El programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) mostró la realidad de los vecinos de barrio Camino Costero, en calle Pedro Londero al final de Paraná, que viven en alerta desde hace varios años por amenazas de desalojo de emprendedores privados que dicen ser dueños de los terrenos. Allí funcionó el denominado Parque Costero, un proyecto turístico municipal que ya no existe. Más de 30 familias de pescadores ven amenazada su fuente laboral ante la inacción de las autoridades.

Paraná viene perdiendo acceso al río desde hace muchísimos años, por el avance de los privados sobre la costa. Hoy es imposible llegar al río en una parte importante de la Costanera de la capital provincial porque los clubes privados cercaron las playas para uso exclusivo de sus socios, lo que era el balneario público Los Arenales se convirtió en un barrio privado, gran parte de Bajada Grande está repleta de mansiones frente al río que usurparon la costa. También el Parque Nuevo viene siendo ocupado por particulares que se adueñan del espacio público, y hasta los terrenos del Patito Sirirí se salvaron del avance inmobiliario por la acción de la ciudadanía.

Este es el grave problema que están viviendo desde hace tiempo las 31 familias del barrio Camino Costero, ubicadas en calle Pedro Londero al final, pasando el Centro Mariápolis. Muchos de ellos están asentados en el lugar hace más de 20 años, otros un poco menos, pero todos comparten su forma de vida y su fuente laboral, el río y la pesca. Algunos están ubicados en terrenos fiscales inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), otros se encuentran –sin saberlo- en lotes privados, y esto viene generando controversias y polémicas. 

Proyecto del Parque Costero

En el lugar, durante la Intendencia de Julio Solanas en 1995 se dio forma a un proyecto turístico denominado Camino Costero. Se colocaron miradores y escalinatas para que los vecinos de Paraná pudieran llegar hasta el río y disfrutar de la zona. Eso dio un impulso económico a los vecinos, que realizaban cruces en canoa, excursiones de pesca, venta de tortas y bebidas a los paseantes. Mediante la ordenanza N°7735 se nombró al lugar “Parque Costero Combate Vuelta de Obligado” y se dispuso la colocación de una Cruz de Ñandubay, “la que deberá ser una réplica de la Cruz instalada en el lugar conocido como “Vuelta de Obligado (Pcia. de Buenos Aires) y al pie de la misma deberá colocarse una placa en la que se transcriba la proclama del General Mansilla.

El problema se produce porque se trata de terrenos privados y no existe registro alguno de un acuerdo por el cual los propietarios hubieran entregado el uso al municipio, tampoco hay una delimitación del Parque. Se habla de la existencia de una deuda de impuestos por parte de los dueños de las tierras, que dio origen al acuerdo con la Intendencia, pero no existe ningún registro ni documento al respecto.

Denuncias judiciales

En 2020, los propietarios de los terrenos José María Armándola, Albino Matías Efraín Folonier y Pablo Luis Facundo Folonier hicieron una denuncia ante la Fiscalía a cargo de Martín Abraham por una serie de ocupaciones ilegales en la zona y la posterior venta ilegal de lotes en redes sociales. Esta causa judicial se hizo pública en los medios de Paraná que hablaron de usurpadores VIP.

En el escrito judicial plantearon: “Venimos por el presente, a ratificar las denuncias expuestas en la comisaría de El Brete el jueves 24 y sábado 26 de setiembre del corriente año. Asimismo, ampliamos aquellas denuncias, porque nos han despojado de la posesión y tenencia de terrenos de nuestra propiedad del área 143, por medio de la clandestinidad, un grupo de personas no identificadas ha invadido nuestra propiedad. Una vez invadido, estos sujetos han construido sobre nuestro terreno esa estructura de palos precaria”.

“Actualmente, nos han comunicado transeúntes del lugar, que están ingresando nuevos sujetos en forma clandestina a construir precariamente sobre nuestro terreno descripto, sobre calle Londero al final, sobre el área 179 (B), donde recientemente, hemos observado construcciones iniciales de palos, con una logística aplicada, cerca de las torres de alta tensión, mano izquierda. Al respecto, hemos denunciado el 26 de setiembre este hecho”, señalaron en la denuncia.

“En el mismo sentido, respecto a las usurpaciones de calle Pedro Londero al final, ya hemos realizado denuncias al respecto. Pero luego de la oleada nacional de usurpaciones, nuevamente otras personas, despojándonos del ejercicio y dominio de la propiedad, nuevos actos clandestinos de despojos. Hasta incluso, se ha instalado el Rancho Pandora, que está al finalizar calle Londero, pero hacia la izquierda que hasta hace turismo en nuestro terreno. Por ello, hemos adjuntado una captura de Google, donde aparece un teléfono de contacto”, dicen en la presentación judicial.

