El 11 de noviembre de 2008, en una histórica sesión, el Parlamento uruguayo sancionaba una norma que permitía el aborto, con un Senado dividido, 17 votos a favor y 13 en contra. Pero el principal problema era Tabaré Vázquez, que había anunciado días antes de la votación que vetaría la ley por una “cuestión de principios”.
La ley disponía la despenalización de esa práctica durante las 12 primeras semanas de gestación por circunstancias derivadas de las condiciones en que se desarrolló la concepción, “de penuria económica, sociales, familiares o etarias”. De no cumplir con esas condiciones o plazos, sólo podría realizarse cuando acarree un serio riesgo para la salud de la embarazada o “malformaciones congénitas incompatibles con la vida extrauterina”, consignó Página/12.
En junio pasado, Gallo Imperiale adelantó que se iba a volver a presentar un proyecto de despenalización. “Es imperativo legislar en esa materia, por razones de salud poblacional y de políticas sanitarias”, argumentó el legislador oficialista. Asimismo, enfatizó que “el aborto clandestino es una de las primeras causas de muerte en las mujeres embarazadas en el mundo, además de ser causa de mortalidad como consecuencia del procedimiento inseguro”.
