Allanamientos: este jueves en la revista <b>ANÁLISIS</b>, qué guardaba el cuñado de Urribarri en las propiedades que inspeccionó la Policía Federal

Hacía mucho tiempo que no existía una información que conmoviera tanto al arco político urribarrista. La decisión de los fiscales Patricia Yedro y Santiago Brugo, de disponer ocho allanamientos simultáneos por delitos de corrupción, los sacó de quicio. Desde el ‘83 a esta parte, nunca había sucedido una medida judicial idéntica, para investigar irregularidades en manejos de fondos públicos. Ese primer lunes de agosto hubo insistentes llamados a fiscales, jueces y vocales del Superior Tribunal de Justicia desde la Cámara de Diputados de la provincia, pero también desde el Poder Ejecutivo entrerriano. “¿Cómo nos hacen esto?”, repetía de modo insistente uno de los familiares directos del ex gobernador Sergio Urribarri. Nadie sabía muy bien cuándo seguirían los allanamientos en la causa Urribarri. Si bien se hizo un esfuerzo para mantener encriptada la información, con el fin de que no se sepa en ámbitos del oficialismo, algunos de los datos igual se filtraron.

La reedición de ANÁLISIS aparece con un informe sobre la actividad oculta de Naldo Miguel Dasso es una de esas historias: militar, jinete olímpico y represor de la última dictadura cívico-militar inscribió su nombre en las páginas del olimpismo argentino. Participó en dos juegos y estuvo cerca de obtener una medalla, pero hoy pasa sus días bajo arresto en un departamento porteño donde cumple una condena de prisión perpetua por secuestros y desapariciones de personas en Concordia.

Una de las columnas de análisis política aborda las denuncias por corrupción en la provincia y la configuración del escenario político. En esos términos, Gustavo Bordet tiene en claro que la generosidad de Frigerio para con Entre Ríos no es sólo altruismo místico y desinteresado, sino la oportunidad de aprovechar las graves penurias de una provincia a la que socorre de modo permanente para ir armando una cómoda candidatura en vista al 2019. Los allanamientos de estos días sobre propiedades del clan urribarrista arrojaron una pesada ancla a la interesante política negociadora que viene militando el gobernador, frente a la adversidad de una provincia recibida económicamente en ruinas. Salió a defender a su mentor, acaso condicionado por el acuerdo que lo ungió gobernador, y puso en peligro la integridad de su imagen. Curiosamente, nadie en el peronismo hizo lo mismo. Por su parte, el ahora investigado ex mandatario abandonó el letargo que le permite disimular su escasa presencia en la Legislatura y, para justificar su patrimonio, hizo la gran Báez y la gran K: metió a sus hijos en el pleito. Frigerio, en tanto, ya desmanteló al centenario radicalismo provincial y ahora va por el peronismo todavía convulsionado por la debacle electoral de 2015. Ganar la elección de 2017 es imperioso para el oficialismo, a fin de evitar que media gestión de gobierno transite en la más absoluta debilidad política.

Tampoco queda afuera del foco de análisis la situación con Hebe de Bonafini, que expresa la recurrente atracción nacional por la anomia y la desmesura. Hace 30 años eran los carapintadas, cómplices del Terrorismo de Estado, quienes desobedecían las órdenes de los magistrados; hoy, cómplices de la corrupción, son los referentes de los organismos de derechos humanos quienes lo hacen. En el medio, un constante proceso de descomposición política. Y la vigencia de un ardid: ampararse en una consigna entrañable, la de memoria, verdad y justicia, para disimular decisiones que recorren un trayecto muy diferente. Desde su renovado sectarismo, ahora al servicio de una parcialidad partidaria, Hebe de Bonafini expresa la recurrente atracción nacional por la anomia y la desmesura. Su militancia final, inexcusable, persigue -paradoja atroz- olvido, mentira e impunidad. Una década de impostura y cooptación lo hicieron posible.

El número 1044 de ANÁLISIS sale a la calle con todos los detalles sobre el fin del estacionamiento con tarjeta en Paraná. La Municipalidad avanzará en innovar el estacionamiento medido y optar por uno que se podrá activar a través de celulares vía SMS. Con la nueva modalidad se pretende erradicar las transacciones en la calle con dinero en efectivo y las “situaciones de extorsión” que, se dijo, se daban con algunos encargados del cuidado de autos. En estos días se evalúa quién proveerá el aplicativo digital de monitoreo satelital. Se calcula que hoy hay 1.200 lugares donde se podría utilizar la técnica, aunque la idea es desalentar que los autos aparquen mucho tiempo. La tarifa de la segunda hora o minutos extra valdrá casi el doble que la primera, y la tercera hasta el triple. De los actuales tarjeteros, unos 200 podrían ingresar al nuevo sistema como controladores a campo.

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