Personas con discapacidad, familiares de personas con discapacidad, trabajadores y prestadores lanzaron una carta abierta en la cual manifestaron su “preocupación y urgencia para que se considere la situación del sector en la coyuntura actual”, y expresaron el rechazo al DNU y la ley ómnibus.

En la carta abierta plantean que la discapacidad se encuentra en emergencia y que están en riesgo derechos fundamentales del colectivo de discapacidad consagrados en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad con jerarquía constitucional mediante ley 27.044, y que por ende el Estado Argentino tiene la obligación de cumplir.

Asimismo, difundieron este petitorio para que la ciudadanía pueda acompañarlo con su firma a través del siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9xqT94EOl1YxS2fBRLQRLUAZkM1aikQFhhzVdaRqci580kA/viewform

Carta Abierta: Discapacidad en Emergencia

Ante los graves sucesos de desconocer la Convención internacional sobre las personas con discapacidad y sus derechos, convocamos a la ciudadanía 

A los/as Diputados/as Senadores/as del Honorable Congreso de la Nación

Las personas con discapacidad, familiares de personas con discapacidad, trabajadores y prestadores que suscribimos la presente carta, manifestamos nuestra preocupación y urgencia para que se considere la situación del sector en la coyuntura actual, ya que se encuentran en riesgo derechos fundamentales del colectivo de discapacidad consagrados en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad con jerarquía constitucional mediante ley 27044 y que por ende el Estado Argentino tiene la obligación de cumplir.

Como integrantes del pueblo argentino venimos sufriendo el deterioro de nuestras condiciones de vida debido a la crisis económica y social que en el último mes se ha profundizado notablemente. El acceso a prestaciones básicas, a los apoyos necesarios para desarrollar nuestra vida con autonomía, a traslados y medicamentos se encuentra obstaculizado y disminuido, y no se ha llevado adelante ninguna política pública para paliar y revertir esta situación.

Por el contrario, recientemente el gobierno ha desfinanciado el Programa Federal Incluir Salud afectando a más de 500 mil personas con discapacidad en la asistencia estatal para la obtención de medicamentos, traslados, diálisis, oxígeno, acompañantes terapéuticos, cuidadores domiciliarios, enfermería domiciliaria, pañales y tratamientos.

Esta situación se desarrolla en el marco que el Congreso debate sobre el DNU 70/23 y la denominada “Ley Ómnibus”, que son inconstitucionales a todas luces y avasallan la democracia y la participación plena de la ciudadanía, a la par que se instrumentan y perfeccionan protocolos represivos por parte del Ministerio de Seguridad de Nación, que cercena el derecho a la protesta, consagrado en nuestra Constitución Nacional.

El DNU referido nos afecta en tanto toda disminución en las jubilaciones impacta en las pensiones no contributivas, al ser estas el 70% de la jubilación mínima. El DNU establece “la emergencia en materia previsional”, por ende el monto de la pensión no contributiva quedará a merced de la discrecionalidad de la Administración.

Otra faceta con impacto indirecto en materia de discapacidad es la desregulación en materia de empresas de medicina prepaga. Por un lado, la desregulación las equipara a las obras sociales, sin la obligación de afiliar en igualdad de condiciones a las personas con discapacidad. Por otro lado, las empresas de medicina prepaga ya no están obligadas a ajustarse a ningún tipo de arancel por los servicios brindados por los prestadores.

En relación a la reforma laboral, hoy suspendida cautelarmente por la justicia, es preciso señalar que las modificaciones introducidas al teletrabajo afectan a las personas con discapacidad, ya que modifica la norma que contemplaba la situación de quien prestaba cuidado y asistencia a menores de 13 años, a personas con discapacidad y a personas mayores y que convivieran con esas personas. Estos/as trabajadores/as tenían derecho a tener horarios compatibles con su actividad e interrumpir la tarea.El DNU modifica este artículo, y establece que ya no rige este derecho si se le otorga una compensación monetaria.

En lo que respecta a la “Ley Ómnibus” el impacto es aún mayor: no solo se profundiza la problemática vinculada a jubilaciones referida, declarando nuevamente la “emergencia previsional” sino que directamente se dispone un saqueo transfiriendo los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad al Tesoro Nacional.

Es extremadamente preocupante las modificaciones que establece la Ley a la conquista histórica de la Ley N° 26657 sobre Salud Mental. El proyecto vuelve a facilitar las internaciones en hospitales monovalentes de salud mental, es decir, en manicomios. Si llega a aprobarse este texto, ya no será necesario el riesgo cierto e inminente para sí o para terceros para decidir una internación forzosa. Además, el proyecto permite que un juzgado resuelva una internación psiquiátrica, sin la necesidad de que la persona sea evaluada por un equipo interdisciplinario. Como si fuera poco, se retrocede en otra de las grandes conquistas de la ley de salud mental 26657, al dejar de obligar a terminar con los manicomios. De hecho, se elimina la obligación de tratar a personas con problemáticas de salud mental en hospitales generales.

Además, el proyecto elimina el plenario del Órgano de Revisión de la ley de salud mental, del que forman parte entre otras organizaciones de derechos humanos y de familiares y usuarios de servicios de salud mental. En este sentido, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, en el análisis del cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en nuestro país, recomendó al Estado Argentino en marzo de 2023 “Avanzar en los procesos de externación de las personas institucionalizadas, cerrar los hospitales psiquiátricos e implementar redes de atención en salud mental integrada al primer nivel de atención”.

Por otro lado, se establece la disolución del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI). Este organismo es clave para la prevención de la discriminación en la sociedad y para la realización de denuncias. Esto afecta directamente a nuestro colectivo, dado que la discapacidad es una de las mayores causas de discriminación denunciadas en el INADI.

Por último, las personas con discapacidad y los/as prestadores nos oponemos firmemente a la Resolución 2.484/23 de la Superintendencia de Servicios de Salud, cuyo registro comienza en el mes de febrero y su implementación plena en Agosto. La referida resolución establece un sistema de geolocalización a prestadores y pacientes, que obliga a tener el GPS abierto para establecer donde se encuentran exactamente al momento de la prestación, viola nuestro derecho a la autonomía y a decidir sobre tratamientos o terapias y sin considerar si se cuenta o no con la accesibilidad a dispositivos móviles, internet. A su vez  es un mecanismo de control persecutorio sobre los/as trabajadores/as en discapacidad. Alertamos además sobre la crítica situación de los electrodependientes que con los tarifazos van a sufrir nuevamente las consecuencias.

Por todo lo expuesto, solicitamos que se considere nuestra situación al trabajar estos temas, y una firme oposición al DNU 70/23 y la Ley Ómnibus y se impulsen las políticas públicas necesarias para garantizar nuestros derechos fundamentales.