Por Nahuel Maciel

Primero la información publicada en ANÁLISIS para entender cómo funcionan las instituciones. “El presidente Javier Milei ratificó este miércoles en horas del mediodía su feroz plan de ajuste de las cuentas públicas. Lo hizo frente a empresarios en el Latam Economic Forum 2024, en el Golden Center de la ciudad de Buenos Aires, donde insistió con que le importa ´tres carajos´ vetar la modificación de las jubilaciones si sale aprobada en el Senado porque esto atenta contra su idea de déficit fiscal”.

Y agregó: “A diferencia de otros que con ajustes de medio punto terminaron volando por los aires, nosotros hicimos el ajuste de siete puntos, estamos acá parados y vamos a seguir dando la pelea. Y cada vez que los degenerados fiscales de la política quieran ir a romper el equilibrio fiscal, les voy a vetar todo. Me importa tres carajos”, remarcó el Presidente hacia los que proponen una recomposición de los haberes para los jubilados.

Se sabe que el presidente Milei tiene arranques pre democráticos, sostenidos por informaciones que no se pueden sustentar científica ni técnicamente, sino que son producto de una elucubración afiebrada.

La mayoría de los medios de comunicación deslizan que ante el inminente veto de Milei, los legisladores nacionales no deberían perder el tiempo y dedicarse a otra cosa; como si el veto de Milei fuera el final de toda iniciativa. Quienes sostienen esa hipótesis desconocen por ignorancia selectiva lo que dice la Constitución Nacional.

Es oportuno recordar cómo es la presentación de proyectos, tomando el manual de capacitación más elemental en materia legislativa.

La “iniciativa legislativa”, es decir, la facultad de presentar proyectos de ley, corresponde a los diputados, senadores y al Presidente de la Nación. La última reforma constitucional de 1994 incorporó también el derecho de “iniciativa popular”, que se usa poco.

.Si un proyecto ingresa al Congreso por la Cámara de Diputados, ésta se convierte en la Cámara de origen del proyecto. Mientras que el Senado se convierte en Cámara revisora. Cuando el proyecto se presenta en el Senado, la Cámara Alta es la de origen y la Cámara de Diputados será la revisora.

Luego de presentado el proyecto por mesa de entradas de la Cámara de Diputados o del Senado, pasa a tratamiento en comisiones, que emiten un dictamen. En ocasiones, frente a temas de gran urgencia o relevancia, un proyecto puede ser tratado “sobre tablas” en el recinto sin que haya pasado previamente por las comisiones.

Una vez que la Cámara de origen y la revisora sanciona un proyecto de ley, pasa al Poder Ejecutivo.

Aquí es donde el presidente de la Nación puede aprobar y promulgar la ley. Si es esta la decisión, entonces completa el proceso legislativo. Esto lo puede hacer por medio de un decreto o bien por la llamada “promulgación de hecho”, ya que si el presidente no se pronuncia pasados diez días hábiles desde que se le comunicó la norma se promulga automáticamente. En ambos casos, la ley se publica luego en el Boletín Oficial y entra en vigencia de acuerdo con los plazos legales.

Pero, el Presidente también tiene derecho a vetar la ley, de forma total o parcial. Esto es lo que ya anticipó Milei. En caso de veto parcial, puede promulgar parcialmente la parte no vetada cuando no desvirtúe el espíritu del proyecto sancionado por el Congreso.

En caso de que el presidente vete la ley completa, como se supone será en este caso, la ley tampoco “muere” como se apuran adelantar varios "comunicadores" y analisistas políticos.

El proyecto tiene que volver al Poder Legislativo, que a su vez puede aceptar el veto o insistir en su sanción.

Si ambas Cámaras cuentan con dos tercios de los votos para imponer su criterio inicial, la ley se promulga, aunque Milei siga "puteando" y carajeando de por vida.

Está claro que, si no hay dos tercios, se mantendrá el veto del presidente y el proyecto no podrá volver a tratarse durante el período vigente.

Pero, si se mantiene la voluntad legislativa (esto es lo que debe importar), el Presidente no podrá usar de nuevo su poder de veto. Entonces, quien tiene la última palabra son los legisladores. Que se mantengan coherentes en sus decisiones, esa es otra historia.