El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, se refirió a los reclamos de la provincia ante la Nación por los recursos que se dejaron de recibir desde el gobierno de Javier Milei. Días pasados, el diario La Nación difundió un informe donde consignaba que la provincia no reclamaba por sus deudas a diferencia de otras 16 jurisdicciones.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza), Rodríguez Signes aclaró que “una cosa son las acciones judiciales y otra cosa son las acciones legales. Previo a iniciar una acción judicial, uno tiene que estar muy preparado, sobre todo cuando va a ir a la Corte Suprema, tribunal competente para dirimir estas cosas, respecto a lo que va a reclamar” y explicó la nota del diario La Nación sobre las provincias que reclaman recursos al gobierno: “conozco perfectamente el informe porque soy vicepresidente del Foro de Fiscales de Argentina, y no es que haya 16 provincias con un reclamo homogéneo en el cual están todas reclamando lo mismo, con los mismos argumentos y los mismos recursos técnicos. Es un artículo en el cual suman distintos reclamos: algunos son de impuesto a las ganancias, otros son del Fondo de Incentivo Docente (Fonid), otros son de sistema previsional”.

Ante ello, apuntó que “los reclamos son heterogéneos y además, la provincia de Entre Ríos ha iniciado las acciones legales –no judiciales todavía- frente a algunas de las deudas. La principal y que no tiene discusión es el tema de ANSES. Es decir, la deuda que tiene la Nación con las provincias que no transfirieron las Cajas de Jubilaciones y que, a raíz del Pacto Fiscal 2017, la Nación debe transferirle a las provincias una suma en el concepto de pago del déficit, que no es una suma que se determine tan fácilmente y que hace bastante que hay discusión técnica acerca de cuál es el monto de la deuda, etc”. “Ese reclamo fue hecho, pero nosotros optamos primero por hacerlo administrativamente, es decir, hacer el reclamo administrativo ante el ANSES y estamos viendo si el ANSES no responde de manera expresa a nuestra petición, ahí se hará la demanda judicial; que está preparada, pero optamos por el reclamo administrativo previo”, señaló.

Agregó que desde la provincia “tenemos varios temas con la Nación, que cada uno exige un análisis particular que estamos haciendo, y estamos consultando con los organismos, con presupuestos, con tesorería, lo que nos deben, lo que no nos deben”.

En este marco, destacó que “también está todo el tema de las obras públicas con financiamiento nacional. En ese caso, nosotros lo que estamos haciendo es verificando si hay convenio con la Nación o no -en principio tiene que haberlo- y si hay efectivamente un incumplimiento del convenio de financiamiento de una obra pública determinada, para hacer el reclamo correspondiente. Después tenemos el tema del Fonid, que en principio estaría resuelto; tenemos el programa Incluir Salud, que lo estamos reclamando; está el famoso tema de impuestos a las ganancias, que está por verse y donde algunas provincias han interpuesto una demanda ante la Corte pero nosotros todavía estamos evaluando el tema, porque la modificación se hizo por una ley nacional. Después tenemos el tema de los fondos por los detenidos federales en unidades penales provinciales, que también estamos pidiendo cuál es el estado de la deuda para reclamarlo. Y finalmente, el tema técnicamente más complejo es el tema energía, en relación por un lado a regalías y por otro lado a excedentes del sistema de generación de Salto Grande”.

Al respecto, resumió: “En cada tema estamos, por instrucción del gobernador de la provincia, analizando cada situación y llevando adelante las acciones legales. La judicial será si la acción administrativa o el reclamo administrativo no prospera”.

Puntualmente consultado por el Fonid, Rodríguez Signes explicitó que “justamente hoy tenemos una reunión para terminar de resolver este tema, pero hay un decreto, el Nº231 que salió hace muy poquito y esto forma parte del estudio de los temas que estamos trabajando en Fiscalía en lo que nosotros denominamos relación fiscal Nación-provincia”.

Por otra parte, dijo que habla de estos temas “con todos los fiscales de Estado del país; con la Presidenta del Foro, que es la fiscal de Estado de la provincia de Formosa, la fiscal de Estado de La Pampa, el fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires” y comentó que “básicamente donde 13 provincias estamos de acuerdo de una manera homogénea, es el tema de la Caja de Jubilaciones porque la Nación interrumpió directamente el pago del anticipo que tiene que hacer al sistema provisional entrerriano”.

De todos modos, refirió que “ya veníamos con un atraso en la liquidación, porque es un sistema complejo, un tema viejísimo que viene desde el año ’92, que se empezó a resolver en el 2017 cuando se nos empezó a devolver paulatinamente el 15% de la coparticipación federal que se nos detrajo durante más de 25 años. En el 2017 se empezó a resolver cuando la Nación se obligó a financiar el déficit de la provincia, pero con una condición: como si el sistema estuviera armonizado con el de la Nación, es decir, no nos financia cualquier déficit que tengamos, sino un déficit simulado por armonización. Ese ejercicio de simulación es un trabajo técnico en el cual tanto la Nación, desde el ANSES, como las provincias han estado en mora en el suministro de información. Y ahí se generó una deuda, que es la que está reclamada por la provincia de Entre  Ríos, que está por encima de los 45.000 millones de pesos sin actualizar, al 31 de diciembre del año 2023. Y esa deuda está reclamada. Pero a partir del 1 de enero del 2024, ya directamente la Nación no manda ni siquiera los anticipos. Con lo cual, y luego el 29 de marzo salió el decreto 280, que según nuestra interpretación es un decreto para convalidar ese incumplimiento. Por lo tanto, ahí es donde estamos más avanzados en la preparación de una acción ya no legal, administrativa, sino judicial”.

Consultado respecto de un cálculo estimativo sobre la deuda de la Nación con la provincia, afirmó que “solamente puedo decir de ANSES que supera largamente los 50.000 millones a valores históricos, y si se actualiza debe estar cerca de los 100.000 millones de pesos. Después hay que hacer todos los demás cálculos, porque por ejemplo del incumplimiento en la remisión de fondos de obra pública hay que saber de cada contrato si había cláusulas de posibilidad de suspensión de esos pagos o no, y a cuánto asciende el total. Es un estudio bastante específico que hay que hacer y que estamos haciéndolo, pero no hay un número”.

No obstante, concluyó que “no cabe duda que el más importante de todo es ANSES, y ese sí lo tenemos determinado y reclamado”.