Y apuntan: “Principalmente, en la zona de calle Londero al final, tanto al derecho como a la izquierda, y posiblemente sobre la calle pública lindante a Puerto Barrancas, denunciamos conexiones clandestinas a la red de energía eléctrica en las viviendas que han construido, sin autorización, habilitación ni supervisión de Enersa”.

La petición que le hicieron a la Justicia es que se dispongan “tareas de relevamiento e identificación de todas las personas que se encuentren en el lugar realizando actos de despojos; pedir a Enersa que se constituya en el lugar a los efectos de determinar la existencia de conexiones clandestinas a la red de energía eléctrica; que se ordene a la Policía tareas de prevención y constatación, principalmente los fines de semanas, momento donde hay mayores movimientos de actos de despojos”.

El 25 de julio de 2023 se presentó otra denuncia judicial identificando a dos presuntos usurpadores Héctor Eduardo Chiarelo y Cristian Deharbe. La misma se amplió ante la Unidad de Atención Primaria en Tribunales el 23 de agosto de ese mismo año.

En diciembre de 2023 José María Armándola, Albino Matías Efraín Folonier y Pablo Luis Facundo Folonier solicitaron constituirse como querellantes ante el Juzgado de Garantías N°3, a cargo de María Gabriela Garbarino, sosteniendo la denuncia penal contra Héctor Eduardo Chiarelo, Cristian Deharbe, Hugo Carrasco, Walter Arener, Daniel González y Sergio Savio por considerarlos usurpadores de los terrenos. En el escrito judicial sostienen que estas personas “han roto tejidos, abierto calle en los terrenos de los condóminos Armándola, Pablo y Matías Folonier, que se encuentran en calle Londero al final, chacra 21 de la ciudad de Paraná. Luego en dicho lugar, han construido unos ranchos. También se dedican a limpiar terrenos y acondicionan para su posterior venta con el argumento de que se tratan de terrenos públicos, principalmente en la zona donde están las carcasas de colectivos tirados, tanto arriba como a orillas del río Paraná. De la misma manera, han empezado a abrir caminos y mantener otros en lugares donde no hay calle pública, sino solo terreno privado. Esta misma gente, también se encarga de llevar adelante conexiones clandestinas a la red de energía eléctrica en las viviendas que han construido, sin autorización, habilitación ni supervisión de E.N.E.R.S.A”, este hecho encuadra en los delitos de usurpación (art. 181 CP), defraudación (art. 173 inc. 3) y hurto de energía (art. 162)”.

La situación de los vecinos

En medio de estas “usurpaciones VIP” y los reclamos de los dueños legítimos del terreno, quedaron las 31 familias que viven en esa zona. Desde hace tiempo vienen denunciando amenazas de desalojo por parte de Armándola y Folonier, e incluso hablan de hechos violentos, quema de canoas, destrucción de ranchadas de pescadores, matanza de perros y demás.  

Se trata de un barrio de pescadores, de trabajadores humildes, que viven el día a día con lo poco que pescan o producen; un lugar de difícil acceso con cuatro kilómetros de tierra para llegar al Acceso Norte que los une con la ciudad. Hay unos 50 niños y adolescentes que concurren a la Escuela “Poeta Carlos Mastronardi”, ubicada en El Brete, al lado de la Comisaría 7ma. y que ven dificultada su escolaridad por la falta de asfalto y de transporte, además de la cuestión económico social.

En este contexto, en diciembre de 2022 se firmó un acuerdo de colaboración social entre José María Armándola, Albino Matías Efraín Folonier y Pablo Luis Facundo Folonier, como propietarios condóminos del terreno conocido como Parque Costero, la Fundación Organización Solidaria Mitre, que gestionaba un merendero itinerante en un predio de la zona, la Oficina de Mediación Penal del Poder Judicial de Entre Ríos, y los vecinos en calidad de “ocupantes de la zona”.

En dicho acuerdo se consignó que “los vecinos firmantes asumen el compromiso de cuidar las instalaciones y colaborar con su tiempo, denunciar inmediatamente cualquier hecho que ponga en juego la tranquilidad y seguridad del lugar, y toda intrusión o intento de usurpación. También a aportar aquellos quehaceres necesarios para el mantenimiento del merendero y el cumplimiento eficaz de su objeto”.

Según se informó, el objetivo del acuerdo de colaboración “es fortalecer la convivencia pacífica entre los propietarios condóminos y los vecinos, considerando el diálogo como una forma de superar los conflictos sociales y aunar esfuerzos a los efectos de potenciar la inclusión y el acceso de los niños y niñas a bienes básicos”. “El fin de esta colaboración, es una forma de abordaje a los problemas sociales para dar soluciones concretas y definitivas, con la indispensable colaboración de todas las partes interesadas y responsables, principalmente los propietarios condóminos y los vecinos”, se indicó.

