Por Luis María Serroels (*)
Desde tiempos inmemoriales, el mundo ha usado a grandes movilizaciones públicas por múltiples razones, con o sin violencia.
Es imposible que no aparezcan estas exteriorizaciones y menos aún que los motivos de esos estallidos estén dispuestos a sacar rédito entre grupos nada difíciles de identificar.
Las plazas y calles suelen ser tomadas para instalar estallidos. Y estos fenómenos se perpetúan con programación muy cuidada, aunque vulneren cualquier precepto más allá de que convengan o no a la sociedad.
Hay ideas a la mano carentes de toda ley escrita y precepto moral que en la política es útil para ser implementada. Sólo por antojo o por intereses útiles y hasta incluso vergonzosos, que bastan aún para propósitos anti constitucionales y faltos de sentido común.
No se concibe que en nuestra nación se establezcan modificaciones en normas ad-hoc sólo para favorecer los antojos kirchneristas destinados a exceptuar a ciertos personajes. Los códigos están hechos para todo el mundo. Figuras supuestamente ilustres están habilitadas para burlar la Ley Suprema.
La promoción desbocada de ciertos periodistas alentando una marcha y desconociendo las imposiciones de la Constitución Nacional, dan cuenta de la chatura y mala intención exhibida.
Apostar al desalojo de los ministros del máximo tribunal de justicia con el propósito de acomodar a jueces venales que les abran las cárceles a delincuentes, es una forma de atropello.
No se puede admitir que se avance contra el Poder Judicial, mediante instrumentos que pretenden apoderarse de normas a medida. Una República en serio y libre de ilicitudes no se logra con tropelías ni extralimitaciones.
Una cosa es perfeccionar las figuras del sistema judicial y otra abrir las puertas de los penales a los ladrones de traje y corbata.
Las demandas ante las instituciones sólo se pueden hacer mediante las leyes. La Carta Magna no se pisotea. ¿Podría convalidarse la violación de la Ley Suprema sólo porque una nutrida concentración lo manda? ¿Es que al kirchnerismo le produce urticaria a la hora de suplantar a alguien sin los reglamentos impuestos por la ley?
Si el oficialismo se atribuye algún derecho –que lejos está de serlo- para desplazar a los miembros de la Corte, ¿cuánto más podrían aplicarse los códigos que avalen la condena para traspasar las puertas de un penal donde alojar a una vicepresidenta de la nación?
No existe ningún sistema constitucional en el cual un grupo encabezado por defensores de delincuentes (muchos de ellos enriquecidos por lo que están entre rejas), pretenden torcer las leyes.
Recuérdese que un ex vicepresidente (Amado Boudou) fue alcanzado por el látigo de la ley y sin embargo se lo exceptuó del encierro porque tenía cuestiones familiares.
No se trata de cercenar derechos sino de respetar la Ley Suprema. No hacerlo supone un acto de sedición.
Más allá del respeto que se debe a los ciudadanos manifestantes tras una idea o rechazando un principio, se está contra el sistema republicano. Atropellar el sistema de división de poderes supone un acto de alta gravedad, cuanto más si se propone barrer con una Corte Suprema cabeza de uno de los pilares republicanos.
Es muy complicado legitimar una concentración pública contra altos magistrados judiciales, mientras se cobije a ex funcionarios del gobierno. De allí que se “demande corregir el rumbo, garantice la división de poderes y siga los caminos que marca la Constitución”.
En tanto las cláusulas secretas del “acuerdo” con el FMI no pueden conocer los 44 millones de argentinos.
(*) Especial para ANÁLISIS.
