El Gobierno enfrentará este miércoles una jornada de importantes pruebas tanto dentro del Congreso, donde intentara que se apruebe el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que lo habilita a firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Intercional (FMI), como en sus alrededores, que deberá controlar para evitar que la marcha en apoyo a los jubilados vuelva a terminar con incidentes.

Las autoridades nacionales están convencidas de que van a lograr cumplir con ambos objetivos y para eso vienen trabajando desde finales de la semana pasada en los dos frentes, el legislativo y el de seguridad.

Por un lado, el bloque de La Libertad Avanza conversó con los jefes de los otros espacios parlamentarios y tendrían los votos necesarios como para evitar que se rechace el DNU firmado por el presidente Javier Milei.

En este sentido, en el oficialismo aseguraron que no hay preocupación por la reunión de urgencia del Partido Justicialista a la que convocó Cristina Kirchner para fijar una posición unificada antes de la sesión, y consideraron que “ellos lo único que hacen es poner trabas”.

Sin embargo, un dirigente libertario al tanto del poroteo en la Cámara de Diputados no descartó que la oposición pueda dar el batacazo y conseguir a último momento los apoyos para rechazar el Decreto: “Todo puede ser, pero nosotros trabajamos para que se lleve adelante la aprobación de todo lo que envía el Presidente”, señaló.

En principio, el Gobierno no solo tendría el respaldo de su habitual aliado, el PRO, sino también de otros partidos que suelen ser críticos de la actual gestión, como la Coalición Cívica, e incluso de gobernadores.

Al participar de un panel sobre agroindustria en el IEFA Latam Forum 2025, que se desarrolla en el Four Seasons de Buenos Aires, el mandatario de Córdoba, Martín Llaryora, enfatizó el martes la importancia de acompañar el acuerdo con el Fondo como una herramienta para estabilizar la economía y generar condiciones propicias para la inversión y el desarrollo productivo.

Para que el DNU quede sin efecto debe ser rechazado por las dos Cámaras, por lo que si el oficialismo logra blindarlo en Diputados, ya no tendrá que debatirlo en el Senado y quedará vigente.

En la calle

Por otra parte, en Balcarce 50 trabajan en los controles que se van a llevar adelante en la calle con motivo de otra marcha en apoyo a los jubilados que se espera que sea más multitudinaria que la anterior lo cual, según entienden algunos funcionarios, no necesariamente sería algo malo para el Gobierno.

“El miércoles pasado vinieron con la idea clara de generar caos y causar destrozos, ahora no van a ser solamente barras bravas, sino que se sumaron otros sectores, por lo que el contexto va a ser otro”, explicó una persona interiorizada en la estrategia del Poder Ejecutivo.

Efectivamente, en esta ocasión ya anunciaron que van a participar de la marcha, además de los sectores más conflictivos, otros como los gremios agrupados en las dos CTA, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) e incluso algunas agrupaciones universitarias.

De todas formas, el asesor presidencial Santiago Caputo reunió el martes en su despacho a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a los jefes de la SIDE, Sergio Neiffert y Diego Kravetz, y a los secretarios de Transporte y de Justicia, Franco Mogetta y Sebastián Amerio, respectivamente, para coordinar el operativo de este miércoles.

Según explicaron en el entorno de Guillermo Francos, el jefe de Gabinete no participó de ese encuentro porque “su forma de administrar siempre fue dejar que los funcionarios trabajen como mejor consideren”, sin involucrarse en sus decisiones, pero aseguraron que “está al tanto de todo lo que va a pasar”.

Llamó la atención la ausencia del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que fue reemplazado por su vice, un hombre mucho más cercano a Caputo, y sus allegados se limitaron a comentar que “no estaban enterados de la reunión”.

En tanto, el área que controla Mogetta acordó con la cúpula libertaria coordinar con Seguridad “los controles que se hacen a los micros” que vayan llegando a la movilización, una tarea que estará a cargo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

Durante este día, el personal de ese organismo tiene la orden de priorizar la inspección de los vehículos que ingresen a la ciudad de Buenos Aires horas antes de la protesta.

“En el operativo especial de seguridad, los agentes de fiscalización de CNRT controlarán la habilitación y documentación del micro, RTO vigente, seguro vigente, lista de pasajeros y medidas de seguridad, como son cinturones de seguridad, matafuegos, luces reglamentarias, neumáticos", se detalló.

Asimismo, a los conductores de los colectivos involucrados se les pedirá la licencia y la libreta de trabajo, para verificar el descanso reglamentario, y se le realizará un test de alcoholemia en el lugar.

El Gobierno quiere evitar que se generen otra vez disturbios que derive en represión y potenciales heridos, especialmente luego del caso del fotógrafo Pablo Grillo, que recibió el impacto de una granada de gas en la cabeza que lo dejó internado y en grave estado.

Por esta razón, la Policía de la Ciudad cortará las calles en las inmediaciones del Congreso, mientras que sus pares de la Federal permanecerán detrás de las vallas que se instalarán en la zona, conteniendo a la multitud. Sin embargo, el mensaje que se envió es que, si la situación se descontrola, deberán actuar.

Desde las 9, no se permitirá la circulación de vehículos en el perímetro comprendido entre Paraná y su continuación Sáenz Peña, Bartolomé Mitre, Ayacucho y su continuación Sarandí, y Adolfo Alsina.

Unos 600 agentes de tránsito estarán en las calles para ayudar con la circulación, mientras que durante la noche del martes, 350 contenedores fueron retirados provisoriamente del perímetro entre Sarmiento, Combate de los Pozos, Moreno y la 9 de Julio; y en la Avenida de Mayo entre la 9 de Julio y la Plaza de Mayo.

(Fuente: Infobae)