Por Luis María Serroels para ANALISIS DIGITAL

El PCB es un compuesto utilizado masivamente como aislante/refrigerante para equipos eléctricos (transformadores, interruptores, capacitares y termostatos), cuya fabricación a escala comercial comenzó hace unos 80 años. Pero su empleo abarca un sinnúmero de productos industriales, siendo su mayor fabricante a gran escala la internacional Monsanto GM, cuyos productos han sido muy cuestionados por entidades ecologistas (la “vedette” de los destinatarios de las descalificaciones es el herbicida Roundup, con la presencia dominante del temible glyphosato que provoca abortos y al que son sensibles las células placentarias humanas), amén de una variedad de semillas modificadas a través de una ingeniería genética denominada transgenia.

Hagamos un poco de historia. El rechazo estalló cuando las Cooperativas Eléctricas Integradas de Entre Ríos intentaron instalar la planta de reciclado de PCB en la localidad de Villa Clara y luego en Lucas Sud, enfilando finalmente el proyecto hacia Distrito Raíces, sobre la Ruta 18, en terrenos que ocupara el campamento de Vialidad Nacional, más allá de que desde el Consejo General de Educación se advirtió que el predio estaba comprometido para erigir una escuela.

Se había contratado sin previa audiencia pública a la empresa neuquina ENSI, que exhibía como antecedente el reciclado de 44 transformadores, aunque la tarea que le aguardaba en nuestra provincia ascendía a 1.200 aparatos. Valga destacar que a principios de 2003, la entonces Empresa de Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima (EDEERSA), envió al exterior en sucesivos embarques todos los aparatos que contenían PBC para que sean tratados y desde entonces toda adquisición de estos equipos para instalación o reposición –que hoy rondan unos 40 por mes-, se realiza bajo estrictas normas que, al control certificado de salida de fábrica (hay una empresa proveedora en Gálvez, provincia de Santa Fe), añade una revisión propia. Debe aclararse que hubo cooperativas eléctricas –su servicio cubre el 20 por ciento de la demanda provincial-, que encararon la declorinación, pero en muchos casos no fue la falta de voluntad sino de recursos, lo que fue frenó este cometido. Desde el área ambiental de la actual Enersa se aseguró que ninguno de sus transformadores contiene el letal producto.

Una Entre Ríos libre de PCB es la consigna asumida por los ambientalistas que han venido resistiendo la posibilidad de que en la provincia existan desechos cancerígenos y por ende vienen demandando respeto por la normativa vigente (denuncian que hay desprendimiento de sustancias peligrosas y hasta dudaron del rigor tecnológico de la firma que pretendía ejecutar los trabajos).

Según las últimas informaciones provenientes del sur provincial, las instalaciones del ex frigorífico gualeguaychuense, debidamente adecuadas, estarían en condiciones de servir como planta de descontaminación de PCB y para ello ya existiría la necesaria licencia social (la escogida es la empresa Kioshi). Es que los habitantes de aquella ciudad están curados de espanto a partir del funcionamiento de la pastera de Fray Bentos y, como dice el viejo refrán, “el que se quema con zapallo después sopla hasta la sandía”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) comprobó que este policlorobifenilo produce leucemias, cáncer de mama y de cerebro, melanomas malignos, sarcomas de tejidos blandos, y además genera mal de Parkinson, diabetes, hipotiroidismo, malformaciones, desfiguraciones en la piel y eczemas, labio leporino, problemas hepáticos y pancreáticos como asimismo anemias crónicas. ¿Se recuerda algún producto que supere a éste en su capacidad de aniquilar la salud humana? ¿Nunca lo pensaron sus inventores y fabricantes? Poderoso caballero es Don Dinero.

Esta semana podemos recoger la noticia como un dato altamente positivo, que debe continuarse con un estricto control sobre la totalidad de los transformadores que existen en la provincia. Este tema es precisamente el que más ha intranquilizado a los habitantes linderos, quienes exigen normas rigurosas y que las cosas se hagan bien. Nada del otro mundo, sino de éste, que es el hogar de todos. Los que están y quienes han de sobrevenir.

