En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza) López Arango señaló que “si hubo cambios, es difícil que los podamos ver porque nosotros enjuiciamos las causas que ocurrieron hace un año atrás, es decir que para ver algún cambio de actitud, de comportamiento o en el protocolo del actuar policial, nos haría falta algún tiempo más”.
De todos modos, opinó que “como panorama general no veo que haya un cambio muy importante; no se ve que haya políticas de Estado en este sentido, decisiones a nivel del Poder Ejecutivo Nacional”. Si bien destacó la decisión del presidente Mauricio Macri de convocar a la Fuerzas Armadas para unirse a la lucha contra el narcotráfico, criticó que “lo que no se hace es diseñar una política de Estado donde haya una coordinación de fuerzas”.
A modo de ejemplo, mencionó que “en una causa que se dirimió la semana pasada, dos fuerzas estaban investigando a la misma organización sin que supieran una de la otra y que estaban pisándose en la investigación, lo cual es no es lógico, ni práctico y es hasta contraproducente”.
Ante esto, reiteró que “no hay hoy un panorama distinto de lo que se viene señalando hace tiempo en la llamada lucha contra el narcotráfico”, y aseveró que “lo primero que deberíamos hacer es definir qué es luchar contra la narcotráfico, qué es narcotráfico y qué se incluye en ese concepto”. Al respecto, refirió que “sin dudas narcotráfico es combatir las organizaciones, la problemática del narcomenudeo hay que tenerla en cuenta y evitar que el sistema caiga en los meros consumidores que no dejan de ser sufrientes de una patología”.
Consultado por los proyectos para transferir la competencia de estas temáticas a la provincia, el magistrado evitó “ser negativo de manera contundente”, pero sostuvo que “la experiencia indica que cuando se divide la jurisdicción sobre un mismo tema y cuando puede haber situaciones limítrofes en cuanto a interpretar qué es narcomenudeo y qué no es lo es -que son conceptos muy subjetivos-, es difícil manejarse”.
En tal sentido, rememoró: “Cuando concursé para el cargo de juez, en la entrevista del Senado estaba (Jorge) Yoma en la comisión de Acuerdos quien había mandado el proyecto para que las provincias pudieran asumir la competencia, y me preguntó sobre el tema. A lo cual le respondí si quería saber lo que yo pensaba realmente del proyecto, o lo que él quería escuchar”.
En tal sentido, recordó haber definido que veía “poco práctica” la iniciativa porque “le vamos a agregar otras causas a la competencia provincial, que de por sí ya es voluminosa, y desde el punto de vista práctico van a investigar, van a intervenir y después se van a declarar incompetentes”. “La búsqueda de alternativas es válida pero no tengo buena expectativa para ese tipo de mecanismos de prevención o persecución. No creo que sea efectivo”, sentenció.
Por otra parte, aseguró que “el Tribunal Oral de Paraná no fue convocado” por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para integrar la comisión que se formó el año pasado para diseñar políticas contra el narcotráfico. “Fueron convocadas las Cámaras Federales y los Juzgados de primera instancia, cuando nosotros somos los que hacemos el juzgamiento y fuimos ninguneados, así que desconfío un poco de estas comisiones”, admitió.
Otras fuerzas, Servicio Penitenciario y Ley de Derribo
Consultado sobre la relación con otras fuerzas federales, López Arango reveló que “con las fuerzas de seguridad siempre tenemos contacto y cada tanto tenemos encuentros, a veces a nivel del tribunal y a veces a nivel personal, porque me interesa que las fuerzas se vayan profesionalizando cada vez más en una lucha donde obviamente las fuerzas de seguridad actúan en inferioridad de condiciones en la mayoría de los casos”.
Sobre el particular, el juez admitió que “no hay medios tecnológicos a la altura de las circunstancias” y, al respecto, analizó: “No voy a pedir que pongan medios como tienen la CIA o el FBI en Estados Unidos, pero algo un poco más profesional debería haber. Hoy la lucha contra la narcotráfico, sin posibilidad de hacer escuchas telefónicas es prácticamente imposible, y hoy no hay escuchas en tiempo real: hoy las escuchas las hace la SIDE, las graba y luego las envía al Juzgado. Y en ese sentido no hay una política de Estado al respecto”.
Consultado sobre la situación del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, donde hay funcionarios con prisión preventiva por tener relación con el narcotráfico, López Arango opinó que “no escapa a la crisis general que hay a nivel institucional en toda la República; el tema de la corrupción es un tema presente y prácticamente no hay sector del Estado donde no se hable de corrupción”.
Sobre la reiteración de casos en los últimos tiempos, destacó que “hoy las cosas se conocen y prácticamente nada pasa sin que salga a la luz, cuando en otro momento había la posibilidad de que no se supieran, con lo cual hoy se conocen muchos más casos. Indudablemente la corrupción está en todos los sectores y no creo que sea el Servicio Penitenciario el único lugar donde se pueda decir que hay un foco de corrupción. Hay focos de corrupción en todos lados y no creo que esto escape a la generalidad de la situación de las instituciones”.
Asimismo, afirmó que “el nivel de presos federales suele ser muy elevado en las cárceles provinciales y es indudable que la región necesita una cárcel federal”.
Consultado por la viabilidad de una Ley de Derribo, López Arango aseguró que “no hay dudas de que faltan radares”, pero aclaró que “hay un tema que tiene que ver con las actividades que se hacen con aviones pequeños y cuyos movimientos ni siquiera son registrados, como las fumigaciones, con lo cual hay una cantidad de vuelos irregulares pero que no son de narcotráfico”.
Al respecto, señaló que “la Ley de Derribo es un tema muy delicado porque la posibilidad de error es tremenda, entonces quizás sea mejor tener otro tipo de prevención, con sistemas o equipos aéreos disponibles para hacer el seguimiento de esos aviones y hacerlos descender”.
“No creo en la Ley de Derribo y es un poco como la pena de muerte donde la posibilidad del error le quita legitimidad al procedimiento”, afirmó.
