo que hay que decir: el desmonte tiene nombre, apellido y firma”, concluyeron.
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