La impunidad pregunta por los contratos truchos

Edición: 
1127
La revancha contra el Ministerio Público y un inquietante leading case

Antonio Tardelli

 

La crisis institucional que asoma en Entre Ríos, donde se acaba de suspender a la fiscal adjunta Cecilia Goyeneche en medio de investigaciones por corrupción que inquietan al poder político, sumó en los últimos días un llamativo fallo que podría clausurar la posibilidad de que en el expediente de los contratos truchos de la Legislatura se alcance alguna vez algo parecido a la justicia. En efecto, alterando su propia jurisprudencia, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) sobreseyó a un empleado del ex diputado Ricardo Troncoso (UCR) al considerar que la Investigación Penal Preparatoria (IPP) había excedido los plazos previstos en el Código Procesal de Entre Ríos.

 

La sentencia no concitaría interés alguno si no luciera como una clara respuesta del alto tribunal a un planteo crítico hacia algunos de sus miembros efectuado poco antes por el procurador general Jorge García. También denunciado por supuesto mal desempeño en sus funciones (aunque en su caso la acusación fue desestimada), García recusó a los miembros del STJ que integran el Jurado de Enjuiciamiento y consideró incluso que eran susceptibles de ser denunciados penalmente por los alcances de una controvertida determinación: la de impedir a los integrantes del Ministerio Público Fiscal que a su debido momento acusen a Goyeneche en el jury abierto en su contra.

 

La extraña decisión del Jurado de Enjuiciamiento, que algunos actores judiciales consideran un dislate adicional al escándalo que en sí mismo comporta la revancha política contra la titular de la Fiscalía Anticorrupción, puso a los vocales Daniel Carubia, Claudia Mizawak y Martín Carbonell al borde de la ilegalidad. Es, al menos, lo que piensan sus detractores. Pero la discusión excede los criterios teóricos: el sobreseimiento de Juan Alfonso Blasón Lorenzatto, un empleado acusado de cometer irregularidades con contratos laborales abonados por la Cámara de Diputados, se conoció el día hábil inmediatamente posterior a la denuncia de García. Los conocedores del universo judicial entienden que es imposible no establecer un vínculo entre una cosa y la otra.

 

(La nota completa en la edición gráfica 1127 de la revista ANALISIS del jueves 16 de diciembre de 2021)

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