N.B. de ANÁLISIS

El defensor Emilio Fouces, que representa los intereses del exministro de Turismo Hugo Marsó y del empresario Gerardo Caruso, abrió los alegatos defensivos pasadas las 16 de este miércoles, en lo que es la etapa final en el megajuicio por corrupción. El abogado aseguró que la causa por la instalación del Parador en Mar del Plata -a partir de la cual el Ministerio Público Fiscal acusó la sustracción de una partida mayor a los 14 millones de pesos de las arcas del Estado provincial, con el objetivo velado de promocionar la precandidatura a presidente del exgobernador Sergio Urribarri-, adolece de pruebas. En ese sentido, habló de “mito” y “fábula” de la acusación pública, a cargo del fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull.

Cabe recordar que el jueves pasado, Ramírez Montrull sostuvo las acusaciones contra Urribarri, Marsó, Caruso, el cuñado del exgobernador Juan Pablo Aguilera, y la contadora Corina Cargnel.  

El fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull -en primer plano- junto a los otros fiscales, cuando inició el juicio. (Foto: ANÁLISIS)

Megajuicio: "Las irregularidades no fueron un malentendido o confusión, son corrupción"

Sobre el inicio de la investigación por la instalación del parador playero en enero de 2015, Fouces apuntó a ANÁLISIS, aunque sin nombrarla, lo que parecería será una modalidad de estrategia, de imputados y defensores, buscando desacreditar a nuestro medio periodístico. Dijo que “en una revista de la zona se publicó en tapa una foto” y a raíz de eso se hizo una denuncia que abrió la Investigación Penal Preparatoria (IPP). Afirmó que a lo largo del proceso, Fiscalía cambió los hechos acusados. Subrayó que el parador playero tuvo el objetivo sencillo de promocionar el turismo de la provincia de Entre Ríos. Repasó los testimonios del presidente de la Cámara de Turismo de la provincia, Sebastián Bel; del fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes; y del empleado del área de Turismo de la provincia y amigo personal de los hijos de Urribarri, Alfredo Bedriñán.  

Se quejó de la probation otorgada a Jorge Corcho Rodríguez en otra causa -la que investigó la difusión de cuatro spots publicitarios en el marco de la Cumbre del Mercosur-, y cuestionó que a uno de sus representados -el empresario Caruso- no se le haya permitido alcanzar una suspensión de juicio a prueba.

Negó la simulación de competencia entre empresas para la licitación del parador, acusada por Fiscalía. Citó la absolución de febrero del 2020, en una causa contra el fallecido exintendente paranaense Sergio Varisco y parte de su equipo, también por supuestas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado.  

En el transcurso de su exposición, mostró videos promocionales del parador de Mar del Plata, admitidos como prueba en el legajo; documentos extraídos del disco externo; y el acta de secuestro de ese dispositivo electrónico, entre otros. Arremetió contra el procedimiento que permitió el hallazgo del aparato -que Fiscalía calificó como la “caja negra” que contiene información incriminante-, y contra el informe del contador Héctor Enrique, dependiente del Ministerio Fiscal.

Al salón de actos del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, donde se desarrolla la audiencia desde el 27 de septiembre pasado, asistieron también los abogados defensores Raúl Barrandeguy; Candelario Pérez; Marcos Rodríguez Allende; Juan Antonio Méndez; Miguel Cullen; José Velázquez -el único del equipo que se ausentó fue Ignacio Díaz- y la imputada Corina Cargnel.

También estuvieron presentes los tres fiscales que llevan adelante las acusaciones: Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull. Y el tribunal compuesto por los vocales José María Chemez; Elvio Garzón y Carolina Castagno. La audiencia pasó a un cuarto intermedio hasta este jueves a las 9. La jornada se dividirá en dos tramos de tres horas. Entonces será el momento de los defensores Velázquez y Díaz, quienes alegarán sobre lo que se conoce como causa de las imprentas.

Pedido de absolución

El abogado Fouces pidió la absolución de Caruso y Marsó en el marco de la causa parador de Mar del Plata. Reclamó a los jueces que en la sentencia, salven el buen nombre y honor de sus pupilos. El alegato que se extendió más de tres horas, desarrolló ejes que venían siendo expuestos a lo largo de las jornadas de juicio. “Luego de cinco meses de debate estoy más convencido que no existen elementos para una sanción de mis representados, así como no existen elementos para que hayan sido sometidos a este debate, desde hace varios años”, comenzó y anunció que sería “muy crítico” con el Ministerio Fiscal por la investigación y acusación. “En septiembre se hicieron anuncios grandilocuentes, a mis defendidos se los trató de traidores a la patria, de delincuentes, de ser parte de organizaciones criminales. Fue una bolsa llena de promesas incumplidas porque no se conmovió el estado de inocencia de mis representados”, pronunció.

“La investigación comenzó en base a un titular, a una foto, hablo de la causa del parador. Comenzó con una foto que se decía que fue la insignia de un evento que desarrolló la provincia de Entre Ríos, en enero de 2015 en Mar del Plata. En base a esa foto que fue tapa de una revista de la zona, se presentó una denuncia y la Fiscalía abrió una investigación”, apuntó de ese modo a ANÁLISIS y la foto del parador con la gigantografía de Sergio Urribarri, imagen que se hizo bajar antes de la inauguración. “Se demostró que esa foto nunca estuvo, pero la Fiscalía continuó con la acusación. Acá se está juzgando esa foto porque el Ministerio Público Fiscal, cuando pidió la elevación a juicio, argumentó que el fin del parador no fue promocionar el turismo provincial”, agregó.

