Tal como estaba previsto, la mayoría oficialista de la Cámara de Senadores aprobó anoche las modificaciones al proyecto de ley de Termas, por el que se formuló el marco regulatorio y se creó el Ente Regulador Provincial de Termas de Entre Ríos, el que deberá volver a la Cámara de Diputados para su segunda revisión. La iniciativa, que contó con el rechazo de la bancada de la Unión Cívica Radical (UCR), tiene por objeto el “estudio, planificación, regulación del aprovechamiento, ordenación, fomento y promoción de los recursos termales” de Entre Ríos. Por otra parte, tomó estado parlamentario el proyecto de ley que remitió el Poder Ejecutivo provincial y por el cual se declara a la educación “como servicio esencial en el ámbito de la provincia de Entre Ríos” y que faculta al Poder Ejecutivo “a instrumentar los medios necesarios para garantizar la prestación” de dicho servicio esencial.
En la justificación de las modificaciones que se realizaron al proyecto de ley de Termas, que consta de 58 artículos, el senador provincial Carlos Garbelino (PJ-Victoria) destacó las revisiones que realizaron las diversas comisiones de la Cámara e indicó que “tiene despacho para ser sancionado con importantes modificaciones pero ratificando la necesidad ineludible de dotar el estado de las herramientas idóneas para atender un tema de trascendental importancia como la actividad termal”.
Entre las modificaciones incorporadas, “que mejoran la estructura de la ley, aumentan la posibilidad de control sobre la gestión del recurso, precisan mecanismos de monitoreo y definen criterios del desarrollo de la actividad termal de cara al futuro”, se reordenó el articulado “sintetizando en un capítulo lo que constituye el objeto y el ámbito de aplicación de la ley en su alcance e incorporando un capítulo referido a los recaudos propios de la gestión del recurso termal”. Al respecto, detalló: “En el capítulo 1° se precisa como finalidad de la ley establecer un marco regulatorio del manejo de los recursos termales que se gestionan con fines terapéuticos, medicinales, recreativos y/o turísticos, cuyos lugares de asentamiento se sitúen dentro de la jurisdicción provincial; definir los lineamientos de políticas generales en la materia y crear un organismo específico que será su autoridad de aplicación”.
También especificó que “se reafirma el concepto del recurso termal como agua de origen subterráneo con características especificas; se reivindica para el Estado la potestad sobre dicho recurso y su obligación de preservarlo regulando su aprovechamiento y controlando su adecuado manejo; y se establece expresamente la facultad del Poder Ejecutivo para intervenir sobre cualquier hecho o disposición de uso de recursos termales que exceda las autoridades otorgadas”.
A través del proyecto, “se crea el Ente Regulador de los Recursos Termales de la provincia de Entre Ríos como entidad autárquica dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia y Educación, que coordinará, complementará e integrará sus acciones con las Direcciones de Hidráulica; Ecología y Control Ambiental; Minería; Turismo Social y la Secretaría de Salud”. Su principal función será la de “ser autoridad de aplicación de la ley, regulando la actividad termal y controlando las concesiones exploratorias y las de explotación ya otorgadas” y tendrá “amplias atribuciones normativas y facultades de actuación en la materia, incluso para aplicar sanciones por la inobservancia de las disposiciones legales, incumplimiento de obligaciones derivadas de exploración y/o explotación de recursos termales o el uso no autorizado de los mismos”. El nuevo organismo tendrá sede en Concepción del Uruguay y su directorio estará integrado por tres miembros, uno de las cuales será designado por los municipios integrantes de la Asociación de Comunidades Termales de Entre Ríos.
Por su parte, antes de la votación, la senadora provincia Graciela Zambón (UCR-Federación) reconoció el trabajo de las comisiones sobre el proyecto, pero “como representante de Federación” dijo no compartir “el espíritu de la ley”, ya que “no representa los intereses que defendemos en el departamento ni en lo ecológico, ni en lo normativo”. “Las consecuencias de las perforaciones no son las que se pretenden y serán las generaciones venideras las que juzguen esta decisión”, afirmó. Por su parte, Luis Luna (UCR-Federal) adhirió a las palabras de su par e informó que el bloque no acompañaría la votación del proyecto.
Por otra parte, con el acompañamiento en general de los senadores radicales, se aprobó el proyecto de ley que propone establecer un nuevo Reglamento General de Tránsito y Seguridad Vial para la provincia de Entre Ríos, de autoría del presidente del bloque de Senadores Justicialistas, Hugo Berthet (San Salvador), que a la vez apunta a derogar la ley en vigencia en la materia, que fuera también impulsada por él en anteriores períodos legislativos. La norma “busca crear un sistema integral que permita ser aplicado en todo el territorio provincial, coordinando el accionar de provincia y municipios, creando así un verdadero Código de Tránsito y Seguridad Vial”.
Además, el texto contempla todos los temas sobre la materia, brindando garantías a los ciudadanos y buscando un marco adecuado a la actuación del Estado en la materia y quienes participaron en la confección del proyecto sostienen que -por el desarrollo científico jurídico y su normativa de avanzada- este tipo de norma a estudio, es “única” en el país.
Finalmente, tomó estado parlamentario el proyecto que declara a la educación “como servicio esencial en el ámbito de la provincia de Entre Ríos” y que faculta al Poder Ejecutivo “a instrumentar los medios necesarios para garantizar la prestación” de dicho servicio. La iniciativa, que el vocal del Consejo General de Educación (CGE), Víctor Fassi, calificó como “uno de los mecanismos del Estado provincial para garantizar el dictado de clases”, se presentó este mediodía en la mesa de entradas del Senado y ante su ingreso fue enviada a la Comisión de Legislación General, que preside el senador Mariano López (PJ-Colón), para su tratamiento.
