El texto de la presentación de Puíggari, recibido el 5 de noviembre en el despacho del juez, da cuenta de la decisión de la Curia de “colaborar con la Justicia para el esclarecimiento de la verdad y el logro del bien”, pero a la vez hace un reproche. Así, expresó el “profundo dolor que observo tanto de las víctimas denunciantes como de tantas personas que han sido mencionadas en la causa y por el periodismo, sin haber tenido intervención alguna, afectándose su honra personal”.
También el arzobispo hizo saber al juez que “ha causado dolor cómo se ha agraviado al Seminario Arquidiocesano de Paraná, extrayendo fotos de lugares y espacios que no guardan relación alguna con los hechos investigados”. Se refirió así a las imágenes tomadas por los querellantes en el interior del Seminario durante una inspección que ordenó la Justicia, consignó El Diario.
Los fueros
No obstante los señalamientos, el juez de la causa se mostró indiferente ante los planteos. En la causa, la Justicia no sólo pidió la declaración de Puíggari; también quiere conocer el testimonio del cardenal Estanislao Esteban Karlic, arzobispo durante el período en el cual Ilarraz fue prefecto de disciplina en el Seminario, y la autoridad que, primero, ordenó investigarlo, y después lo sancionó expulsándolo de la diócesis.
El tercer testimonio que quiere escuchar el juez Grippo es el del arzobispo emérito Mario Maulión, hoy residente en Rosario; y el del obispo de Concepción, Tucumán -adonde recaló Ilarraz en los últimos años-, José María Rossi.
De los cuatro, el único que informó que declarará es Puíggari, y lo hará amparándose en los fueros que les permite el Código Procesal Penal de Entre Ríos. El artículo 250º les da “tratamiento especial” en los procesos judiciales a dignatarios eclesiásticos, presidente y vicepresidente de la Nación; ministros nacionales; gobernadores y vicegobernadores; ministros provinciales; legisladores nacionales; miembros de la Justicia; militares; diplomáticos; cónsules generales; oficiales superiores de las Fuerzas Armadas; intendentes municipales; y rectores de las universidades oficiales.
Cada uno de ellos, dice el Código, “podrán renunciar al tratamiento precedente. Si no lo hacen, optarán por declarar en su residencia oficial o por informe escrito”.
Puíggari informó que se amparará en los fueros y declarará por escrito. Aunque también, antes de declarar y poner condiciones para esa declaración, le advirtió al juez “respetuosamente” que en la causa penal “se encuentran comprometidas instituciones jurídicas relacionadas con la garantía constitucional del debido proceso, propia del estado de derecho”, sin dar más precisiones al respecto. El juez se mostró indiferente a cada uno de los planteos del arzobispo, y sólo se limitó a escribir una fórmula jurídica: “Téngase presente”.
Otro que seguirá idéntico camino, la declaración por escrito, es monseñor Silvestre Cecilio Paul, ex rector del Seminario, y argumentó que lo hará así “en razón de mi avanzada edad, ya que tengo 90 años de edad”, según la nota que remitió a la Justicia.
A Roma
Ilarraz, que se ordenó sacerdote en 1983 y que fue responsable de adolescentes que cursaban primero y segundo año en la secundaria que funciona en el Seminario entre los años 1985 y 1993, se le imputa el delito de corrupción de menores agravada. Las seis víctimas que han declarado en la Justicia han dado testimonios demoledores respecto de la conducta del cura, hoy suspendido en el ministerio sacerdotal.
Aunque ya en 1995, en el marco de una investigación diocesana que ordenó Karlic, habían quedado probados los abusos, sólo que entonces no se decidió hacer la denuncia en la Justicia. Las actuaciones, recubiertas bajo el manto del secreto, estuvieron resguardadas en el archivo de la Curia, hasta que hace dos meses la Justicia las pidió. Entonces, se supo que en 1995 la Iglesia de Paraná había dado intervención al Vaticano en el caso Ilarraz por cuanto se trataba de una acusación contra un sacerdote bajo la figura de “crimine pessimo”, esto es abusos sexuales sobre menores.
En la investigación tomó parte el actual secretario de Estado vaticano y entonces prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, Tarciso Bertone, aunque ni entonces ni ahora se supo qué resolución adoptó Roma respecto de Ilarraz. La última presentación de la Iglesia de Paraná fue en julio último.
Ahora, el fiscal de la causa, Juan Francisco Ramírez Montrull, que se libre un exhorto diplomático a la Santa Sede “a fin de que remitan las actuaciones realizadas según el Código (de Derecho) Canónic, en virtud del juicio diocesano llevado contra Justo José Ilarraz ante las autoridades eclesiásticas de esta ciudad, por los supuestos abusos sexuales denunciados por seminaristas, así como toda otra documentación relacionada con las mismas”.
El pedido fue acogido favorablemente por el juez Grippo. El magistrado también dio cabida a un planteo del abogado querellante Milton Urrutia, y giró un oficio al Arzobispado de Paraná para que “informe si el cardenal Estanislao Esteban Karlic se encuentra en el país, en su caso se le haga saber que en las actuación es de referencia se interesa su declaración testimonial, por lo que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 250º del Código de Procedimiento Penal, se le solicita que informe si prestará declaración por escrito, en su despacho oficial, o ante este Juzgado de Instrucción”.
Un pedido similar había hecho otro de los querellantes, Álvaro Piérola, que requirió al juez que “se fije fecha y hora de audiencia testimonial para el señor Estanislao Esteban Karlic, Juan Alberto Puiggari y Mario Maulión, las que deberán ser notificadas a sus respectivos domicilios legajos, bajo apercibimiento de ley”.
Rumbo a Tucumán
El fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull viajará en las próximas horas a Tucumán en procura de dar con nuevos testimonios que aporten más datos respecto del desempeño del cura Justo José Ilarraz en aquella provincia. Ilarraz estuvo incardinado en la diócesis de Paraná hasta 1996, cuando fue expulsado por orden del arzobispo Estanislao Karlic luego de una investigación diocesana en su contra por denuncias de abuso. Pero ese proceso se llevó adelante mientras el principal involucrado se hallaba en Roma. Ilarraz había viajado en 1993, autorizado por Karlic, y permaneció en Europa hasta 1997, cuando regresó a la Argentina. Entre 1997 y hasta 1998 ejerció el sacerdocio en la provincia de Tucumán, luego se apartó del ministerio, y volvió en 2000, y fue destinado a la Parroquia Sagrado Corazón, de Monteros, en el interior tucumano. Allí permaneció hasta que el 7 de septiembre último fue suspendido como sacerdote. Ramírez Montrull viajará entonces con el objetivo de seguir el derrotero de Ilarraz, y confirmar o desechar las versiones que indicarían que allí también se habrían producido abusos hacia menores. El fiscal viaja con el dato respecto a un colaborador del cura en Tucumán, Leonardo Galván, hoy en prisión por abusar de un niño de 12 años. Pero espera encontrarse con nueva información e indicios de Ilarraz.
