El presidente del directorio de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), Fernando Cañete, se refirió a la problemática que atraviesa el organismo ante la gran cantidad de amparos judiciales que autorizan reconocer medicamentos o tratamientos de altísimo costo. Y criticó la ley que dispuso un aumento exponencial en honorarios de los abogados.
En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza), Cañete afirmó que “es una constante” que los afiliados a la obra social recurran a la justicia para lograr coberturas: “Cuando nuestro cuerpo de auditores se apega a las normas, se apega a las leyes y establece criterios médicos y esos criterios médicos no coinciden con la prescripción del médico tratante de nuestro afiliado, en algunos casos terminan siendo elevados a la justicia, en una calidad de amparo -en su gran mayoría- con resultados a favor del afiliado”.
Explicó que “las personas habilitadas para emitir opinión respecto a la solicitud de un medicamento o de una prestación determinada, es el cuerpo de auditores. Porque son preparados, con especialidad justamente, para hacer ese tipo de evaluación. Por eso, nosotros nos hemos caracterizado en jerarquizar el cuerpo de auditores e inclusive todos han participado de cursos de preparación y de formación; son cuerpos de auditores preparados para esa labor. Y lo que hacen es contestar desde el punto de vista técnico cualquier tipo de solicitud. A veces son aceptadas, a veces no son aceptadas, y las que no son aceptadas, por supuesto, terminan transformándose en un recurso de amparo”.
En ese marco, puntualizó que “estamos teniendo aproximadamente unos 40 o 50 amparos por mes; trámites tenemos muchísimos. La incidencia no es menor, pero tampoco deja de ser interesante porque se toman decisiones y se refuta a personas que están especializadas en ese tema”. “Yo quisiera saber, cuando determine la justicia un medicamento y el afiliado lo reciba y no le surta efecto o le produzca una situación contraproducente, ¿quién se va a hacer cargo? ¿El juez o el médico?”, cuestionó.
Como ejemplo, dijo que “esto ha pasado en otras provincias, y acá en IOSPER sugerimos que no se hagan cirugías coronarias con una aplicación de TAVI, que es una válvula que va al corazón, porque se han solicitado siete cirugías, en las cuales cinco personas han fallecido. O sea que indudablemente es un procedimiento que no está en condiciones de que nosotros podamos poner el cuerpo de nuestros afiliados a ese tipo de tratamiento”.
En tanto, mencionó que los planteos judiciales “siempre son por la marca del medicamento” y agregó que “de este fallo hay un tratamiento alternativo que no es necesariamente con la mifamurtida”.
En otro orden de temas, se refirió a la suba de más del 300% en los honorarios de los abogados y detalló que “por un amparo, hoy se nos puede estar responsabilizando abonar 50 juristas serían 490.000 pesos. Con esto nosotros estaríamos aproximadamente arriba de los 2.200.000 pesos por cada amparo; es un 1.336% de incremento interanual. O sea, en junio de 2023 estaba 2.750 pesos el jurista y ahora se va a 40.200 pesos a partir de la aprobación de esta ley”.
Ante esto, criticó: “Yo quisiera saber si la Legislatura entrerriana va a tener la misma agilidad para sacar una ley para darle a los empleados públicos un 1.336% de aumento en el año. Me gustaría saber si tiene esa responsabilidad”.
En este contexto, Cañete reveló que “IOSPER tiene un equipo de abogados que defiende los intereses de la obra social, su jefe es el doctor Ezequiel Poncio, y cada vez que ingresa un amparo es distribuido para cada uno de los abogados que están dentro de la obra social”.
Y comparó que “por ejemplo, un divorcio sale 66 juristas, es decir que 9.200 pesos por 66 juristas, hoy estarían abonando 646.000 pesos, más o menos. Pero a partir de la ley, 66 juristas por 40.241 son 2.655.000 pesos. Es una gran diferencia”.
Consideró que “el espíritu de la ley fue, solamente, estar enganchado en el sueldo del juez de Primera Instancia Civil y Comercial. Lo que pasa es que arranca con una alícuota bastante importante, que es el 1,5 de la asignación básica y la compensación jerárquica. O sea, eso se va a ir actualizando. Se va actualizando el sueldo del juez y se va actualizando el valor del jurista”.
Asimismo, planteó que en la obra social “no fuimos consultados” sobre la ley. “Hablé con el presidente de la Cámara de Diputados (Gustavo Hein) después de que se había aprobado en el Senado, quien me atendió muy bien, con un diálogo muy fluido, y habíamos quedado de que se nos iba a convocar a la reunión de comisión pero a mí nadie me llamó. A la reunión de comisión nadie me llamó. Lo volví a llamar y supuestamente no sé quién se había comunicado con IOSPER pero que IOSPER no participó en la reunión de comisión. Esto es una burda infantil mentira, porque a mí absolutamente nadie me llamó, y yo era la persona que ya había hablado con él”.
Y agregó que “van a empezar a sentir el dolor cuando les afecte de manera directa. Porque acá no se necesita ser el presidente del IOSPER o los amparos contra el IOSPER, acá afecta a cualquier tipo de acción jurídica, cualquier tipo de demanda, que van a tener que pagar estos honorarios. No sé si está promulgado o no, pero me parece que lo más atinado sería, en principio, el gobernador tratar de vetar el artículo 4º. Es lo mínimo que tendría que hacer”.
“Hay una cuestión que es central, el espíritu de la ley, yo lo puedo compartir, que es tener un enganche directo para no estar dependiendo siempre de alguien, de una acción política ajena, sino que directamente estar enganchado, ese es el espíritu de la ley. Ahora, después las otras cosas me parece que hay que discutirlo. He hablado con todos y hasta inclusive con los prestadores de la obra social, a quienes les dije que esto es una manera más de distorsionar los recursos del sistema de salud. A los recursos que aportamos todos los afiliados para ser volcados a los tratamientos de salud, nosotros vamos a tener que disponer más recursos para responder a estas situaciones”, se quejó Cañete.
Por último, reiteró la necesidad de que el gobernador Rogelio Frigerio disponga “el veto del artículo 4º de la ley donde establece la unidad arancelaria del jurista, que es el 1,5%. A mí me parece que con 0,6 o 0,7% hubiese estado muy bien”.