Nadie que lea el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional y el 83 de la carta entrerriana, podrá resignar su obligación de garantizar un ambiente sano y equilibrado y el uso de tecnologías y elementos no contaminantes. El fantasma de quienes están especulando con una posición ventajosa en las relaciones de fuerza, tanto en el Congreso Nacional como en nuestra Legislatura provincial, buscando impulsar una nueva convocatoria a asamblea reformista que pudiera torcer el espíritu y la letra de estos preceptos insoslayables, deben poner en alerta a la sociedad. No son pocos –y aquí lo consignamos como denuncia- quienes sueñan con modificar el artículo 85 de nuestra Constitución entrerriana en procura de allanarle el camino a la construcción de una represa y dar así satisfacción a órdenes que todos sabemos de dónde provienen.

La cajita feliz

Tarde o temprano se iba a producir. La oposición acusó al gobierno de usa la Ley de Medios sólo para crear y financiar una red de canales, radios y programas oficiales, beneficiando a grupos periodísticos privados que resultan funcionales al discurso único del oficialismo. No hace falta investigar ni acudir a un laboratorio de medios, porque a diario se observa la andanada de mensajes de propaganda gubernamental, a lo que se debe añadir el aluvión de autobombo que tapiza las pantallas en las trasmisiones del Fútbol para Todos.

Es vox populi que la idea de manotearle el monopolio de la televisación a Torneos y Competencias, fue de Néstor Kirchner y no incluyó la comercialización de los espacios para financiar las trasmisiones (unos 1.200 millones de pesos), sino que se aseguró con presupuesto del Estado la vía para incluir spots sobre impresos vinculados con la gestión oficial. En esa línea se inscribe también la difusión por TV y por distintos medios gráficos del informe denominado Argentina en Noticias (AEN), donde se abruma con material de propaganda, eludiéndose consignar al inicio el rótulo Espacio Publicitario que las normas exigen a todos los canales.

Según se reveló desde el Congreso, los medios oficialistas se benefician con una caja estatal que ronda los 4.000 millones de pesos anuales, disponibilidad que se ve incrementada en esta época preelectoral. Pero además están los gastos de traslado de la presidente y su comitiva, donde se presentan como actos de gobierno los que terminan siendo vulgares mítines proselitistas y se llevan a adelante con medios y recursos del Estado.

No muchos saben que existe una legislación muy precisa. El artículo 64 quáter del Código Penal, prohíbe a todo funcionario público inaugurar obras públicas, lanzar o promover planes, proyectos o programas de alcance colectivo y, en general, la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio. En semanas previas a las elecciones de junio de 2009, el matrimonio K participó de diversos actos incurriendo en clara violación legal, pero la vista corrida por un Fiscal a la Presidencia de la Nación se extravió en algún recodo burocrático. Se sigue haciendo oídos sordos a esta imposición y paradójicamente incurren en estas prácticas quienes con sobrados argumentos dan por descontado un rotundo triunfo el 23 de este mes.

Ello sucede en medio de una campaña muy opaca, poco creativa y de escaso poder de convocatoria, es decir, la antítesis de lo que acontecía menos de una década atrás, cuando verdaderas multitudes eufóricas asistían a los actos de proclamación de las fórmulas presidenciales. La actual manifestación de la lucha preelectoral no parece una confrontación de ideas sino más bien un concurso de spots. En una palabra, no hay climax compatible con tan trascendente acontecimiento.

Todo el aparato gubernamental se ha movilizado apuntando exclusivamente a las urnas venideras (entre el jueves y viernes, los ministros de Economía, Amado Boudou y de Infraestructura y Planificación Federal, Julio De Vido, anduvieron haciendo inauguraciones en distintos puntos del país. Y lo más insólito: se sumó el titular de la Anses, Diego Bossio, un desobediente crónico de sentencias judiciales). Hay países donde la veda comienza mucho tiempo antes y es rigurosamente controlada, pero Argentina es otro mundo. En esta época del fácil colgaje de sacos ajenos, boleta sábana, listas espejos y candidaturas testimoniales, la política no seduce y muestra su más pobre ropaje. Pero no hay nada que un hábil asistencialismo no logre disimular.

Esta auténtica cajita feliz orientada a la comunicación y manejada de manera discrecional, le abre cauce al pensamiento único a través de medios públicos y de los ajenos en proceso de cooptación, disponiéndose para ello de sumas siderales.

