Por Matías Di Santi y Martín Slipczuk, publicado en Chequeado

Según publicó el diario La Nación, el ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) entre 2004 y 2012 firmó un acuerdo con la Justicia y se convirtió en imputado colaborador (figura contemplada en la llamada “ley del arrepentido”).

En su declaración como arrepentido, Wagner reveló que los adelantos de obra que recibían las empresas cuando ganaban una licitación para comenzar con la compra de materiales eran devueltos al Ministerio de Planificación Federal, y la primera parte de la obra se financiaba con el IVA, que no se depositaba y se difería. Según habría ejemplificado Wagner en su declaración, “llamada una licitación los interesados compraban los pliegos y se reunían en distintos lugares para determinar al ganador”.

La Nación publicó que, entre otras empresas, Wagner nombró a Vial Agro SA y José Cartellone Construcciones Civiles SA. Estas dos compañías en junio último fueron adjudicadas para construir corredores viales bajo el nuevo formato de PPP que implementó Cambiemos. Se trata de un acuerdo privado entre el Estado y las empresas donde, a diferencia de lo que pasa hoy -donde el Estado pone los recursos para una obra que gana un privado-, el privado adelanta los fondos para una obra y se asegura el repago a varios años con la garantía de esa propia obra.

Estos corredores forman parte del primer proyecto de PPP que anunció el gobierno para la construcción de seis proyectos viales. De esos seis corredores, el A (dos tramos de rutas en la Provincia de Buenos Aires con una inversión estimada en casi mil millones de dólares) fue adjudicado a un consorcio empresarial conformado por Vial Agro SA -empresa nombrada por Wagner-, Paolini Hnos. SA e INC SA.

José Cartellone Construcciones Civiles SA, también nombrada por Wagner, ganó la licitación del corredor C (rutas nacionales en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe, con una inversión estimada en más de 630 millones de dólares). El grupo Cartellone también participó por los corredores A y F, aunque perdió esas licitaciones.

“Considerando que es un tema que en estos momentos está judicializado, preferimos no hacer declaraciones. Pero, desde ya, en caso de que algún juez nos convoque, estamos a disposición de la Justicia para colaborar como siempre lo hemos hecho”, aseguraron desde José Cartellone a Chequeado.

A pesar de haber ganado uno de los corredores, desde el Ministerio del Interior y Obras Públicas enviaron a este medio un listado elaborado por el Registro Nacional de Constructores donde la empresa José Cartellone figura como una de las compañías a las que se le ha abierto procesos judiciales o se les está haciendo un seguimiento por estar vinculada con causas de corrupción en tratamiento por la Justicia. Esuco, la empresa de Wagner, también está en ese listado.

El último viernes, además de la declaración del ex titular de la CAC, también se presentó ante la Justicia Hugo Eurnekian –presidente de la Compañía General de Combustibles (CGC), la rama energética del grupo Corporación América, y sobrino del empresario Eduardo Eurnekian- quien declaró que pagó 200 mil dólares para la campaña electoral de 2013 del kirchnerismo y buscó despegar a su tío y a su conglomerado de empresas, según publicó La Nación.

Los corredores viales E y F (rutas en Buenos Aires, Córdoba y Rosario, con una inversión conjunta estimada en casi 2.500 millones de dólares) fueron adjudicados a un consorcio compuesto por Helport, Panedile, Eleprint y Copasa. Helport se define en su página web oficial como “la empresa constructora de Corporación América”, el grupo liderado por Eduardo Eurnekian.

“Hugo es el titular de CGC, que nada tiene que ver con la licitación PPP por los corredores viales”, aseguraron desde Helport a Chequeado, y añadieron que esto “no repercute” en las obras licitadas. Además, aseguraron que el aporte de Hugo Eurnekian “lo hizo a título personal exclusivamente, con fondos propios debidamente registrados en sus declaraciones juradas impositivas”.

Al analizar los balances del Frente para la Victoria (FPV) de 2013 y los informes financieros de las campañas de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires de ese año, no figura registrado ningún aporte legal a nombre de Hugo Eurnekian. Desde Helport dijeron que Eurnekian lo incluyó en su declaración jurada pero el FPV no lo informó.

Por su parte, el ministro Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, aseguró en una entrevista con la agencia financiera Bloomberg que “los contratos serán respetados y las compañías no serán castigadas por lo que los empleados puedan haber hecho”. Además, añadió: “No limitaremos las compañías, a menos que un juez diga lo contrario”.

