El oficialismo presentó en el Congreso el proyecto de ley para habilitar el cobro de un “piso” de impuesto a las Ganancias de 15% que apuntará a grandes empresas internacionales que tributan menos que ese mínimo por sus operaciones en la Argentina, entre otras varias compañías multinacionales tecnológicas.

El diputado nacional del Frente de Todos Marcelo Casaretto ingresó a la cámara baja la iniciativa que buscar habilitar a la AFIP a cobrar ese gravamen, junto con unos 40 legisladores del oficialismo que también aparecen como cofirmantes. La idea fue trabajada en las últimas semanas por el Ministerio de Economía durante las puntadas finales de la elaboración del Presupuesto 2024.

La discusión del proyecto de Ganancias para grandes compañías internacionales, de hecho, podría tener lugar en paralelo al debate parlamentario de la ley de leyes, algo que se espera recién después de las elecciones presidenciales. El texto de ley presentado por Casaretto, prevé incorporar, a continuación del artículo 73 de Impuesto a las Ganancias, un párrafo nuevo.

En él se estipula que las sociedades de capital con ingresos brutos “equivalentes, como mínimo, y de acuerdo con la actividad desarrollada, a aquellos establecidos para la categorización como Medianas Empresas Tramo 2″, plantea, “deberán ingresar una suma equivalente al QUINCE POR CIENTO (15%) de la ganancia contable que surja del balance comercial correspondiente al período fiscal de que se trate”, según determine la AFIP, publicó Infobae.

“Los ingresos brutos a los que hace referencia el párrafo precedente son los correspondientes a las ventas totales anuales del balance comercial allí mencionado. El importe no compensado una vez efectuado el cómputo del pago a cuenta, no podrá ser traslado a los períodos fiscales siguientes, ni podrá ser objeto, bajo ninguna circunstancia, de compensación con otros gravámenes a cargo del contribuyente o de solicitudes de reintegro o transferencia a favor de terceros”, reza el artículo 1°.

Según estimó este lunes Guillermo Michel, titular de la Aduana y mano derecha de Sergio Massa -y que además estuvo involucrado en la elaboración de este proyecto- estimó que en caso de que se aprobara la ley, el fisco podría agregar una recaudación adicional “cercana a 1 punto del PBI”, lo que a pesos de hoy implicaría “1,2 billones de pesos”, indicó el funcionario en declaraciones a C5N. Michel estima que las empresas a las que apunta el proyecto actualmente pagan según estimaciones oficiales menos del 3 por ciento sobre sus ganancias.

En sus fundamentos, el proyecto de Casaretto enumera las discusiones que tuvieron lugar en distintos foros internacionales desde 2015 hacia acá respecto a cómo hacer tributar a ese tipo de firmas multinacionales en un debate que buscó ”contrarrestar la erosión de las bases imponibles y la relocalización de las rentas en jurisdicciones de baja o nula imposición, éstas no fueron suficientes para hacer frente a los desafíos impositivos de la digitalización y globalización de la economía”.

El eje de la discusión fue cómo cobrar por las ganancias que tienen grandes empresas que no tienen sede física en todos los países donde tienen actividad. Es algo que fue deliberó entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el club de naciones más desarrolladas del mundo, con el nombre de “traslado de beneficios”.

A grandes rasgos, el punto central que buscaron resolver en Estados Unidos y Europa es resolver cómo poner en marcha un sistema de tributación que sea efectivo y específico para gigantes tecnológicos, de manera tal que esas compañías no sean gravadas por sus ganancias en la mayoría de los países en que operan.

El enorme crecimiento de las compañías tecnológicas que ofrecen servicios en todo el mundo motorizó entre los países integrantes de la OCDE la discusión sobre cómo asegurarse de que esas corporaciones sean alcanzadas por el fisco por las ganancias que reciben en todos los países en los que operan, independientemente del lugar en el que están radicados.

El debate se materializó en una iniciativa conocida como BEPS (erosión de la base imponible y al traslado de beneficios). El criterio básico que aplican los países desde hace décadas para cobrar impuestos es tomar en consideración el lugar de radicación de la empresa, pero las big tech, desafían esa lógica: pueden generar ganancias sin necesidad de tener presencia física en determinado país. Precisamente, la preocupación de los gobiernos fue que esa situación les permita a las empresas hacer planificaciones fiscales para pagar impuestos en países de baja tributación o paraísos fiscales mientras obtiene renta en naciones con altos impuestos.

Un documento de la OCDE de este año planteó que la aplicación de una tasa mínima global para que los Estados puedan gravar a este tipo de empresas implicaría una recaudación adicional en todo el mundo de USD 220.000 millones, que equivale al 9% de los ingresos a los fiscos por ganancias corporativas. Algunos meses atrás la estimación era más baja, de USD 150.000 millones.