Cuestión de jerarquías

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Aspirantes a policías denuncian irregularidades en la Escuela de Agentes de Villaguay

J. C. V.

“La Policía está para prevenir y para combatir el delito y jamás la meteremos en cuestiones políticas. Avalamos a las autoridades policiales, que tienen la absoluta confianza de que actúan con el respaldo del Poder Ejecutivo para que la institución responda solamente a la ley y a las decisiones judiciales, sea absolutamente transparente y respete estrictamente la vigencia de los derechos humanos en Entre Ríos. Yo creo que son muchos más los buenos policías que los malos. Y si hay pocos malos hay que extirparlos y depurarlos”, dijo el gobernador Jorge Busti al momento de inaugurar el último ciclo lectivo de la Escuela de Policía.

Eso es lo que anhelan los 200 aspirantes que año a año cursan sus estudios en la Escuela de Agentes de Policía Pedro Melitón González, de Villaguay. Ubicado en la zona oeste de la ciudad, el imponente, aunque incompleto, predio se encuentra en una zona de la ciudad en la que se juega mucho fútbol y que es conocida, a manera de broma, como el “lejano oeste”. Si bien está construido solamente un 60 por ciento de lo proyectado, también es utilizado como albergue por delegaciones que llegan a la ciudad del centro de la provincia, el nerviosismo colectivo, la confianza y el amor propio que transmiten los jóvenes que allí estudian se palpa de otra manera. Sólo ellos conocen el sacrificio que les significa estar allí, pero la ansiedad, la vocación y, por qué no, la necesidad de conseguir un medio digno de subsistencia, los empuja.

Todos sabían que no los esperaba un período de vacaciones, pero confiaban en recibir una instrucción como ciudadanos de bien, ejemplares, que protejan y sirvan a la comunidad, como pregona la institución. Por eso es que la decepción ha invadido a la mayoría de los aspirantes a policías en el último tiempo. Al menos así lo han hecho saber a ANALISIS los padres de los jóvenes, cuando denunciaron las irregularidades y malos tratos que reciben sus hijos en la escuela.

Aunque temerosos de las represalias que puedan recibir sus hijos, los padres de los aspirantes a policías no dudaron en denunciar la escasez del menú que la escuela dispensa a los estudiantes, el sobreprecio que deben pagar para adquirir los uniformes y el consecuente desvío de esos fondos en beneficio personal de algunos altos mandos. Primero lo hicieron ante el jefe de Policía de Entre Ríos, Ernesto Geuna, a quien le enviaron un detalle con todas las anomalías y malos tratos que reciben sus hijos. Lo mismo hicieron ante el ex director de Institutos Policiales de la provincia, comisario general José Luis Schmunk, hermano del ex jefe departamental de Concordia, Carlos Schmunk, que en diciembre pasado fue enjuiciado y absuelto en una causa por omisión y encubrimiento de dos policías que estaban acusados de extorsión y que finalmente fueron condenados a seis y ocho años de prisión por pedir dinero a cambio de recuperar vehículos robados. Pero pasó el tiempo y la única novedad que se produjo fue el reemplazo de Schmunk -por el comisario general Carlos Gómez-, cuya salida no se debió a que solicitó una “licencia”, sino que sobre él pesaban acusaciones por nombrar a su hijo como agente de Policía sin ningún tipo de curso de reclutamiento previo, enviándolo a trabajar a la Escuela de Suboficiales de Rosario del Tala, donde también trabaja su esposa.

En realidad, hay que decir que ésta no es la primera denuncia que las autoridades policiales reciben por malos tratos a aspirantes a policías: en diciembre pasado, ANALISIS dio cuenta de las torturas físicas y psicológicas y las humillaciones que sufrieron unos 100 ingresantes a la Escuela de Oficiales de Policía Salvador Maciá, de Paraná, a quienes se obligaba a realizar hasta 14 horas diarias de entrenamiento físico y denunciaron haber sido “abusados, denostados y despreciados” por los jefes. Por ello, un grupo de ex postulantes decidió presentar una denuncia contra las autoridades de la academia que actualmente tramita la Justicia, y también lo hicieron ante la División Asuntos Internos, a cargo del comisario general Aníbal Ruperto Palacios, un hombre que a poco de conocerse su postulación fue acusado de “ser responsable directo del delito de supresión y aplicación de torturas en la última dictadura militar” y que en 1988, mientras se desempeñaba como jefe de Investigaciones en la Departamental Concordia, estuvo detenido luego de que se comprobara su responsabilidad en el secuestro y tortura de cuatro personas, una de ellas menor de edad.

(más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)

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