Por Antonio Tardelli (*)

La impugnación retórica al modelo neoconservador, que desde los años ‘90 reservó al sector privado el control de resortes estratégicos de la economía, no es suficiente para que las corrientes que confluyen en el Frente de Todos avancen en reformas que reparen los efectos de aquellas políticas en teoría vapuleadas.

No ha trabajado Entre Ríos, por ejemplo, en el rediseño de su esquema financiero. Sigue en cambio resignado a una convivencia con banqueros particulares que desde la enajenación de 1994, cuando se privatizó el banco fundado en 1933, exhibieron más de un tropiezo, incluida la huida de los franceses del Crédit Agricole.

Pero ni siquiera ese escándalo, demostrativo de un esplendoroso fracaso, convenció a la clase dirigente de Entre Ríos de la necesidad de recrear una banca pública que persiguiera algo más que mera rentabilidad. La política, a la que se suele definir como la síntesis de la voluntad general, sigue delegando en el Nuevo Bersa, una entidad privada, la función de agente financiero del Estado y apenas si puede efectuar módicas sugerencias respecto de su esquema crediticio.

Por lo demás, Entre Ríos sigue sin plantear reformas de fondo en lo que hace a la Hidrovía Paraguay-Paraná. Concesionada en el tiempo neoliberal, los buques que la recorren deben abonar un peaje a la multinacional belga Jan de Nul, que ahora mismo aguarda para entregar la posta a quien emerja del proceso licitatorio que extenderá la privatización.

Resignada a un papel mucho menos gravitante al prometido en su momento por el presidente Alberto Fernández, la administración de Gustavo Bordet no se ha plegado a las posiciones que un sector del oficialismo planteó sobre el asunto: la recuperación para el sector público de las tareas de dragado y con ello la de los recursos que desde hace un cuarto de siglo viajan rumbo al extranjero.

En la misma línea, desde hace años los gobiernos entrerrianos conviven con la trasnacional Cargill. El oficialismo se contenta con súbitos ataques de progresismo que, de tanto en vez, lo llevan a pegar cuatro gritos contra determinados actores que en ese instante son presentados como los enemigos de la patria. Casi nunca las diatribas alcanzan a firmas como Cargill. Los peronistas de Entre Ríos no la mencionan ni por equivocación. No lo hacen los transgresores de la Evita ni los revoltosos de La Cámpora.

No en Wall Strett ni en el puerto de Hamburgo, no en los confines del universo sino a media hora en automóvil de Paraná, opera la trasnacional Cargill. Administra el puerto de Diamante. El gobierno de Bordet acaba de llegar a un acuerdo con la empresa para emprolijar algunas cuentas que se habían cruzado.

En efecto, mediante un decreto firmado el 10 de marzo, el 248, el Poder Ejecutivo autorizó a la Fiscalía de Estado a celebrar un acuerdo transaccional con la empresa privada. El arreglo en cuestión fue alcanzado durante una audiencia de mediación prejudicial en la que se discutieron los alcances de reclamos que recíprocamente se habían formulado la trasnacional y el gobierno de Entre Ríos.

La historia se remonta a 2013. Por entonces la provincia dragó el canal de acceso al puerto de Diamante y la empresa acumuló una deuda con el Estado. Por ello, el Poder Ejecutivo, el Instituto Portuario Provincial y el Ente Autárquico Puerto Diamante reclamaron su acreencia ante la Justicia.

El punto es que Cargill, a su vez, efectuó un reclamo ante el Instituto Portuario Provincial. Exigió administrativamente que el gobierno le abonara sumas adeudadas en concepto de labores de dragado que en 2017 había llevado adelante en el canal de acceso. La mediación permitió suscribir un convenio: en virtud de la deuda previa, la de 2013, Cargill terminó retirando su exigencia. El gobierno provincial hizo lo propio con su reclamo. Nadie le debe nada a nadie y todos amigos.

Todo legal: un acuerdo de rutina entre el sector público y una compañía privada a la que desde hace años permanece ligada. Lo ordinario es el orden establecido. Es el statu quo. El que nadie condena y que con silencios se avala. Los discursos progres, los que agitan la bandera de la patria para resistir la voracidad de los poderosos, encuentran sus límites cuando se necesita algo más que una declaración sencilla ante los medios de comunicación.

La política de Entre Ríos convive con Cargill, los filántropos que se presentan como facilitadores de la alimentación humana mediante su operación en más de setenta país, donde aplican su experiencia de siglo y medio a través de la labor de 155 mil empleados. Moneda sobre moneda a lo largo y a lo ancho del planeta la trasnacional acumula ingresos anuales por 114 mil millones de dólares.

Llegó a la Argentina en 1947 y se ha posicionado –lo pone de relieve en su sitio web– como una de las exportadoras más importantes del país. De ella dependen más de tres mil empleados distribuidos en plantas industriales, terminales portuarias y oficinas comerciales. Tiene presencia en ocho provincias argentinas.

Curiosamente, no en Entre Ríos. Al presentarse en la red cuenta Cargill Argentina que en el territorio nacional asumió la operación de cinco puertos: tres en la provincia de Santa Fe y dos en la provincia de Buenos Aires. ¿Y Entre Ríos? ¿Y Diamante? En su sitio web los amigos de Cargill localizan el puerto de Diamante en la provincia de Buenos Aires.

Diez en negocios. Cero en geografía.

(*) Periodista. Especial para ANÁLISIS