Una nueva barrera para-acencelaria viene en camino: la Comisión Europea anunció que implementará una nueva legislación orientada a evitar que ingresen a su territorio productos agroindustriales provenientes de zonas deforestadas después del 31 de diciembre de 2020.

Los bienes comprendidos en la medida son aceite de palma, carne vacuna, soja, café, cacao, madera y caucho, así como productos derivados de los mismos. Aunque posteriormente la lista podría ampliarse.

“Puesto que la Unión Europea (UE-27) es una economía de gran tamaño y una gran consumidora de esos bienes básicos, esta importante medida contribuirá a detener en gran parte la deforestación y la degradación forestal a escala mundial, lo que a su vez reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero y la pérdida de biodiversidad”, indicó la Comisión Europea por medio de un comunicado.

Una vez aplicada la nueva legislación, la UE obligará a las empresas europeas importadoras a verificar el origen de los productos agroindustriales comprados, las cuales, a su vez, trasladarán esa obligación a sus proveedores para sumar un costo de producción más al proceso.

Un dato crucial es que la UE penalizará a productos provenientes de zonas deforestadas “con independencia de que sea legal o ilegal”, es decir, más allá de lo que determinen las legislaciones de los países de origen de la mercadería.

En los fundamentos de la iniciativa se indica que “los datos disponibles confirman que parte de la deforestación es el resultado de cambios del uso de la tierra que son legales con arreglo a la legislación del país de producción” y que, en caso de que la normativa considerase las leyes vigentes en naciones proveedoras, podría terminar fomentándose “potencialmente una carrera de mínimos requisitos en países muy dependientes de las exportaciones agropecuarias, que podrían verse tentados a reducir su protección medioambiental con vistas a facilitar el acceso de sus productos al mercado de la UE”.

La nueva legislación europea además exigirá a las empresas que recopilen información geográfica precisa sobre las tierras en las cuales se generaron los productos con el propósito de asegurar la trazabilidad de los mismos.

La Comisión Europea también avisó que “mantendrá un sistema de evaluación comparativa que se aplicará a los países o regiones y determinará su nivel de riesgo de deforestación y degradación forestal (bajo, regular o alto), teniendo también en cuenta la expansión agrícola con fines de producción de los siete bienes básicos y productos derivados”. Y que las obligaciones impuestas a las empresas importadoras “dependerán del nivel de riesgo” de cada país o región.

“A escala internacional, la UE intensificará su diálogo, tanto bilateral con los países productores y consumidores como en los foros multilaterales pertinentes, a fin de velar por el cumplimiento efectivo de la nueva legislación y ayudar a los países cuando proceda”, aseguró.

Una vez oficializada la nueva legislación, algo que debería suceder en algún momento de 2023, el sector privado, según se indicó, tendrá dieciocho meses de adaptación para cumplir las nuevas normas. “Las microempresas y las pequeñas empresas disfrutarán de un período de adaptación más largo, así como de otras disposiciones específicas”, aseguró la UE.

(Bichos de Campo)