La investigación, que fuera requerida en noviembre de 2007 por el fiscal Mario Guerrero ante una denuncia particular al entonces juez de Instrucción 1 Martín Carbonell, recorrió todos los despachos magistrados del fuero penal sin hallar quien la investigue. Según excusaron en ese momento los cuatro jueces de instrucción, todos eran amigos de alguno de los imputados.

La causa fue elaborada entonces por el juez subrogante, Gregorio Martínez, quien el 22 de mayo de 2009, procesó a nueve de los acusados, pero finalmente lo volvió a imputar y lo procesó. Desde entonces y ya en manos de la Sala, la causa estuvo a la espera de pruebas y pericias solicitadas por la defensa. Este martes, la jueza Silvina Gallo dispuso que el debate comience el 28 de febrero, y continúe los días 1, 6, 8, 12, 15, 20 y 26 de marzo de 2012.

En una causa que cuenta con nada menos que 24 testigos, y se regirá con el viejo código de procedimientos, aunque se contemplarán a pedido de la defensa, algunos beneficios como la no inquisición por parte del tribunal, atendiendo al principio de derecho de la “ley más benigna”. La fiscal que actualmente lleva la causa es María José Fonseca, aunque no se precisó si será quien litigue en el debate.

El caso

El procesamiento se debe al hecho de no haber llamado a licitación pública -entendida como un paso obligatorio tratándose de un servicio público- y haber otorgado en forma directa el tratamiento de los residuos en el Campo del Abasto a la empresa Cetru (una firma que abandonó la concesión posteriormente). El hecho había sido denunciado por el ex concejal Eduardo Miranda y el ex fiscal de Investigaciones Administrativas, Oscar Mario Rovira.

El fallo de Martínez estableció que el servicio de recolección y disposición final de los residuos es “un servicio público, pues importa una actividad que refiere a una cuestión de interés público, reconocido constitucionalmente ya desde año 1994, como es la sanidad del medio ambiente y resulta a juicio de este Tribunal absolutamente arbitrario escindir la actividad de recolección de la de tratamiento”.

En cambio, el abogado defensor Oscar Bacigalupe, representante legal de tres de los imputados, dijo a Diario Junio, en mayo de este año, que el reconocimiento de servicio público a la disposición final no rige en Entre Ríos. “O por lo menos está en estado de duda porque si los diputados y los senadores de Entre Ríos piden la sanción de una ley para que rija es porque ellos ni siquiera tienen la seguridad de si rige o no”, indicó. Y, en tal sentido, apuntó que la Cámara Penal de Concepción del Uruguay, cuando confirma la decisión del juez, elaboró una interpretación “que se remonta a la reforma constitucional para concluir que esa norma rige”, señaló. Y concluyó que se trata de una cuestión técnica “muy finita”.

Además, el letrado argumentó que en el ámbito de la Municipalidad de Concordia siempre se entendió que la recolección sí era un servicio público. En cambio, “nunca se entendió” que le corresponda la misma categoría a lo que sucedía dentro del Campo del Abasto. “Tanto será que debieron recurrir a una ley nacional para determinar que es un servicio público. Esa ley si rige o no rige en Entre Ríos es una cuestión dudosa desde el punto de vista jurídico”, explicó.

Es más, Bacigaluppe dijo que los senadores de la gestión anterior y los diputados de la actual son quienes plantearon, en su momento, la adhesión a la norma. “Ni siquiera quienes representan políticamente a los entrerrianos tienen en claro si rige o no rige”, indicó.