FOPEA también expresó su rechazo por la denuncia iniciada por Rossi.
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresó “su rechazo a la denuncia iniciada por el titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Agustín Rossi, contra los periodistas Joaquín Morales Solá y Daniel Santoro; y contra los diarios La Nación y Clarín”.
“El funcionario sostiene que los colegas y los medios para los cuales trabajan habrían infringido la Ley de Inteligencia al publicar el contenido de un pedido de informes de legisladores opositores. Sin embargo, la acusación de Rossi y su justificación pública apuntan directamente al rol que le cabe al periodismo en una democracia”, sostuvo la entidad.
Y agregó: “Sólo basta con leer el fallo que en 2019 había firmado el juez Sebastián Casanello ante una denuncia similar de la AFI contra los colegas Rodis Recalt y Gerardo Young. En ese expediente, el magistrado dispuso el archivo de la causa por entender que se buscaba directamente el juzgamiento de los periodistas y que eso constituía una persecución a la libertad de expresión y de prensa”.
“En aquella oportunidad, FOPEA expresó su rechazo a la acusación tal como lo hace ahora ante la denuncia contra Santoro y Morales Solá. El planteo del titular de la AFI desconoce que la esencia del trabajo periodístico es acceder a publicar información de interés público. Pero, además, pone en riesgo el secreto profesional garantizado por la Constitución nacional y cuya tutela está expresamente planteada en la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Allí se determina que “todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales””, continuó diciendo FOPEA.
Y cerró: “FOPEA advierte que la denuncia de Rossi puede generar autocensura y reitera su preocupación ante la cada vez más creciente utilización de la justicia penal en Argentina para callar periodistas. Ante esta reprochable tendencia, reclamamos a los representantes de los tres poderes del Estado que garanticen la plena vigencia de los derechos constitucionales para el ejercicio del periodismo. Ningún periodista puede quedar a merced de sanciones ulteriores por haber accedido a una información de interés público de manera lícita”.
