
Hacha y Tuza comenzó esas actividades de protesta “desde hace unas dos semanas”, que incluso derivó en “llevar a la casa propia del conflicto, a la oficina de la empresa, en Urquiza 137 de la ciudad de Colón, la resistencia organizada”.
“En aquel lugar señalamos que estaba la empresa responsable de la destrucción de 1.000 hectáreas de monte nativo y humedales asociados al río Uruguay, y con un gran “Abajo el Terraplén” decoramos la calle para que cada vez que salgan o entren ellos u otros inversores, sepan con quienes están tratando”, contaron los integrantes en declaraciones con Noticias Entre Ríos.
En ese sentido, subrayaron que “la idea de la propaganda contra el terraplén buscaba en especial levantar el tema, que está planchado mediáticamente y conocer –de ser posible- la opinión de alguno de los políticos que apuestan a las próximas elecciones sobre materia ambiental”. No obstante, lamentaron “el silencio sepulcral, salvo algunas menciones en el programa radial más escuchado de la región (Saldaña) sólo opiniones marginales”.
Luego señalaron que “lo más interesante, la repercusión que en verdad no esperábamos era la de la empresa, la prepotencia con la que actúa frente a leyes que son claras al respecto al uso de la tierra, la misma prepotencia con la que hace caso omiso a los llamados de la justicia y del gobernador para que derriben la obra monstruosa, la misma prepotencia con la que se mueven los que creen que el dinero es todo, y el poder que de él emana se puede utilizar para atropellar a los más débiles, procedieron en un acto claro de intolerancia y ocultamiento a quitar toda la cartelería en espacios públicos y se trató de limpiar las calles y se quitaron los “Hacheité” colocados en lugares de acceso libre para la información”. Esas acciones fueron seguidas de “una denuncia penal contra nuestra organización”, concluyeron.
El terraplén construido por la firma Iberpapel Argentina S.A tiene ocho kilómetros de extensión en los humedales de la cuenca del Arroyo Caraballo, en Pueblo Liebig, en Colón.
Se trata de un espacio único de biodiversidad, lugar de refugio de variada flora y fauna autóctona. Serían 700 las hectáreas afectadas (dos veces la superficie de la ciudad de Colon) y se ha observado que el terraplén afectaría, irremediablemente el equilibrio natural del área, generando un impacto negativo, tanto aguas arriba del arroyo Caraballo cómo aguas abajo en Río Uruguay.
A través del decreto provincial Nº 903 fue rechazada la apelación de la empresa, luego de que la Secretaría de Ambiente Sustentable ordenara el año pasado la demolición.
“Si bien la obra está emplazada en el territorio provincial el impacto ambiental podría afectar el río Uruguay y eventualmente violarse un tratado internacional como el Estatuto del Río Uruguay”, aclaró el gobernador Sergio Urribarri en aquella oportunidad.