No obstante, en los últimos meses los problemas se acentuaron y los vecinos buscaron la ayuda de la Asamblea Ciudadana Vecinalista que consiguió una audiencia con la intendenta Rosario Romero.

La postura de la Intendencia

Consultada por Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral), la intendenta Rosario Romero sostuvo que en la reunión con los vecinos se les aclaró que “los terrenos son particulares y están escriturados. La Municipalidad puede actuar si son calles públicas, y la única calle pública ahí es Pedro Londero. Además, respecto al Borde Costero, nunca hubo una delimitación del lugar, hay una ordenanza que solo le pone nombre al Parque, pero no establece límites. Se debió expropiar y no se hizo. Asimismo, al no existir subdivisión en los terrenos de Armándola y Folonier nunca se hizo la donación de espacio de reserva natural y calles al municipio”.

En tanto, indicó que “los vecinos particulares que hace 20 años que están ahí, tienen derechos posesorios y deben hacerlo valer por vía judicial. Se les aconsejó que inicien un juicio de usucapión, pero la Municipalidad no tiene capacidad de intervención en conflictos entre particulares. Es la Justicia la que debe dirimir sobre los derechos posesorios”.

Del encuentro participó también el secretario legal Palo Testa. Según informó Alicia Glausser, presidenta de la Asamblea Vecinalista, a Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) el compromiso de intendenta y funcionario fue “hacerse presentes en el lugar para analizar la situación y ver la posibilidad de abrir algunas calles que hoy están cerradas, de modo de garantizar el acceso al río para los vecinos”. “También les aconsejaron hacer algunos trámites ante la Defensoría del Pueblo, porque aquellos que están incluidos en el Renabap tendrían alguna cobertura legal, e iniciar juicios de usucapión porque hay familias asentadas en el lugar hace 20 o 25 años”, aseveró.

Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) también dialogó con el concejal Enrique Ríos (Más para Entre Ríos), uno de los pocos que viene ocupándose por la situación de este barrio, quien plantea la existencia de tres realidades: por un lado, algunas familias que están inscriptas en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) que estarían amparadas y se está trabajando con diversas organizaciones para dar una inegracion socio urbana a todos esas barrios Renabap; por otro lado hay vecinos que están asentados en terrenos privados, y en tercer lugar hay algunos vecinos que antes estaban asentados en Las Conchillas y que el municipio los trasladó a esta zona de barrio Costero y que dicen tener un permiso de uso otorgado por el municipio.

Ante esto, Ríos planteó “la necesidad de lograr un consenso social para encontrar una solución a los vecinos” y reveló que por ello habló con Armándola “para proponerle la creación de una mesa de diálogo, a lo que el empresario se mostró dispuesto”. “Con los hermanos Folonier no ha sido posible comunicarse porque no atienden el teléfono”, reconoció el edil.

Según el concejal, “hoy hay una fuerte iniciativa privada que busca quedarse con el último balcón al río que queda libre para realizar proyectos inmobiliarios”.       

Por otra parte, el abogado de los propietarios del terreno, José Velázquez, sostuvo ante Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) que "desde 2019 aproximadamente, hubo infinidad de denuncias por usuraciones de distinto tipo: por un lado estaban aquellos a orillas del río con casas de fin de semana, por otro lado algunos emprendimientos comerciales y en tercer lugar, las viviendas ubicadas en el barrio en la parte de arriba, con quienes hubo una mediación judicial y se acordó efectuar un abordaje para ir tratando diversas situaciones, ir trabajando uno por uno para buscar soluciones para cada familia". Aseguró que con "las familias que firmaron el acuerdo se siguen las conversaciones".

Consultado por la situación del Parque Camino Costero, explicó que "el terreno estaba sujeto a sucesión, y como no había acuerdo entre los herededores sobre qué hacer con el lugar, en 1995 el entonces intendente Julio Solanas creó ese parque sin saber que era privado. Incluso en esa gestión se entregaron algunos terrenos para construir viviendas. Con el paso del tiempo, solucionado el tema de la sucesión el municipio abandonó el proyecto, y lo que era Camino Costero se cerró despues de desalojar a la gente que se había asentado en esos terrenos".

Como resumen, el abogado afirmó que "es una realidad muy compleja, donde hay muchas familias asentadas en el lugar desde hace mucho tiempo y la intención no es ir a desalojar con topadoras, sino dialogar y buscar una solución vecino por vecino". Al respecto, manifestó su convencimiento de que "de a poco, se logrará un acuerdo con cada uno".