Varias organizaciones de lucha contra la violencia de género volvieron a manifestarse este jueves en Concordia. “Vamos a mostrarnos, a leer un documento que emitió la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Entre Ríos, a entregar volantes informativos y a contactarnos con la gente”, aseguró Sandoval a este medio.
Asimismo, marcó las distintas entidades que acompañan el reclamo: CTA Paraná, CTA Concordia, Mujeres Tramando, Red Alerta, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, el Consorcio Nacional de Derechos Reproductivos y Sexuales (Conders) y el Colectivo de Mujeres Fulanas y Menganas.
“Sabemos que están presionando -reafirmó-. Si levantan la denuncia, esto quedará en la nada y vamos a retroceder 50 años. Tienen que entender que hay una ley que no se está cumpliendo. ¿Cómo es posible que los médicos estén diciendo que la nena está bien para llevar adelante un embarazo? ¿Qué va a pasar con esos huesitos si tuvieran que soportar el peso de un embarazo? Hay que saber que ni siquiera tiene las mamas desarrolladas”, explicó.
Además, recalcó que “un menor a 13 años no está en condiciones de consentir una relación sexual” y agregó: “Se trata de una nena de 11 años, es claramente una violación, un abuso”.
“Nadie está a favor del aborto, pero tampoco nadie piensa en los Derechos del Niño. En este caso, como se trata de una menor de bajos recursos, nadie la puede ayudar. Entonces, ¿para qué hacemos leyes si nos las cumplimos? Esto es el poder por el poder mismo, pero tendrá un costo político”, advirtió. “No es cualquier cosa que no se cumpla la ley”, concluyó.
Profesores de la UNER por los derechos de la niña
“Nos pronunciamos a favor de que los médicos, el juez y nuestros representantes entrerrianos, cumplan sin más dilaciones con lo que establece el artículo 86 del Código Penal, que obliga al Estado a realizar la interrupción del embarazo si proviene de una violación. En coincidencia con lo expuesto por el Instituto Nacional contra la Discriminación, El Racismo y la Xenofobia (Inadi), consideramos que no debió recurrirse a la Justicia puesto que la normativa es clara respecto a lo que debe hacerse ante situaciones de abuso sexual”, declararon en un comunicado enviado a este medio.
En este sentido, “manifestamos nuestra adhesión al comunicado de diferentes organizaciones que integran la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Además, en nuestra condición de profesores que formamos parte de la UNER, consideramos urgente que se garantice el cumplimiento de los derechos de la niña de 11 años violada y respeten la decisión de la madre de la menor que solicita la interrupción de la gestación”, manifestaron.
También, marcaron: “Instamos a que las declaraciones públicas de nuestros representantes estén acordes a lo que establecen las diferentes normativas y apuesten a no generar confusión ni profundizar la grave situación que atraviesa la menor y su familia. Para la normativa vigente, la menor no está en condiciones de "consentir una relación sexual y, por lo tanto, hubiera correspondido que actuaran los médicos y no se dilate el aborto terapéutico dando intervención a la justicia. En nuestro país, en situaciones de violaciones a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes el Estado de Derecho puede intervenir para reparar el daño sufrido, respetando siempre la decisión de la madre de la menor. De acuerdo con esto reclamamos a nuestros representantes así como a los profesionales de la salud y de la justicia a actuar de acuerdo a las normativas y en defensa de lo que establece la Convención Internacional de los Derechos del Niño”.
En la misma línea, indicaron que “se obliga al Estado a garantizar el derecho de los niños de ser protegidos contra toda forma de abuso físico y mental en sus artículos 19,32, 34, 35 y 39 y el derecho a la salud en su artículo 24”.
