“No hay democracia sin la posibilidad de protestar”, sostuvo Virginia Linares (GEN) al abrir el encuentro, al tiempo que consideró que “la protesta tiene que ver con la visibilización de los problemas”.
Asimismo, Jorge Cardelli (Proyecto Sur) advirtió que se asiste a “un proceso de masificación de la judicialización”, y recordó: “En los ‘90, sí hubo una victoria, fue que la calle era nuestra”. También informó que, “en los últimos tiempos, son los trabajadores los que están sintiendo con más fuerza la judicialización”.
El presidente del bloque, Fernando Pino Solanas, apuntó que “lo más importante es la cantidad de fuerzas unidas por una causa tan noble”, que “desnuda la clase de gobierno” que tiene el país. “Lo que hay detrás de la Ley Antiterrorista es la disputa social”, explicó, y pidió además que “no haya divisiones partidarias por encima de estas causas”.
Por su parte, Horacio Piemonte (CC-ARI) exigió, antes de fin de año, la realización de “una sesión especial con fuerte participación de organizaciones y de la sociedad civil” para discutir este tema. “O lo aprueban, o pagan el costo político y le dan la espalda a las luchas sociales”, sentenció.
Durante la audiencia, el referente de la comunidad Quom en Formosa, Félix Díaz, relató casos de “persecución” sobre su colectividad, y sostuvo que “los conflictos se tienen que resolver a través del diálogo, no de las armas”.
Según consta en el proyecto, otras ocho propuestas habían sido presentadas antes con el mismo objetivo. Un informe estadístico elaborado por los diputados revela además sobre la existencia de más de 2.000 mil criminalizados desde principios de 2011, publicó Parlamentario.
