El Poder Ejecutivo provincial envió a la Legislatura un proyecto de ley por el cual se declara a Entre Ríos “libre de contaminación por efectos de plantas celulosas”. En el proyecto de la norma, que ingresó por la Cámara de Diputados, se expresa que la legislación servirá para impedir la “radicación de este tipo de emprendimientos fabriles en nuestro territorio provincial o fuera de él, pero con impacto ambiental en el mismo”. Cabe recordar que el 4 de junio de 1990, el entonces también gobernador Busti firmó un decreto donde entre tantos puntos, promociona la industria de la celulosa por lo que, en caso de aprobarse, aquella norma quedaría sin efecto.
La Ley propuesta no sólo refiere al caso concreto planteado con la República Oriental del Uruguay, sino que “excluye la posibilidad de este tipo de explotación industrial en todo el territorio provincial, contribuyendo de este modo a la defensa de nuestros recursos naturales y del medio ambiente, acorde con los derechos consagrados por nuestra Constitución Nacional en los artículos 41° y 124°”.
En el proyecto de ley, el Ejecutivo entendió que “las resoluciones adoptadas unilateralmente por el Gobierno de la República Oriental del Uruguay, de aprobación ambiental extendida a favor de las empresas ENCE y BOTNIA para la construcción de dos plantas procesadoras de pasta celulósica a orillas del Río Uruguay provocará, de seguro, al pueblo de la provincia de Entre Ríos consecuencias dañosas de relevancia sobre el medio ambiente de la región de imposible reparación”, expresó.
“Hoy nos encontramos frente a la inminente puesta en marcha de una actividad industrial que ha causado muchos estragos en el mundo y que utiliza en su proceso de producción elementos de un alto poder contaminante, que serán volcados en el curso de agua del río Uruguay, en el aire y en el suelo, afectando en la misma medida a ambos países, al Río Uruguay y su cuenca, la calidad de sus aguas –una de las pocas reservas de agua dulce del mundo- su flora y fauna, las zonas aledañas, la salud de las personas que residen en los alrededores, la economía de la región”, expresó.
En tanto, “la decisión inconsulta del gobierno uruguayo viola normas binacionales vigentes para ambos países, desde que fueron suscritos los siguientes Tratados internacionales: Estatuto del Río Uruguay en 1975 aprobado por Ley 24.013 y Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del MERCOSUR de 2003, aprobado por Ley 25.841, en el que los estados partes se comprometieron a estimular la armonización de las directrices legales e institucionales , con el objeto de prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales, con especial referencia a las áreas fronterizas”.
El Ejecutivo adelantó que “planteamos una legislación que impida la radicación de este tipo de emprendimientos fabriles en nuestro territorio provincial o fuera de él, pero con impacto ambiental en el mismo. La Ley propuesta no sólo refiere al caso concreto planteado con la República Oriental del Uruguay, sino que excluye la posibilidad de este tipo de explotación industrial en todo el territorio provincial, contribuyendo de este modo a la defensa de nuestros recursos naturales y del medio ambiente, acorde con los derechos consagrados por nuestra Constitución Nacional en los Artículos 41° y 124°”.