Objetivamente y aunque a millones de argentinos no les atrae el balompié, es difícil cuestionar la trasmisión de encuentros porque la mayoría es futbolera, pero lo grave es que todas las erogaciones se realizan en un marco de incumplimiento de la aplicación del 82 por ciento móvil para los haberes de la clase pasiva, aduciéndose que no existen recursos. Esto ocurre aún con fallos de la Corte que ordenan liquidar en tiempo y forma tales beneficios. Asimismo, se han efectuado transferencias de fondos de las provincias para financiar los partidos de fin de semana. La política del autobombo no reconoce límites materiales ni éticos.

Resulta insoslayable puntualizar que un candidato kirchnerista bonaerense dijo sin ruborizarse que “mientras otros gobiernos entregaban bolsas de alimentos, nosotros entregamos computadoras para distribuír el conocimiento” (por eso anda regalando netbooks del Plan Conectar Igualdad que administra la Anses).

El esquema que hemos trazado y si bien en menor escala se da en las provincias, no siendo Entre Ríos ninguna excepción y resultando imposible conocer a ciencia cierta cuánto dinero sale de la cajita feliz. Es sencillo advertir que hoy no existe medio gráfico, radial ni televisivo donde se escuchen voces críticas al oficialismo y los elogios desembozados se han convertido en el común denominador. La costosísima publicidad gubernamental que fogonea el mensaje de dichos medios, es toda una incógnita. Cuesta un gran trabajo hurgar en la historia política algo así, mientras cada pedido de ajustes salariales recibe la gastada frase “no tenemos fondos para eso”.

Hay economistas y analistas políticos que avistan graves problemas a corto plazo como consecuencia de la crisis internacional que se está llevando puestos a países considerados poderosos. Afirmar que Argentina quedará al margen de estos duros cimbronazos, es una aviesa falacia, porque hasta el gigante americano, Brasil, (hacia donde va el 85 por ciento de nuestras exportaciones) ya está dando muestras de inquietud. Es que esa nación ya renovó sus autoridades, mientras en Argentina las admisiones inevitables quedan postergadas para después de los comicios (un monstruoso gasto público, un dólar que quiere escaparse y una fuga inédita de capitales, hablan de problemas latentes). Los desequilibrios económicos y financieros, a veces sostenedores de bonanzas artifíciales, tarde o temprano pasan su factura y demandan altos costos políticos y sociales para solucionarse. Esto ha sido una constante en nuestro país y entre el mensaje oculto y el que viene habrá mucha diferencia.

Ley de bosques burlada

La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Greenpace y Fundación Vida Silvestre, le mandó una carta a todos los diputados nacionales trasmitiéndoles su preocupación “frente a la insuficiente partida prevista en el proyecto de Ley de Presupuesto 2012, presentado por el Poder Ejecutivo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos”. Le reclaman al Poder Ejecutivo que se ajuste a la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de protección Ambiental de los Bosques Nativos.

El fondo de la cuestión radica en que se destinan para el año venidero dos partidas 267.467.000 y 32.618.000 pesos que totalizan 300.085.000 de igual moneda. Sin embargo, las entidades ambientalistas recuerdan que la citada ley dicta que las partidas anualmente asignadas no podrán ser inferiores al 0,3 por ciento del presupuesto nacional, suma a la que debería adicionarse el 2 por ciento del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondiente al año anterior del ejercicio en consideración. Como conclusión, se sostiene que la cifra asignada en el proyecto para 2012, sería aproximadamente cinco a siete veces menor que lo establecido en la legislación vigente.

La Ley de Bosques sancionada en 2007, significó un avance sin precedentes en materia ambiental para nuestro país y un logro importante en la participación de la sociedad civil en su reclamo de protección de los bosques, contándose con cerca de un millón de firmas. Por eso se ha planteado a los legisladores que encaren seriamente la modificación de la partida diseñada por el Ejecutivo a efectos de dar cumplimiento de la Ley 26.331 y honrar así la voluntad de los argentinos, de conservar nuestro patrimonio forestal nativo. Lo que antecede revela un peligroso doble discurso oficial, porque se proclama una cosa y se hace otra. Valga como ejemplo las contradicciones y quiebres respecto de la pastera uruguaya y el reflotamiento de una iniciativa para construír una represa sobre el río Paraná. Los discursos mentirosos tienen la vida efímera de una crisálida, porque la verdad tarde o temprano aflora. Lo triste es que de esos engaños se valen poderosos intereses no alineados por cierto con las grandes causas populares.

