Ángel Yamil Benavídez es el hombre oriundo de Diamante que fue detenido en septiembre de 2023 cuando se descubrió, por casualidad, una cueva financiera en la ciudad de Santa Fe. Está cerca de ir a juicio y ahora recibió un nuevo revés judicial: la Unidad de Información Financiera, encargada de investigar el lavado de activos y otros delitos federales, será querellante, según lo confirmó la Cámara Federal de Rosario, supo ANÁLISIS. Un caso con puntos en común con la mesa de dinero que terminó en múltiples denuncias de estafas en Paraná.
Benavídez alquilaba un departamento en el complejo Amarras Center del puerto santafesino. Antes lo alquilaba un muchacho que se terminó yendo, pero había dejado algunas pertenencias adentro. Como la dueña no se las quería devolver, denunció ante la Policía que hizo un allanamiento y encontró 45.251.600 pesos, 22.035 euros, 23.000 reales y 83.172 dólares. Además, había decenas de tarjetas de débito bancarias que luego se supo que eran de personas sin recursos que quizá prestaban su nombre, y las utilizaban para mover el dinero sin ser detectados.
“El Turco” no actuaba solo, sino que la empresa ilegal tenía a su expareja y contadora María Laura Miassi, Raúl Adrián Manonellas y Juan Emilio Gastaldo, primo de Benavídez, también oriundo de Diamante; así como Carlos Raúl Quartucci, quien habría actuado como cómplice en las maniobras de lavado de activos, a su vez socio en la Consultora La Resistencia.
En octubre el año pasado en Paraná se desbarató una financiera que actuaba como, funcionaba en el centro, que recibía miles de dólares y los devolvía a los ahorristas con jugosos intereses. Cuando no pudieron pagar más, llegaron las demandas de los inversores. El caso tramita en la Fiscalía provincial por el delito de estafa. A diferencia del caso del entrerriano detenido en Santa Fe, no hay evidencias de que hubiesen actuado como brokers en el mercado financiero, prestando la plata que recibían, invirtiendo en valores, etcétera. En tal caso, el expediente hubiera sido enviado a la Justicia Federal.
Justamente, a Benavídez le imputaron “haber desarrollado actividades de intermediación financiera sin contar con la autorización del Banco Central de la República Argentina”.
“Los imputados cumplieron roles diferenciados, captaron dólares estadounidenses a partir del ofrecimiento del pago de tasas de interés a eventuales inversores, que luego fueron colocados mediante: el otorgamiento de préstamos destinados al público en general, la realización de operaciones de compra y venta de divisas, y la adquisición y venta de las denominadas criptomonedas. Como resultante, dichas operatorias generaron utilidades que retroalimentaron la disposición del efectivo para ser aplicado a funciones propias del sistema financiero”, continúa la acusación de la Fiscalía Federal de Santa Fe.
El hombre de 41 años militó activamente en la UCR de Diamante y que luego se radicó en Santa Fe, donde estudió Derecho en la UNL y continuó con su militancia política. Asimismo, trascendió que en 2016 fue Coordinador Ejecutivo del Programa de Actividades, Vía Pública y Transporte, dependiente de la Secretaría de Control; y en 2017 fue nombrado por José Corral, por entonces intendente de Santa Fe, como Coordinador Ejecutivo del Programa de Tránsito y Seguridad Vial. En la causa se indica que al momento de ser detenido continuaba vinculado al Concejo Deliberante santafesino.
“Hechos de gravedad”
El caso fue puesto en conocimiento de la Unidad de Información Financiera, que luego pidió, y le autorizaron, intervenir como querellante. Los defensores de los imputados se opusieron porque, otras razones, porque como la UIF tiene como “finalidad o cometido, el primordial interés del Estado Federal en combatir el narcotráfico y/o tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, la represión a la financiación del terrorismo, y la lucha contra la delincuencia organizada trasnacional”. Situaciones que no tienen que ver con este caso. Ante la negativa, recurrieron ante la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.
Los camaristas entendieron que aquella definición de los objetivos de la UIF “no se trata de un ámbito de aplicación restrictivo, circunscripto únicamente a las maniobras referidas al narcotráfico, el financiamiento del terrorismo, y la delincuencia organizada internacional o trasnacional tal como señalaron los recurrentes”.
“Estimo que el ilícito aquí investigado puede revestir gravedad suficiente como para quedar inmerso en los ‘hechos de gravedad’ referidos, y que autorizarían por lo tanto la intervención de la UIF. Los propios apoderados de la UIF indicaron, al presentar minuta ante esta Cámara que la razón por la que dicho organismo consideró pertinente constituirse como parte querellante fue que se está investigando en autos la posible puesta en circulación a través de maniobras de colocación de fondos provenientes de diversos delitos económicos”, sostuvo la camarista Silvina María Andalaf Casiello. Su colega Aníbal Pineda adhirió a su voto.
El mecanismo
El fiscal federal Walter Rodríguez describió dos etapas del delito: captación y colocación. En la primera, “los imputados operaron bajo un sistema organizado para atraer dólares estadounidenses suministrados por el público inversor. En este esquema, Benavídez y Manonellas gestionaron los fondos recibidos de diferentes ‘inversionistas’, y administraron los movimientos producidos con posterioridad en las modalidades de retiros parciales y la incorporación de nuevos aportes”.
En la segunda fase de la maniobra, “establecieron un local comercial en Santa Fe donde ofrecieron préstamos al público en general. Las operaciones de compra y venta de divisas fueron realizadas en diferentes lugares de esta ciudad; las operatorias de criptomonedas fueron exclusivamente ejecutadas por Benavídez”.
La investigación pudo determinar cómo era el mecanismo para canalizar los pagos entre particulares: Benavidez gestionó ante el Banco Santander la expedición de productos financieros y la emisión de 39 tarjetas de débito falsificadas, mediante la utilización de los datos personales obtenidos como resultado de un engaño a las personas de escasos recursos que aparecían como titulares.
Así, utilizó “21 de las cuentas mediante el ingreso de dinero al sistema bancario a través de depósitos en efectivo o transferencias entre cuentas, para luego efectuar su conversión en bonos (a través de la compra de dólar MEP -Mercado Electrónico de Pago-), liquidarlos y extraer dólares billetes, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes adquiera apariencia lícita”. Utilizaba esas cuentas para evitar ser detectado por las agencias de control del Estado.
Asimismo, según el fiscal, los acusados adquirieron bienes inmuebles y vehículos “provenientes de las actividades de intermediación financiera no autorizada, para ser aplicados a las operaciones de lavado de activos descriptas en el párrafo anterior”.
Los delitos que les imputan son: intermediación financiera no autorizada, defraudación mediante el uso de una tarjeta de débito falsa en concurso ideal con falsificación de tarjeta de débito, en 39 hechos; lavado de activos de origen ilícito, agravado por la habitualidad, y recepción de bienes provenientes de un ilícito penal.