Más adelante aseveró que “la acusación es endeble e injustificada” y que el Ministerio Fiscal “cambió el hecho” a lo largo del proceso. “El Ministerio Público Fiscal propuso una hipótesis rebuscada, si consideran que el objetivo del parador fue promover la imagen de Urribarri, debió haberlo demostrado. Pero el parador funcionó durante 30 días y no dijeron cuáles fueron los actos de proselitismo”, desafió, y exhibió videos oficiales que muestran algunas actividades con público en el lugar.

Añadió que los paradores turísticos de provincias en Mar del Plata estaban de moda en esa época. “Urribarri le pidió al intendente de Mar del Plata que les ceda un espacio gratuito en la playa. Esto justificó la demora en la licitación y la concesión, porque se dependió del Concejo Deliberante de la Municipalidad de General Pueyrredón. No se podía hacer una licitación sin saber dónde se iba a instalar”, aseguró. Con esa explicación pretendió el abogado justificar los plazos reducidos con los que se llevaron a cabo los procedimientos administrativos en el Gobierno de Entre Ríos. La Fiscalía, en cambio, consideró que la reducción de plazos no estuvo justificada y eso constituye, entre otros actos, un indicio de corrupción.    

En su alegato, el fiscal Ramírez Montrull entendió que las negociaciones incompatibles estaban probadas en esta causa por la asiduidad de los contactos telefónicos entre el propio Caruso -que con su empresa ganó la licitación del parador-, con la familia Urribarri y funcionarios de gobierno. La semana pasada el fiscal sostuvo que esos contactos comenzaron meses antes de la instalación del parador y cesaron cuando se levantaron los inflables de la playa. Fouces tildó esa hipótesis de “fábula”. Negó que Caruso haya contado con información previa y privilegiada: “La información que tenía Caruso, la tenía un montón de gente del ambiente”. “Los empresarios entrerrianos lo sabían hacía meses de la instalación del parador. Es un mito que Caruso contó con información privilegiada, que era él único ser en la tierra que conocía que se haría un parador turístico de Entre Ríos en Mar del Plata”, reafirmó.

Después rechazó la acusación sobre la competencia simulada entre El Juego en que andamos –de Caruso- y la empresa Castromil. Cuestionó las intervenciones telefónicas, una prueba relevante para Fiscalía que hasta contó la cantidad de contactos diarios que mantuvo Caruso con el exgobernador y funcionarios provinciales, meses antes que se supiera públicamente de la instalación del parador. En ese sentido, reclamó la autorización previa de un juez para informar entrecruzamiento de llamados. Dijo que esos informes “se hicieron a partir de datos de las empresas de telefonía. Eso, que se haya hecho así no nos llama la atención. Pero no existió motivo para evitar cumplir con las garantías de los ciudadanos”.

“Capaz que arreglaron para un asado”

Casi sobre el final de su exposición, Fouces alegó que Caruso y Marsó “son excelentes personas”. “A Marsó no lo nombraron en todo el juicio, sólo para las generales de la ley. Las críticas no son a las personas, son a un sistema, a una institución que avasalla, que quiere llevar adelante acusación sin elementos. Marsó llegó a los alegatos de clausura de Fiscalía sin que lo nombren”, se quejó.

Recordó que la acusación expuso un mensaje de la contadora Cargnel a Aguilera, en fecha del parador de Mar del Plata, donde la profesional le preguntó qué había arreglado con el exministro porque pasaría por Tep. “Lo acusaron como autor del delito que estamos investigando. Marsó es amigo de Juampi, las familias son amigas. Capaz que arreglaron para un asado. Y con eso quieren probar su participación, es lo único. Mientras que Marsó hace 6 años que está sometido. Es empresario, da trabajo, anda por la calle en su ciudad. Lo buscaron para el Ministerio de Turismo porque fue un exitoso intendente. Todo esto que él contó es lógico y razonable ¿Por qué pensar retorcido?”.

Más adelante dijo haberse sorprendido porque Fiscalía plasmó en sus alegatos que los actos de Gobierno deben estar justificados, sobre todo cuando hay procesos administrativos con plazos reducidos. “¿La Fiscalía pretende que el Poder Ejecutivo provincial le justifique actos de gobierno frente a ellos? Se me viene a la cabeza una causa en la que tuve el privilegio de intervenir como defensor con Cullen, que tiene sentencia del 28 de febrero de 2020”, introdujo, en referencia a la sentencia absolutoria para el exintendente Varisco. Leyó parte de ese documento y comparó esa investigación con las que se ventilan en el salón de actos del STJ y se conocen como megajuicio por corrupción.

“Son actos de gobierno, están reservados a quienes cumplen funciones, tienen responsabilidad y fueron elegidos democráticamente. A Marsó lo designaron para que lleve adelante una política tendiente a mejorar el turismo y lo logró”, alegó.

“No se acreditó ningún hecho ilícito, menos que mis defendidos hayan cometido hecho ilícito. No debieron haber estado ni sometidos a este juicio pero siempre estuvieron a derecho. Se los tildó de traidores a la patria y delincuentes, se pidieron penas infundadas y desmesuradas. Además el tratamiento que tuvo en esta causa una persona que supuestamente hizo lo mismo que Caruso, a esa persona le ofrecieron probation y a Caruso le pidieron 5 años de prisión efectiva”, comparó.

Por último pidió la absolución de sus dos representados y solicitó que “especialmente en la sentencia se deje a salvo el buen nombre y honor de los dos”.