Los seis corredores ya firmaron sus contratos a finales de julio. Desde el Ministerio de Hacienda de la Nación explicaron a Chequeado que, desde la firma del contrato de los corredores, las empresas ya tienen el derecho a ser las que van a hacer la obra. Además, aseguraron que “se espera que en octubre empiece a haber movimientos” en las obras.

¿Qué puede hacer el Estado si se encuentran culpables de hechos de corrupción a directivos de estas empresas? Desde el Ministerio de Transporte explicaron a Chequeado que serán “respetuosos de las decisiones que tome la Justicia” y aclararon: “Hay que separar a las personas físicas de las jurídicas”.

La ley de PPP, más allá de lo que planeé hacer el gobierno, se refiere a estos casos. El artículo 23 establece incompatibilidades para ofertar y contratar respecto a las personas que, entre otros puntos, tengan un procesamiento firme o condena por delitos contra la administración pública, delitos contra la fe pública o lavado, por ejemplo -no incluye el delito de asociación ilícita-.

Pero además, esta ley es muy amplia sobre a quiénes se aplica estas incompatibilidades. Quienes cumplan con estas condiciones, “tampoco podrán formar parte como miembros de una empresa o entidad oferente o como subcontratista de ésta”, ya sea directamente o “por intermedio de otra entidad” o que “forme parte de un conjunto económico con ella”.

Además, el contrato de los corredores viales asegura que no sólo estarán inhabilitadas las personas físicas o jurídicas que estén con procesamientos firmes o condenados, sino también las “que pertenezca al mismo grupo económico que cualquier otra persona o entidad” que cumplan con esta situación. También incluye en la inhabilitación el caso de la persona que “resulte beneficiaria, directa o indirectamente”.

“Si se aplicara la Ley de Procedimiento Administrativo, en caso de que estas personas sufrieran un procesamiento confirmado, estos contratos deberían ser anulados por la administración basándose en el artículo n° 7 de esta ley” que habla de los requisitos de un acto administrativo, aseguró a Chequeado Natalia Volosin, doctora en derecho por la Universidad de Yale.

Será cuestión de ver qué decide la Justicia argentina. Y hay que precisar que sus decisiones podrían ser apeladas: en un decreto complementario a esta ley el Gobierno aprobó que, de existir conflictos judiciales, se puedan llevar a tribunales arbitrales extranjeros en casos donde los contratistas tengan accionistas extranjeros o los beneficiarios sean residentes en el exterior. Lo mismo se estipula en el contrato de los corredores viales.

El proceso licitatorio de esta etapa contó con 32 ofertas que realizaron 10 consorcios, compuestos por 19 empresas nacionales y 7 internacionales. Entre las empresas que se presentaron a una licitación y no la ganaron se encuentran otras empresas contratistas incluidas en la causa por los cuadernos.

El empresario constructor Aldo Roggio se presentó ante la Fiscalía de Carlos Stornelli y negoció declarar como arrepentido, según La Nación. El grupo que preside Roggio ofertó por los corredores A, B, C, F y Sur, aunque no ganó ninguna licitación.

La misma suerte tuvo Techint, la empresa conducida por Paolo Rocca, que también aparece en los “cuadernos de la corrupción”. Se presentó para los corredores A, B y C con la compañía española Acciona Concesiones, pero perdieron las tres licitaciones.

Otras empresas que participaron de las licitaciones pero no resultaron ganadoras fueron Obras, Desarrollos y Servicios (ODS) y la Sociedad Argentina de Construcción y Desarrollo Estratégico (SACDE), la ex IECSA, que pasó del holding de Franco Macri -padre del Presidente- a manos de su sobrino Angelo Calcaterra y que en 2017 fue comprada por el empresario Marcelo Mindlin.

Según los cuadernos, estas empresas -actualmente de Mindlin pero por entonces lideradas por Calcaterra- habrían realizado 13 pagos entre 2013 y 2015 por un total de 8 millones de dólares. IECSA también está involucrada en la operación Lava Jato -la enorme investigación de corrupción que se lleva adelante en Brasil y que persigue el pago de sobornos para ganar licitaciones en distintos países del mundo, incluyendo la Argentina-, como se dijo en esta investigación. Estas compañías participaron por los corredores E y F, pero no ganaron ninguna licitación.