Colofones

1- La secretaría de hacienda de la Nación anunció que en pocos días se enviará al Congreso un proyecto de prórroga de la Emergencia Económica que rige desde 2002 y con sucesivas extensiones tiene fecha de culminación el próximo 31 de diciembre. En el paquete se incluye el impuesto a los débitos y créditos bancarios. El argumento esgrimido por el Poder Ejecutivo, es que se desea dar continuidad y profundización a las políticas llevadas adelante desde 2003 “que privilegian el crecimiento económico con inclusión social”. Se habla de consolidar los beneficios de la seguridad social y de las prestaciones previsionales (precisamente son los jubilados los grandes excluidos del reparto), debiendo recordarse que esta ley –justificada por los zafarranchos emergentes del diciembre negro de 2001 que produjo la caída e Fernando de la Rúa-, faculta al Ejecutivo, entre otras cosas, a fijar tarifas, renegociar contratos de servicios públicos (hay una reciente denuncia penal sobre este tema presentada por Fernando Solana), regular precios y reordenar el sistema financiero. Por más que se intente ocultar las cifras de la realidad, esta prórroga exhibe que la economía no está tan sólida como se cree. ¿Es normal vivir en la emergencia crónica?

2- Una nueva entrega de las banderas federales está por consumar el gobierno de Entre Ríos, al suplantar el método de medición del Indice Autoponderado de Precios que ha venido elaborando mensualmente -hasta alcanzar un justo prestigio por su precisión respecto de la real evolución inflacionaria- adoptándose de ahora en más el sistema que aplica el mentiroso Indec. Sucumbe a así el gobierno entrerriano a las inaceptables presiones que el funcionario Guillermo Moreno intentara sin éxito alguno durante una conversación con el gobernador santafesino Hermes Binner, quien rechazó de plano esas aspiraciones de la Casa Rosada. El mandatario entrerriano podrá, de ahora más, ufanarse del bajo costo de vida, sabiendo íntimamente que los datos serán tan falaces como los que publican los dibujantes de Moreno. Una nota publicada en el Semanario ANALISIS el pasado jueves bajo el título La Mano de Moreno llega a Entre Ríos, es contundente y revela cómo se baja la cabeza frente a las pretensiones del centralismo. A partir de ahora, se operará según convenga al Palacio de Hacienda, más allá del distanciamiento de los precios con el lenguaje cotidiano de las góndolas. Será como retocar una radiografía para eliminar cálculos en la vesícula. Sergio Urribarri está a punto de perder una gran oportunidad de reivindicar la autonomía provincial, salvo que tema ser multado como se viene haciendo con medidoras privadas que disienten con el Indec. Los técnicos del gobierno deberán ahora someterse a las falsas cifras procesadas aviesamente por el Indec, sabiendo que son irreales. Es posible que sus propias familias –habituadas a realizar las compras diarias- no atinen a comprender las diferencias con las verdades irrefutables que muestran los mostradores locales.

3- Un remisero violó a principios de año a una joven pasajera y mientras avanzaba la causa se le concedió la libertad. Gozando de esa excarcelación, en agosto violó a otra señorita, abriéndosele otro expediente y continuando libre. Esta semana se determinó –estudio de ADN mediante-, que fue responsable de un tercer episodio aberrante ocurrido hace un par de años. Pero hasta el momento de cerrar esta columna, el conductor Alberto Sueldo –que de él se trata- no se había presentado a una citación, siendo buscado por la policía. ¿Cuántas violaciones deben acumularse para quedar entre las rejas? Viene a cuento recordar el caso del hombre que recientemente mató y prendió fuego a dos mujeres y luego se supo que se trataba de un recluso de la Unidad Penal Nº 1, quien había sido beneficiado con la libertad condicional pese a criterios en contra emitidos por especialistas y que aconsejaban mantenerlo preso. ¿Sus informes carecen de peso? ¿Ese cuerpo está de sobra? ¿Qué clase de justicia es aquella que favorece a los delincuentes y coloca a personas inocentes a merced de cualquier atrocidad evitable? Esto no es justicia, más bien es “ciatijus”. Hasta la semana que viene.