En un comunicado dado conocer por el Centro Patagónico (Cenpat) del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), expresaron las serias falencias de la ley de zonificación minera en la meseta central de Chubut. Se indicó que la iniciativa oficial no cuenta con el aval científico, que no se escuchó a los actores involucrados y que padece de fallas en cuanto al manejo hídrico, la gestión ambiental y la falta de licencia social.

“Chubut atraviesa horas de profundo conflicto social y político”, señala el Cenpat de Conicet en un comunicado firmado por su director Rolando González José y su vice, María Teresa Dozo.

Las autoridades del órgano científico del Estado repudiaron “los hechos de violencia y represeión policial que se están registrando en diferentes localidades de la provincia”, ante la resistencia del proyecto aprobado recientemente por la Legislatura local que habilita la mega explotación minera. “Es fundamental y prioritario recuperar la paz social de inmediato”, claman.

Esta declaración de rechazo al proyecto de Ley de Zonificación Minera en la provincia del Chubut y a la feroz represión policial del 16 de diciembre en la ciudad de Rawson, también sumó las adhesiones del Instituto Patagónico para el Estudio de los Ecosistemas Continentales (Ipeec), Centro para el Estudio de Sistemas Marinos (Cesimar) y el Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas (Ipcsh).

Desde el centro científico patagónico plantearon que la aprobación de ley 128/20 que habilita la explotación del recurso minero se efectuó “en un contexto en que se ha desoído a vastos sectores sociales (asociaciones civiles, iglesias, sindicatos, pueblos originarios, instituciones científicas y universitarias, etc.) interesadas en la discusión sobre el desarrollo integral de los y las habitantes de la meseta, y que asimismo perciben la inexistencia de organismo de contralor ambiental serio, a la altura del desafío planteado”.

Señalan que “de entre esos sectores, la ciencia y la tecnología han estado trabajando y a disposición en todo momento para aportar con compromiso y seriedad a las economías regionales de la meseta. También nuestro sector se ha expresado específicamente sobre la ley en cuestión, indicando falencias en aspectos relacionados con el manejo del recurso hídrico, la gestión ambiental y la falta de licencia social”, denuncian.

Asimismo, “especialistas en economía y desarrollo han llamado la atención sobre el esquema de regalías contemplado en el plexo normativo, que genera dudas sobre la generación de fondos genuinos para el estado provincial, dudas que también se traducen en la falta de garantías sobre la creación de puestos de trabajo calificados. Asimismo, se ha llamado la atención sobre la falta de un enfoque que, a través de la innovación tecnológica y el agregado de valor a la materia prima metalífera, podría haber iniciado un ciclo de auténtica transformación de la matriz económica provincial. Se aposó, por el contrario, a un enfoque puramente extractivista en manos de multinacionales”, fustigaron desde el consejo de investigadores de ciencia y técnica.

“Se trata entonces de un proyecto de alto riesgo ambiental, tensionante en lo social, y de muy baja capacidad de transformación de la economía provincial”, advirtieron.

Finalmente, plantearon que “el tipo de tratamiento que se ha impreso a la Ley 128/20 y la evidente ausencia de acompañamiento ciudadano, plasmada en la masivas movilizaciones en toda la provincia, indican que hacen falta gestos de grandeza política que revisen lo actuado y le devuelvan la paz social al pueblo chubutense”.

Fuente: ERA Verde